Reforma al cabotaje marítimo: ¿más competencia o gatopardismo regulatorio?

Benjamín Mordoj Abogado y socio de FerradaNehme.

Claudio Agostini Ph.D. en Economía, University of Michigan. Profesor Titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Adolfo Ibáñez. Ha publicado artículos académicos en revistas especializadas en temas de Organización Industrial, Antitrust, Finanzas Públicas y Política Tributaria.

Ronaldo Bruna Economista de la Universidad de Santiago de Chile y Máster en Economía de la Universidad de Georgetown. Socio fundador de Global Economistas Asociados. Profesor de Regulación en la Universidad Adolfo Ibáñez, de Libre Competencia en la Universidad Alberto Hurtado y profesor de la Universidad Andrés Bello. Consultor nacional e internacional en temas de regulación y competencia. Fue Superintendente de Servicios Sanitarios (2016-2019).

«El proyecto de ley recientemente aprobado es otro ejemplo de reformas económicas muy importantes para el país que culminan en avances muy modestos (es decir, un gatopardismo, como es el caso de a reforma a Notarios y Conservadores), lo cual perjudica a la gran mayoría de los chilenos y beneficia a muy pocos»

Resumen: La reciente reforma que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante mantiene la reserva legal del cabotaje para naves de bandera chilena, introduciendo excepciones acotadas y de aplicación restringida. Si bien el objetivo declarado de esa enmienda legal es fomentar la competencia, el diseño normativo preserva un cierre regulatorio con entrada condicionada de armadores extranjeros (vía rutas de salida y figuras de autorización limitadas), exponiendo al mercado a una mayor complejidad administrativa y a una importante discrecionalidad regulatoria. La evidencia internacional sugiere que la liberalización del cabotaje reduce tarifas, eleva frecuencias y mejora la eficiencia logística; sin embargo, la reforma chilena avanza tímidamente hacia ese objetivo. En suma, el marco aprobado consolida un sistema de apertura limitada y subsidiaria que no garantiza competencia efectiva ni maximiza el bienestar del consumidor, sino que protege las rentas de quienes se benefician de esa falta de competencia.