2° Conferencia Internacional de Libre Competencia 2025 (UAI, USC, ISCI)

La Conferencia Internacional “Challenges in Digital Platforms” es la segunda versión de este seminario organizado por el CentroCompetencia (CeCo), de la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Southern California y el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), de la Universidad de Chile.

El encuentro se llevó a cabo el martes 19 de agosto, y reunió a autoridades, académicos y profesionales del ámbito de la libre competencia y economía digital, provenientes desde Estados Unidos, Reino Unido y diversos países de Latinoamérica.

La jornada fue inaugurada con discursos de representantes de las tres universidades organizadoras, e intervino Francisco Covarrubias, Rector de la Universidad Adolfo Ibáñez; Daniel Sokol, de USC Marshall School of Business; Susana Mondschein, Directora del Departamento de Ingeniería Industrial, y Felipe Irarrázabal, Director de CeCo UAI.

Luego de los discursos, la instancia continuó con una ponencia del Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Nicolás Rojas. En su discurso inaugural, Rojas se refirió a los desafíos que enfrenta el derecho de la competencia ante el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Así por ejemplo, en materia de conductas coordinadas, mencionó la capacidad de la IA para aumentar la interdependencia entre los agentes económicos, de modo tal que, por ejemplo, los algoritmos de fijación de precios podrían llevar a un oligopolio a comportarse del mismo modo que un cartel. Esto exigiría reflexionar sobre la calificación de licitud o ilicitud de las conductas de mercado guiadas por algoritmos, así como también sobre dónde termina el comportamiento humano y dónde comienza la acción de la IA. En esta línea, si bien el Presidente aclaró que no se sancionará el comportamiento paralelo, sí llamó la atención sobre la necesidad del derecho de competencia para adaptarse a estas nuevas dinámicas para no caer en la irrelevancia.

El primer panel de la conferencia contó con la participación de cinco autoridades latinoamericanas de libre competencia: Jorge Grunberg (FNE, Chile), Diogo Thomson de Andrade (CADE, Brasil), Juan Francisco Valerio (COFECE, México), Andrés Calderón López (INDECOPI, Perú) y Eduardo Montamat (CNDC, Argentina). La sesión fue moderada por Felipe Irarrázabal (director de CeCo y ex FNE).

El objetivo del panel fue discutir acerca de cómo las autoridades de competencia han enfrentado los desafíos de la economía digital a través de dos ejes principales: (i) los estudios de mercado vinculados a mercados digitales y (ii) la regulación sectorial.

En primer lugar, respecto a los estudios de mercado, las autoridades coincidieron en la relevancia de estas investigaciones, no solo como herramientas para detectar posibles infracciones, sino también para comprender el funcionamiento de los mercados digitales. Se destacó que estos mercados presentan dificultades específicas: su dinamismo constante, la complejidad para acceder a información alojada fuera del país, el volumen y sofisticación de bases de datos y algoritmos, y la sensibilidad de los datos recopilados.

Asimismo, los panelistas compartieron ejemplos concretos de sus países. El representante de México comentó tres estudios sobre plataformas de transporte, sector fintech y comercio electrónico. Por su parte, el Fiscal Grunberg mencionó que la FNE realizó un estudio de mercado sobre servicios de hospedaje y actualmente desarrolla otro sobre comercio electrónico. En Perú, Calderón enfatizó dos estudios recientes en sistemas de pago y Fintech, junto con la referencia a una experiencia fallida en el mercado de transporte turístico en Machu Picchu. En Argentina, la autoridad destacó las investigaciones sobre billeteras digitales.

Finalmente, las autoridades abordaron los desafíos futuros para la libre competencia en la economía digital. Entre los sectores identificados como prioritarios se encuentran las billeteras digitales, los sistemas de pago, el comercio electrónico, el cloud computing y la inteligencia artificial, además de industrias tradicionales en transición como la banca, los medios de comunicación y el entretenimiento. En paralelo, se subrayó la necesidad de fortalecer las agencias con recursos humanos de perfil interdisciplinario (economistas, abogados, ingenieros, programadores y data scientists) y de asegurar financiamiento que permita dotarlas de nuevas capacidades tecnológicas.

El segundo foro, moderado por Juan Correa Serrano (ex jefe de división de la Fiscalía Nacional Económica y actual socio en Bering Asesores), se centró en la colusión algorítmica.

En la discusión participaron Aditya Karanam (profesor asistente, National University of Singapore), Tilman Kuhn (socio en Latham), Natalia Caroprese (asesora legal de regulación, Uber), Beatriz Mejía (socia en Cooley) y Eugenio Ruiz Tagle (investigador de Computational Antitrust, Stanford Center).

El debate se inició con una conversación en torno al concepto mismo de colusión algorítmica. La mayoría de los panelistas distinguió entre la colusión ilícita que es facilitada por algoritmos de fijación de precios, y la colusión algorítmica tácita. En esta última, los algoritmos tienden a generar un alza de precios sin que exista comunicación entre los competidores, asemejándose a una situación de paralelismo consciente.

