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Hoy tenemos el orgullo y privilegio de presentar la alianza “CeCo Bolivia”, fundada en un convenio de cooperación entre la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y la Universidad Privada Boliviana (UBP).
Este nuevo miembro de la familia CeCo será presentado en un evento híbrido el día 20 de agosto en La Paz, a las 18:30 (hora Bolivia), en el Edificio de Postgrado de la UPB. Para quienes no puedan asistir de forma presencial, podrán acceder a un link de conexión inscribiéndose en este formulario.
Esta alianza busca seguir potenciando y expandiendo la plataforma CeCo a nivel regional. En efecto, en CeCo entendemos que Latinoamérica, aun considerando su diversidad, tiene características institucionales y económicas transversales, que merecen una atención especial. Por ello, y en lo concreto, CeCo-Bolivia permitirá incorporar a la plataforma, con cierta frecuencia, material original de competencia y regulación elaborado por la red de colaboradores de CeCo-Bolivia (académicos y profesionales, de derecho y economía).
Queremos agradecer al Equipo UPB, cuyos miembros han hecho posible esta alianza. En primer lugar, a Ricardo Nogales, Decano de Investigación de la Facultad de Ciencias Empresariales y Derecho de la UPB, quien estará a cargo de la coordinación de CeCo-Bolivia. Agradecemos también a Juan Javier del Granado, Cynthia Diaz, Joaquín Morales, Horacio Calvo, Carlos Alberto Goitia, María del Pilar Osorio Borrero, Sergio Miranda Hayes y Carla Ayala Cuellar.
Esta alianza se viene a sumar a la ya suscrita con la Universidad San Francisco de Quito (CeCo-Ecuador), con la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia (CeCo-Colombia), con la Universidad del Pacífico (CeCo-Perú), con la George Washington University (CeCo-EE.UU.), y con el Colegio de México (CeCo-México).
Este newsletter de lanzamiento contiene material elaborado por un destacado grupo de 11 autores. Estos aportes representan distintas perspectivas y abordan temas variados, pero tienen en común que son redactados por expertos en derecho y economía de Bolivia. En lo que sigue, y a modo de introducción, repasamos sucintamente algunas de las ideas que se podrán encontrar en estas publicaciones.
Los autores examinan el sistema boliviano de protección del libre comercio y la competencia leal, distinguiendo entre dos principales regímenes: (i) el que sanciona las prácticas anticompetitivas; y, (ii) el que sanciona las prácticas de competencia desleal.
En ese sentido, los autores señalan que, respecto de las prácticas anticompetitivas, su regulación busca «proteger el mercado y su funcionamiento eficiente, a través de políticas y medidas que garanticen a todos las competidores condiciones de igualdad, con la finalidad de fomentar el dinamismo del mercado en beneficio del consumidor«. En este caso, la autoridad competente es la Autoridad de Fiscalización de Empresas, órgano de carácter administrativo.
Por otra parte, de acuerdo a los autores, las normas que regulan las conductas de competencia desleal «buscan proteger un fin más ético que económico«, ya que las prácticas desleales suelen afectan a un competir en particular y no a un mercado completo. En estos casos, la autoridad competente para conocer los asuntos serán los jueces civiles y comerciales, es decir, órganos jurisdiccionales.
2. Análisis de la legislación laboral en Bolivia (Santiago Albarracín y Andrea Alcaraz)
En su investigación Albarracín y Alcaraz analizan desde una perspectiva económica el mercado laboral boliviano. Partiendo de la premisa de que la regulación juega un papel clave en el mercado laboral, los autores discuten acerca de si ha sido benéfica o no la regulación laboral boliviana. Para plantear esta discusión, Albarracín y Alcaraz explican que Bolivia se caracteriza por una alta tasa de informalidad laboral.
En tal medida, y tras analizar partes importantes de la legislación laboral boliviana, los autores formulan la incógnita de “si la regulación rigurosa es la principal causa de la alta informalidad o si, contrariamente, la informalidad impulsa la necesidad de una regulación más estricta para proteger los derechos laborales”. Al abordar esa pregunta, los autores constatan que si bien en teoría la desregulación podría traer ciertos beneficios (como la creación de puestos vacantes en empresas), no es totalmente claro que ello se materialice, a la vez que se deben tener en cuenta los riesgos asociados (como el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores).
