El rol de la SCE en el afianzamiento de la competencia en Ecuador (noviembre 2018 – agosto 2024)

Danilo Sylva P. Licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado y doctor en Jurisprudencia, PUCE; maestría en Ciencias Jurídicas, Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente integrante de la Comisión Calificadora para renovación de jueces de la Corte Constitucional del Ecuador, ex Superintendente de Competencia Económica (2018-2024); ex Presidente del Consejo de Desarrollo de la Comunicación (2017-2018); ha sido asesor en Presidencia y Vicepresidencia de la República, Asamblea Nacional, Municipio de Quito, entre otras instituciones públicas y privadas. Consultor de Corpei y Fedexpor. Su práctica privada se realizó en Cabezas, Wray y Albán.

Ecuador es uno de los países latinoamericanos que expidió tardíamente una ley sobre competencia económica. Recién en el año 2011 entró en vigor la denominada “Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado” (LORCPM), mediante la cual se crea la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (actualmente Superintendencia de Competencia Económica – SCE)1, institución que inicia sus funciones, propiamente, en el año 2012 cuando se designa al primer Superintendente de Control del Poder de Mercado (actualmente, Superintendente de Competencia Económica).

El corto período de existencia y aplicación de la ley, indudablemente, a la administración que inauguraba su gestión en noviembre de 2018, generó mayores desafíos si se compara, por supuesto, con instituciones de otras jurisdicciones de larga data, muy bien posicionadas, que han tenido la oportunidad de dejar su impronta con actuaciones y decisiones que han sido reconocidas favorablemente por la ciudadanía.

«Haber repasado de manera rápida gran parte de las actuaciones institucionales y hacer mención a algunos de los hitos, me permitió dar una mirada retrospectiva lo más objetiva y fría posible y concluir que se llevó adelante un proceso importante, muy significativo, tendiente a afianzar el derecho de competencia en Ecuador».

El gran reto, sin duda, consistió en realizar todas las acciones posibles para posicionar a la institución como “autoridad de competencia”, llamada a promover, garantizar y proteger la competencia en el Ecuador, dejando de lado cualquier otro objetivo, por importante que sea, que esté alejado de la libre competencia.

Con este objetivo, correspondía enfocarse en acciones con esa orientación, tanto al interior como al exterior del país.