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En un vuelco político que marca el fin de una era, las elecciones presidenciales en Bolivia han puesto fin a casi dos décadas de gobierno por parte del Movimiento al Socialismo (MAS) y han puesto al país en la antesala de un ajuste económico radical. La sorpresiva victoria del senador opositor al actual gobierno Rodrigo Paz Pereira, quien se enfrentará en segunda vuelta al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, plantea un referéndum sobre dos “terapias de shock” con algunos puntos de coincidencia fundamental, pero muchos más de disidencia operacional para rescatar a una nación asfixiada por la estanflación y la escasez de dólares.
Mientras Quiroga propone un plan de salvataje ortodoxo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como ancla de confianza, Paz apuesta por una revolución estructural desde las regiones con su “Pacto Fiscal 50/50”. Con un diagnóstico compartido sobre la urgencia del cambio pero con recetas diametralmente opuestas, la elección definirá no si habrá un ajuste, sino cómo y quién asumirá los costos políticos de la inevitable reconstrucción del modelo boliviano.
“La propuesta de Quiroga, ortodoxa y previsible, promete una estabilización macroeconómica rápida aunque con altos costos sociales. La de Paz, más experimental y arriesgada, plantea absorber parte de ese costo a través de la formalización acelerada del sector informal, aunque con una alta dosis de incertidumbre sobre sus resultados a largo plazo”.
Las elecciones presidenciales del pasado 17 de agosto en Bolivia han reconfigurado drásticamente el mapa político del país, con un resultado tan predecible en su castigo al oficialismo como sorpresivo en la emergencia de un nuevo liderazgo. Lo predecible fue el descalabro del Movimiento al Socialismo (MAS), partido hegemónico desde 2006, cuya proporción del voto se desplomó de un 55% obtenido en 2020 a poco más del 3% en 2025. Las razones de esta caída de gracia son dos principalmente: la aguda crisis de estanflación que aqueja al país desde 2023, marcada por la escasez de dólares y combustibles, para la cual el gobierno ha sido incapaz de adoptar las políticas de ajuste necesarias; y las profundas divisiones políticas dentro del propio MAS. El partido se encuentra fraccionado y saboteado por su exlíder histórico, Evo Morales, tanto en el Parlamento —donde una facción de su bancada se convirtió en opositora a su ex-partido— como durante la campaña, en la que Morales llamó a sus bases a votar nulo en protesta por su inhabilitación para ser candidato en estas elecciones. Este divorcio entre Morales y su sucesor, el actual Presidente Luis Arce y Ministro de Economía durante todas las gestiones de Morales, se debe a luchas por el control del partido, un cambio de estilo radical entre el simbolismo indigenista de Morales y el equipo más tecnocrático de Arce, y sobre todo, la inhabilitación de Morales por parte del Tribunal Constitucional al haberse cumplido los límites de mandatos.
Lo sorpresivo para la gran mayoría de la población boliviana, fue el triunfo de Rodrigo Paz Pereira, senador por Tarija, quien se alzó con la victoria con un 32.06% de los votos, desafiando a las encuestas que meses antes lo situaban en un lejano quinto lugar. Le sigue el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, con un 26.70%, mientras que el empresario Samuel Doria Medina, antes favorito, quedó tercero con un 19.69%. Este vuelco es sísmico: la primera vuelta ha definido la composición del Congreso, donde el partido gobernante ha sido prácticamente borrado, sin senadores y con menos del 8% de los curules en la cámara baja (si bien algunos parlamentarios elegidos fugaron del MAS hacia los partidos que lograron representación). La nueva composición del Congreso tiene una amplia mayoría de representación de posiciones partidarias de centro y centro-derecha. Paz y Quiroga se enfrentarán en el balotaje del 19 de octubre, pero la nueva correlación de fuerzas legislativas ya anticipa un cambio fundamental del modelo económico y la posibilidad de un sólido apoyo parlamentario para las reformas venideras.