3. Inteligencia Artificial y Derecho: Retos y Oportunidades (Oscar Rodrigo Paredes Fernández)
El articulo revisa los desafíos que el fenómeno de la inteligencia artificial (IA) presenta para el Derecho, desde una perspectiva regional. En este marco, comenta algunas iniciativas regulatorias sobre IA y se refiere al Índice Latinoamericano de IA organizado por la CEPAL.
Luego, el autor examina el impacto económico de la IA en diversos sectores de la economía (p. ej., salud y finanzas) y sostiene que la regulación de esta tecnología debe equilibrar el interés público con los intereses empresariales, teniendo a la vista los incentivos para generar innovación. Finalmente, se refiere a desafíos particulares para las áreas de propiedad intelectual (patentes y derechos de autor) y derecho tributario.
4. La regulación oblicua de la competencia en Bolivia (Federico Fernández)
Otro material que también se refiere al estatus legal de la libre competencia es la investigación de Federico Fernández. Esta traza el devenir de la institucionalidad en Bolivia a través de hitos históricos. Entre estos, cuenta el descubrimiento del yacimiento minero “la Salvadora”, lo que llevó a la sociedad boliviana de principios del siglo XX a discutir sobre los monopolios y sus problemas; crisis económicas de fines del siglo XX; y otros hitos que llevaron a la evolución de esta institución.
Al alero de este recuento, Fernández explica cómo ciertas normas se han acercado a regular el derecho de libre competencia en Bolivia, haciendo un recuento de ellas.
5. La ausencia del derecho de competencia en Bolivia (Juan Javier del Granado)
Juan Javier del Granado analiza el estado actual de la legislación de competencia en su país. En tal línea, recalca que actualmente no existe una ley de competencia en su país. Esto, a su juicio, no sería casual, sino que representativo de “una postura históricamente ambivalente hacia la idea misma de la competencia libre y justa”.
Junto con resaltar esta ausencia, del Granado relata los vaivenes de la historia económica boliviana que se relacionan con la libre competencia. Así, se refiere a diversos monopolios que han surgido, a intentos regulatorios fallidos, y a las políticas públicas que han perseguido distinto gobiernos en el país. En este escenario, el autor señala lapidariamente que “la pregunta no es si Bolivia necesita una Ley de la Competencia, sino cuánto tiempo más puede permitirse el lujo de no tenerla”.
6. La política cambiaria de Bolivia (Joaquín Morales y Sara Santander)
En su nota titulada “Bolivia: Política cambiaria en un contexto altamente informal”, Joaquín Morales y Sara Santander lidian con la actual crisis cambiaria en Bolivia. Así, señalan que durante mucho tiempo se dejó fijo el tipo de cambio entre la divisa boliviana y el dólar, lo que era posible gracias al boom en exportación de materias primas de Sudamérica durante parte del siglo XXI. Esto habría permitido la “bolivianización” financiera, esto es, la desdolarización de la gran mayoría de las operaciones de crédito y ahorro dentro del sector financiero.
Con todo, señalan los autores, el fin de este super ciclo de exportaciones, junto a otros factores, como el sobre-endeudamiento fiscal han llevado a que exista una menor reserva de dólares. Ante este escenario, los autores señalan que una de las respuestas del sector empresarial habría sido proponer incrementar el volumen de las exportaciones, lo que se haría otorgando beneficios a la agroindustria (como la liberación de exportaciones y el apoyo a los monocultivos). Frente a eso, los autores llaman la atención sobre los riesgos ambientales que ello tendría, pues podría impulsar a una explotación imprudente y apresurada de los recursos naturales.
7. Desmonte y quemas: perspectivas, normativa y desafíos para Bolivia (Sofía Artega y José Ignacio Linera)
El artículo consiste en un análisis de la efectividad del marco regulatorio en torno a la práctica del «chaqueo» – la quema ilegal de bosques para la ampliación y preparación de terrenos agrícolas-, así como de otras formas de desmonte.
Los autores identifican los desafíos a los que se enfrentan las autoridades administrativas sectoriales, como el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), en el combate de prácticas que afectan gravemente el ecosistema boliviano. Esto, considerando que la protección de los recursos forestales y la preservación de la naturaleza se encuentran protegidos en la Constitución Política del Estado.
Dentro de las dificultades de la regulación de la quema controlada, el artículo destaca la alta complejidad técnica y burocrática de la normativa, lo que obstaculiza su comprensión y aplicación por parte de los destinatarios de las normas que son, en su mayoría, población rural.
Agradecemos afectuosamente a todos los autores por sus valiosas contribuciones a este lanzamiento, y esperamos que puedan seguir colaborando con nuestro proyecto.
Equipo CeCo
