La FNE estimó que, en el caso del mercado de recaudación digital y del mercado de botones de pago, la operación contaba con la aptitud para reducir sustancialmente la competencia, habiéndose observado riesgos unilaterales de naturaleza vertical y horizontal.
En relación con el mercado de recaudación digital, la FNE observó que las partes concentraban gran parte del mercado, con más del 90% del mercado medido en transacciones para el año 2017, existiendo además altas barreras a la entrada.
Según el análisis de la FNE, la operación habría generado altos incentivos de aumento de precios en este mercado de cara a los billers o facturadores. Así, de seguir operando individualmente su plataforma, Santander habría tenido incentivos altos a subir sus precios, pues los clientes que perdiese como consecuencia de dicha alza serían recapturados en parte relevante por Servipag, recuperando Santander potenciales pérdidas a través de las utilidades de este último (GUPPI = 55%). Por otra parte, en caso de tomar Santander la decisión contraria y cerrar su plataforma de recaudación digital, los clientes de Santander habrían sido en gran parte recapturados por Servipag, cuyos precios eran más altos que los de Santander.
En cuanto al mercado de botones de pago, la FNE constató que las partes también mantenían altas participaciones de mercado. Sumada la participación individual de las partes, más las de Servipag y Transbank, superaban el 90% del mercado medido en transacciones, para el año 2017. La FNE también detectó altas barreras a la entrada en este mercado.
Además, la FNE determinó que, luego de la operación, los tres bancos en conjunto habrían sido capaces de influir decisivamente sobre el comportamiento competitivo de Transbank, propietario de Webpay, que, junto con Servipag, eran los únicos botones aglutinantes relevantes, permitiendo acceder a una mayor cantidad de medios de pago y, por ende, a un mayor número de clientes. Así, con ocasión de la operación, las partes habrían tenido influencia decisiva sobre el comportamiento competitivo de los dos competidores más cercanos en el mercado de botones de pago. De esta manera, las partes habrían tenido incentivos de alza de precios en este mercado.
Además, la FNE determinó que existían riesgos verticales en el mercado de botones de pago, pues la operación habría otorgado a las partes la habilidad e incentivos para restringir el acceso a insumos en recaudación digital. La concentración vertical y consecuente estrategia de bloqueo habría producido un costo relevante en los rivales en el mercado de recaudación digital, dando lugar a una presión al alza sobre sus precios de venta y efectos en el mercado.
Finalmente, la FNE constató la existencia de riesgos coordinados en cash management. La operación habría vinculado entre sí a los tres bancos más importantes del país, en una sociedad de apoyo al giro relacionada directamente con la gestión de tesorería o cash management de los clientes empresa, actividad en la que las partes eran los actores más relevantes y cercanos. La operación habría permitido aumentar la transparencia entre las partes, generando una vinculación estructural a través de la propiedad común de un agente económico en el que éstas tercerizaban parte del servicio de cash management, lo que, consecuentemente, habría incrementado los riesgos de coordinación en este mercado.
Eficiencias
La FNE señaló que las partes mencionaron eficiencias únicamente respecto a recaudación presencial, las que, además de no acreditarse suficientemente, no incidían en aquellos mercados en que la competencia se podría haber reducido sustancialmente producto de la operación, por lo que no se consideraron dentro de las conclusiones de la investigación.