Antes de desmenuzar los programas de gobierno, es crucial entender dos particularidades del contexto boliviano. En primer lugar, el sistema de partidos es sumamente débil. Salvo el MAS, es inusual que las mismas siglas se presenten en cada elección. Lo habitual son alianzas políticas coyunturales, con poca identidad ideológica y un notorio “mercado de siglas“. Por ejemplo, la alianza de Tuto Quiroga, “LIBRE”, clasificada como de derecha, incluye al Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), de origen marxista. Por otro lado, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Rodrigo Paz, que llevó al mismo Quiroga como candidato en 2014 y a un pastor fundamentalista en 2019, presenta en 2025 un programa sin alusiones religiosas y con elementos progresistas en temas de medio ambiente y género.
A pesar de ello, los actores políticos que protagonizan estas alianzas suelen ser en gran medida los mismos de elecciones pasadas o figuras políticas en la actual administración (a nivel nacional o subnacional). Más que una adhesión consistente a partidos o corrientes ideológicas, en Bolivia el escenario electoral gira alrededor de las figuras que logran posicionarse como candidatos. En este sentido, la trayectoria personal, la reputación acumulada y hasta los vínculos familiares de los líderes pesan más que la solidez de las siglas partidarias que los respaldan. Así, los votantes tienden a orientar sus preferencias en función de la historia de cada candidato, o lo que saben de ellos, más que por la identidad o coherencia ideológica de las organizaciones que los postulan.
Además, los programas de gobierno depositados ante el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) a menudo son una formalidad más que una visión coherente. Muchos puntos se presentan de manera superficial, sin detalles sobre su implementación. Es notorio que en una entrevista Paz reconoció no conocer todo el contenido de su plan de gobierno, y el programa de Quiroga menciona en una sola frase (Sección 1.7.III) la implementación de un seguro de desempleo, lo que sería una revolución del sistema de seguridad social en Bolivia. Por ello, estos documentos deben ser tomados con cautela. La necesidad de diferenciarse en la campaña no impide que, una vez en el poder, los importantes puntos de consenso entre las principales fuerzas apunten a una dirección cohesionada de liberalización económica, ajuste y austeridad. Por ese motivo, las propuestas concretas, y la fuerza con la que se presentan, resultan muy dinámicas, y a veces abiertamente cambiantes en el contexto boliviano.
A pesar de sus diferencias de estilo, los programas de Paz y Quiroga tienen una base común sólida y reveladora. Ambos son de centroderecha y concuerdan plenamente en el diagnóstico crítico de la gestión del MAS. Coinciden en que existe un exceso regulatorio, un déficit fiscal insostenible agravado por un gasto público de baja calidad, y la necesidad urgente de eliminar el subsidio a los hidrocarburos, liberalizar y unificar el tipo de cambio, y liberar las exportaciones y el comercio. Asimismo, comparten la visión de reducir la carga impositiva, implementar un plan de emergencia para atraer dólares y resolver la crisis cambiaria y crear mecanismos de protección social para los más desfavorecidos frente al inevitable ajuste. Vale la pena anotar que casi todos los partidos en contienda tenían propuestas similares, en particular la Alianza Unidad de Doria Medina, que llegó en tercer lugar y que tiene una representación considerable en el nuevo Congreso. Esto puede ser visto como un aspecto positivo, pues implica que las fuerzas en la Asamblea deberían estar alineadas principalmente en el “qué” hacer, algo poco común en las últimas décadas entre partidos con representación camaral.
Las diferencias radican en el “cómo” hacerlo: el estilo y los plazos. El programa de Quiroga, quien partía como favorito, es más práctico en el sentido que prioriza acciones concretas de corto plazo: en gran parte, se trata de un plan de salvataje de emergencia. El de Paz, que inició desde atrás, tiene un tono más estructural, enfocado en una reingeniería del Estado a mediano-largo plazo. Sin embargo, a medida que Paz subió en las encuestas, su equipo económico incorporó elementos de shock para paliar la crisis, acercando posiciones en cuanto a su fundamento, pero no aún en cuanto a su forma.
