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Esta nota corresponde a una traducción al español de una publicación original de Promarket.org, de fecha 19 de junio de 2025. Esto se realiza en el marco de un convenio de re-publicación suscrito entre CeCo y ProMarket (Stigler Center, University of Chicago Booth School of Business).
En un nuevo documento del NBER, John M. Barrios, Filippo Lancieri, Joshua Levy, Shashank Singh, Tommaso Valletti y Luigi Zingales exploran el impacto de distintos conflictos de interés sobre la confianza que los lectores depositan en los resultados de investigaciones académicas, revelando matices significativos y diversas implicancias para la academia y las políticas públicas.
La confianza en la investigación académica es fundamental, dado que esta orienta el diseño de políticas, informa los debates públicos y guía decisiones relevantes a nivel social. Sin embargo, dicha confianza puede verse afectada por la existencia de conflictos de interés (CoIs, por su sigla en inglés), es decir, situaciones en las que intereses particulares del investigador podrían comprometer su imparcialidad. La investigación académica en disciplinas como la economía, la medicina y muchas otras se ha vuelto cada vez más costosa, y suele depender del financiamiento o del acceso a bases de datos controladas por actores privados. ¿Hasta qué punto estas relaciones socavan la confianza en los resultados? Pese a la creciente preocupación, los CoIs siguen siendo sorprendentemente poco estudiados fuera del ámbito médico.
Varias autoridades de competencia han expresado su preocupación por el impacto que los conflictos de interés tienen sobre la investigación y las políticas de libre competencia.
En este nuevo documento del NBER, abordamos esa brecha analizando cómo distintos tipos de conflictos de interés moldean si una investigación económica es percibida como confiable o no. Para ello, encuestamos tanto a académicos dedicados a la economía como a una muestra representativa de la población de Estados Unidos. A los participantes se les presentaron viñetas que resumían investigaciones de alta calidad y se les pidió evaluar su nivel de confianza en sus conclusiones. Se explicitó que los estudios habían pasado por revisión por pares y que habían sido publicados en una revista académica prestigiosa. Posteriormente, los participantes fueron expuestos aleatoriamente a diversas declaraciones que indicaban distintos tipos de conflicto de interés: conflictos económicos o profesionales, vinculados al acceso a datos, conflictos académicos/reputacionales y conflictos políticos o ideológicos. La pérdida de confianza se midió como la variación en los niveles de confianza luego de conocer el conflicto de interés.
La confianza en los resultados disminuyó en todos los grupos (en promedio, un 30%) tras la revelación de un conflicto de interés, a pesar de tratarse de investigaciones revisadas por pares y publicadas en revistas académicas de prestigio. Esta caída fue atenuada por el nivel de especialización: los ciudadanos estadounidenses mostraron mayores reducciones en la confianza que los economistas “élite” (aquellos que publican en las principales revistas del área, véase Figura 1). No obstante, incluso los economistas de élite experimentaron una disminución en su nivel de confianza.
Figura 1.
Nota: La imagen es de Chicago Booth Review Infographic
Los incentivos financieros (como el financiamiento) no fueron el único ni el principal factor que influyó en la confianza. En cambio, el acceso privilegiado a datos tuvo el efecto más marcado. Cuando la investigación utilizaba datos privados alineados con los intereses del proveedor de datos, la confianza en los resultados disminuía en más de un 20%. Más notable aún, la confianza caía aproximadamente un 50% si el proveedor de datos conservaba el derecho a revisar los resultados antes de su publicación, mientras que una renuncia explícita a dicho derecho aumentaba la confianza en torno a un 12%. En general, los encuestados manifestaron mayor escepticismo hacia los datos que eran mantenidos privados en comparación con los datos gubernamentales públicamente disponibles (véase Figuras 2 (a) y 2 (b)).
Figura 2 (a)
Nota: La imagen es de Chicago Booth Review Infographic
Figura 2 (b)
Nota: La imagen es de Chicago Booth Review Infographic
Estos resultados subrayan la creciente relevancia de los datos como insumo clave en la investigación académica y plantean preocupaciones importantes respecto de las actuales prácticas de divulgación que exigen las revistas científicas en cuanto al acceso a datos. Las revistas suelen establecer requisitos mínimos para revelar cómo se obtuvieron los datos, y con frecuencia otorgan exenciones que limitan su disponibilidad para fines de replicación o nuevos estudios.
No todas las fuentes de financiamiento generan el mismo nivel de desconfianza. La confianza disminuyó en menor medida cuando el conflicto de interés derivaba de haber trabajado previamente para el gobierno, en comparación con aquellos realizados para entidades privadas (por ejemplo, como perito en una hipotética fusión de supermercados). La mención explícita del monto del pago (USD 400.000 en el escenario analizado) redujo aún más la confianza (véase Figura 3). Este hallazgo arroja luz a la cada vez más común práctica de que los abogados litigantes pregunten a los peritos por los montos recibidos como compensación durante los contrainterrogatorios, cifras que con frecuencia alcanzan varios millones de dólares.
Figura 3.
Nota: la imagen es de Chicago Booth Review Infographic
Los resultados también revelan una disonancia cognitiva importante entre los expertos. Los economistas especializados en organización industrial mostraron una menor caída en su nivel de confianza cuando el conflicto se relacionaba con su propio campo, en comparación con los economistas financieros. Sin embargo, experimentaron una mayor pérdida de confianza que estos últimos cuando el conflicto afectaba a un experto en finanzas. Lo inverso también se observó: los economistas financieros desconfiaron más del experto en organización industrial en el escenario relativo a libre competencia, pero fueron más indulgentes cuando se trataba de un colega del área financiera involucrado en una asesoría.