A partir de esta distinción, el panel se concentró en los riesgos y beneficios de los diferentes tipos de colusión algorítmica y en cómo el derecho de competencia aborda este fenómeno. En este sentido, se discutió cómo la regulación y la jurisprudencia en diversos países han enfrentado los desafíos de esta nueva realidad, así como las cargas probatorias que se deben superar para eventualmente sancionar este tipo de conductas. A su vez, también se discutió la posibilidad de que el entorno regulatorio actual no fuera capaz de hacerse cargo del fenómeno, caso en el que eventualmente se necesitarían reformas legales.

El panel de abuso de posición dominante (o monopolización) en la economía digital participaron el abogado Michael Lawrence (asesor senior de Google), la economista Mimansa Bairathi (profesora de Univsersity College London) y el abogado Carlos Patrón (socio en PPU). La conversación fue moderada por Juan Pablo Iglesias (investigador de CeCo UAI).

En primer lugar, la conversación abordó el impacto -directo o indirecto- que ha tenido la Digital Markets Act sobre los mercados digitales en EE.UU., Reino Unido y Perú. También se comentó el enfoque que tendría la actual administración Trump en EE.UU. en estas materias y, por otro lado, la conveniencia o inconveniencia de que países menos desarrollados (como los latinoamericanos) adopten este tipo de regulaciones (por su impacto en la inversión y la innovación).

Luego, se conversó sobre las nuevas tipologías de abuso en materia digital, como el self-preferencing y el apalancamiento de ecosistemas digitales, y si acaso se trata realmente de nuevas teorías del daño, o bien, si se dejan encuadrar en los enfoques tradicionales del derecho de competencia brick & mortar. En esta línea, también se hizo referencia a la economía del comportamiento y el concepto de bounded rationality, que de algún modo exige ajustar el paradigma económico neoclásico de consumidor racional y maximizador.

Este panel, estuvo integrado por los abogados Daniel Sokol (USC Marshall Initiative, EE.UU.), Greg Proseus (IBM, EE.UU.), Francisca Levín (Cuatrecasas, Chile) y Julián Peña (Allende & Brea, Argentina), y fue moderado por Ivo Gagliuffi (Garrigues, Perú).

En términos generales, el panel se dividió en cuatro bloques: (i) el estado actual del control de fusiones en EE. UU., (ii) los objetivos de la protección de competencia y la influencia de otros objetivos en el control de fusiones, (iii) las tendencias de fusiones en el sector tecnológico global, y (iv) algunos desafíos del control de fusiones ante la presencia de empresas estatales o la influencia de estados extranjeros.

Con respecto al primer tema, Sokol señaló cómo las consideraciones de mercados o industrias estratégicas puede no solo depender de la industria en sí, sino que también por consideraciones políticas, de seguridad y economía nacional. Por su parte, Proseus destacó cómo es la perspectiva de una empresa global en tecnología (IBM) respecto del escenario institucional actual. En este sentido, señaló que es muy temprano para determinar la conducción del enforcement bajo las nuevas autoridades norteamericanas, sin embargo, sí es posible inferir las intenciones de tanto Ferguson de la Federal Trade Commission como de Gail Slater del Departamento de Justicia, señalando que no deberíamos esperar una creación normativa tan expansiva.

Con respecto al segundo tema, tanto Levin como Peña se refirieron sobre los objetivos de la competencia y la influencia de otros factores en las decisiones sobre fusiones. Por un lado, Levin señaló que, para el caso chileno, el test que se aplica a la hora de revisar una operación de concentración es “líquido”, en la medida que permite adaptar las evaluaciones a distintos contextos, pero sin permitir que se puedan incorporar factores ajenos como la seguridad nacional. Por otro lado, Peña señaló que, en Argentina, las operaciones de concentración se revisan bajo un concepto de “interés económico general”, y, a través de un caso ilustrativo del sector energético, señaló cómo es posible que haya influencia de consideraciones de soberanía.

En cuanto a las tendencias del sector tecnológico, Proseus comentó algunas tendencias en el Reino Unido, específicamente una propuesta para priorizar operaciones globales que afecten mercados nacionales, y otra propuesta de reducir el periodo de revisión de las fusiones. Por su parte, Levin destacó tendencias de la FNE en algunas fusiones revisadas, como lo son consideraciones de competencia potencial, el impacto del comercio electrónico sobre mercados brick-and-mortar y resguardos para el intercambio de información en joint ventures.

Por último, y respecto de los desafíos de fusiones ante la presencia de empresas estatales o inversiones extranjeras, Sokol explicó cómo las fusiones que involucran inversiones extranjeras, especialmente de China, están generando nuevas complejidades en las políticas de fusiones en EE. UU., incluyendo consideraciones geopolíticas.