El plan económico de LIBRE, defendido por Jorge “Tuto” Quiroga y su asesor Ramiro Cavero, se presenta como una terapia de shock clásica con un objetivo inmediato: restaurar la confianza y la estabilidad macroeconómica. El punto de partida sería alcanzar un acuerdo con el FMI. Más que por los recursos financieros, esta negociación se concibe como un sello de garantía que permita abrir el acceso al financiamiento de otros organismos multilaterales. Con ese respaldo, el gobierno procedería a una unificación del tipo de cambio oficial (6.96 Bolivianos por dólar) y el paralelo (que llegó a un máximo de 20 Bolivianos por dólar en Mayo de 2025) en un esquema de flotación controlada que reduzca presiones especulativas y limite la volatilidad excesiva.
En paralelo, el programa contempla un ajuste fiscal drástico. La meta consiste en reducir el déficit público del 10% al 5% del PIB en apenas un año, a través de un recorte de gastos superfluos y del cierre de empresas públicas consideradas ineficientes. Este enfoque ortodoxo, orientado a restaurar la disciplina fiscal, busca generar una señal clara de compromiso con la estabilidad y recuperar la credibilidad de los mercados nacionales e internacionales.
Uno de los componentes más originales y a la vez más controvertidos de la propuesta es el modelo de “propiedad popular”, que recuerda a la capitalización aplicada en los años noventa pero que introduce matices distintos. El plan plantea privatizar parcialmente las empresas estatales mediante la emisión de paquetes accionarios, de modo que el Estado conserve el 51% en aquellas consideradas estratégicas, mientras que el 49% restante se distribuiría entre la población en forma de acciones intransferibles. La idea es que estas acciones puedan utilizarse como colateral para acceder a créditos y que, en el mediano plazo, conviertan a todos los bolivianos en accionistas. Sin embargo, la propuesta genera varias interrogantes: por un lado, la mayoría de las utilidades de estas empresas deberían reinvertirse, lo que limitaría la capacidad real de distribuir dividendos; por otro, no está claro que los bancos estén dispuestos a aceptar estos títulos como garantía, dada su iliquidez. Más aún, la sugerencia de que dichas acciones puedan contabilizarse como parte del encaje legal bancario contradice la propia lógica de este mecanismo, cuyo propósito es asegurar liquidez inmediata frente a eventuales corridas financieras.
El programa se completa con la liberalización del mercado de combustibles. La eliminación del monopolio de YPFB en la importación abriría espacio a la competencia privada, lo que permitiría equilibrar los precios y diversificar la oferta. La medida apunta a corregir distorsiones causadas, principalmente, por subvenciones que hoy generan desabastecimientos recurrentes y un alto costo fiscal, aunque también podría desencadenar tensiones sociales al trasladar parte de esos costos directamente a los consumidores. Vale recordar que un intento similar fue realizado por Evo Morales en diciembre de 2010, cuando decretó el llamado “gasolinazo” para levantar el subsidio a los hidrocarburos. La medida generó fuertes protestas sociales y obligó al gobierno a dar marcha atrás apenas unos días después, consolidando la percepción de que este tema era un “intocable” en la política boliviana.
Sin embargo, el contexto económico de hoy es muy distinto y por eso forma parte de un plan de gobierno concreto. Las reservas internacionales netas se encuentran en niveles históricamente bajos, la producción de gas ha caído, la escasez de dólares presiona al tipo de cambio paralelo y el costo fiscal de los subsidios resulta cada vez más difícil de sostener. Gran parte de la población ya ha experimentado las consecuencias del desabastecimiento haciendo filas para cargar combustibles por varias horas, e incluso días. Por ello, lo que antes era visto como una iniciativa políticamente inviable aparece ahora puede ser percibida por algunos segmentos de la población como una propuesta sensata y urgente. El desafío principal radica en que la liberalización de estos precios no se traduzca en un aumento sostenido de los precios del transporte, lo que podría desencadenar presiones inflacionarias de amplio alcance.