Los conflictos también pueden originarse en afiliaciones políticas o ideológicas. Informar sobre la afiliación política del autor en un artículo sobre el acceso al aborto redujo la confianza en un 17%. Los autores demócratas generaron menor confianza independientemente del resultado del estudio, mientras que los autores republicanos generaron mayor confianza si encontraban que el acceso al aborto favorece la carrera de las mujeres, pero una caída considerable en la confianza si concluían que no tiene impacto alguno (véase Figura 4).
Figura 4.
Nota: la imagen es de Chicago Booth Review Infographic
Estas reducciones en la confianza incorporan, en parte, la expectativa de que el artículo publicado pueda presentar conflictos incluso antes de que estos se revelen. Al considerar este factor, la disminución de la confianza atribuible a los conflictos de interés se vuelve aún más severa.
El acceso a datos y el financiamiento son fundamentales para la investigación académica. Como este estudio no analiza los potenciales beneficios de la investigación con conflictos de interés, no es posible extraer conclusiones sobre cómo regular dichas relaciones. Sin embargo, los hallazgos sí ofrecen importantes implicancias de política pública.
En primer lugar, se evidencia que los mecanismos actuales de divulgación carecen de credibilidad: solo el 2% de los economistas encuestados considera que sus pares académicos revelan adecuadamente sus conflictos de interés. Sin un disclosure creíble, la investigación con conflictos de interés impone una externalidad negativa sobre aquella que no los tiene, afectando especialmente a investigadores más jóvenes o independientes. Para reducir esta externalidad, las revistas académicas debieran establecer algún tipo de sanción ante conflictos no revelados.
En segundo lugar, se requieren nuevas políticas para los trabajos que se basan en bases de datos privadas de acceso discrecional y restringido. Los acuerdos que rigen dicho acceso suelen ser confidenciales, lo que abre la puerta a prácticas como el intercambio selectivo de datos o la manipulación de resultados. Estos convenios representan una amenaza directa a la transparencia y la posibilidad de replicar los estudios. Las revistas académicas debieran rechazar expresamente aquellas investigaciones cuyos proveedores de datos retengan derechos de revisión o aprobación sobre los resultados, salvo en casos estrictamente justificados por exigencias de confidencialidad. Además, debieran exigir la divulgación pública de los términos de acceso a los datos como requisito para publicar (con excepción de los detalles sensibles sobre pagos). Esta mayor transparencia fortalecería el poder negociador de los investigadores frente a los proveedores de datos y contribuiría a reforzar la integridad de la investigación académica.
Si bien estas recomendaciones ayudarían a mitigar el problema, no lo eliminarían del todo. Incluso con mejores normas, los investigadores seguirán internalizando plenamente los beneficios de las relaciones con conflictos (como el financiamiento, el acceso a datos exclusivos o el prestigio), sin asumir los costos sociales más amplios (una investigación percibida como menos confiable). Para abordar este problema, los autores proponen aplicar descuentos explícitos a los trabajos con conflictos en instancias como encuestas, procesos judiciales y decisiones de promoción académica. Su estudio ofrece una primera estimación sobre la magnitud de dichos descuentos, pero se requiere más investigación al respecto.
Durante décadas, los economistas han acusado a los reguladores de estar capturados por la industria, sin reconocer sus propios conflictos. Ahora, los papeles parecen invertirse. Los reguladores finalmente están tomando conciencia de la captura académica. Como lo resumió con agudeza el entonces Fiscal General Adjunto, Jonathan Kanter, en un discurso pronunciado en septiembre pasado:
“La economía enseña que los incentivos importan. Y el incentivo inevitable del flujo de dinero es distorsionar el diálogo académico y convertir la experiencia técnica en defensa de intereses.
Este fenómeno se manifiesta en la discusión académica sobre el derecho, la economía y las políticas públicas. Se observa en seminarios académicos, tratados y reportes empíricos con lenguaje técnico. En materia de política de competencia, el juego de “comprar experticia» está en auge. Los conflictos de interés y la captura se han vuelto tan frecuentes y sistemáticos que resulta cada vez más inusual encontrar verdaderos expertos académicos que sean neutrales.
Lo diré con claridad: esto no terminará bien. Ya se percibe una desconfianza creciente hacia la experticia en los tribunales y en las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
A menos que se encuentre una nueva forma de avanzar, el rol crítico que desempeña la experticia en la política de competencia podría ir desapareciendo. Nadie debiera celebrar ese desenlace”.
Es imperativo que la comunidad académica aborde eficazmente sus propios conflictos de interés. No hacerlo erosionará aún más la confianza pública y podría justificar desde la percepción ciudadana la interferencia del gobierno en la investigación académica, incluso cuando dicha interferencia persiga fines ajenos a la integridad del conocimiento.
Declaraciones de conflicto de interés de los autores: John Barrios, Joshua Levy y Shashank Singh declaran no tener posibles conflictos de interés. Levy y Singh trabajaron anteriormente como investigadores en el Stigler Center. Filippo Lancieri recibió una subvención de investigación del think tank europeo CERRE, con sede en Bruselas, para estudiar el acceso a datos en regulaciones europeas. Lancieri es investigador asociado del Stigler Center. Tommaso Valletti fue beneficiario de una Leverhulme Major Research Fellowship para apoyar sus proyectos de investigación. Luigi Zingales forma parte del consejo asesor del Opportunity & Inclusive Growth Institute del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, asesora a una startup financiera llamada Jurna, elaboró un informe sobre competitividad de los mercados financieros en Chile encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y ha recibido pagos por conferencias en distintas universidades e instituciones. La declaración completa de Zingales está disponible aquí. Zingales es además director académico del Stigler Center.
Este artículo representa exclusivamente las opiniones de sus autores, y no necesariamente las de la Universidad de Chicago, la Escuela de Negocios Booth ni de su cuerpo docente.