El plan económico del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que postula a Paz a la presidencia, propone una agenda de desregulación y liberalización que busca facilitar la formalización de las pequeñas empresas mediante la reducción de requisitos burocráticos, la eliminación de trabas arancelarias y la apertura de espacios para la competencia. El objetivo es crear un entorno favorable a la emergencia de un amplio sector de microempresarios, bajo lo que sus promotores denominan “capitalismo popular” o “capitalismo para todos”. Estos elementos guardan similitudes con el programa de Tuto Quiroga, aunque las diferencias entre ambos planes se hacen evidentes en el modo de enfrentar la escasez de divisas y de recuperar la confianza pública.
Mientras que Quiroga considera indispensable recurrir a la arquitectura financiera internacional para conseguir entre dos y cuatro mil millones de dólares de liquidez inmediata, Paz critica esa vía por lenta y riesgosa, al implicar mayores niveles de endeudamiento. Desde la óptica de Paz, Bolivia ya dispone de dólares suficientes, pero mal canalizados. Gran parte de estas divisas provienen de las exportaciones, principalmente de oro y otros minerales extraídos por cooperativas informales que, bajo regímenes de tolerancia fiscal y con escasa integración al sistema bancario, mantienen los flujos de divisas fuera de los circuitos oficiales. En general, su plan contempla la necesidad de hacer retornar capitales que ahora mismo se encuentran fuera del sistema bancario formal y están esterilizados tanto al interior del país como en cuentas bancarias en el exterior. La propuesta, por tanto, es integrar rápidamente a estos actores al sistema financiero formal, monetizar sus exportaciones y reintroducir así dólares al circuito bancario para eliminar gradualmente el cepo cambiario. Este enfoque se complementa, por un lado, con la idea de reducir las tasas de interés, aunque el programa no detalla el mecanismo, lo que hace suponer eventuales controles financieros. Por otro lado, la propuesta se sustenta también en la creación de un fondo de estabilización monetaria respaldado parcialmente por activos en criptomonedas, especialmente “stablecoins” (como USDT o USDC). Esta estrategia se sustenta en la apertura regulatoria reciente del Banco Central, que permite la incorporación de activos virtuales en el sistema financiero, y en el creciente uso de criptoactivos en Bolivia, que en el primer semestre de 2025 alcanzó un volumen de transacciones de aproximadamente US$ 294 millones, reflejando su potencial como mecanismo estabilizador.
La diferencia fundamental entre los dos programas radica entonces en el método. Quiroga apuesta por utilizar instrumentos tradicionales de rescate financiero internacional, mientras que Paz busca aprovechar las particularidades de la economía boliviana para capitalizar su potencial exportador y formalizarlo. En ambos casos, el objetivo último es restaurar la confianza y frenar la fuga de divisas, aunque con estrategias divergentes: en un lado, créditos puente respaldados por el FMI y otros organismos multilaterales; en el otro, la integración acelerada de exportadores informales al sistema formal y señales de austeridad en el gasto público.
La comparación revela que ambos planes, pese a sus diferencias de enfoque, no son del todo incompatibles y podrían resultar complementarios. Sin embargo, las presiones electorales han empujado a los dos partidos a diferenciarse con discursos confrontativos. Quiroga, por ejemplo, busca asociar al PDC con el MAS, una estrategia que ya utilizó contra Samuel Doria Medina en el pasado, pese a que los programas del PDC son netamente de centro-derecha. La presencia de figuras como el ex policía Edman Lara, candidato a vicepresidente por el PDC, popular por sus denuncias de corrupción pero crecientemente criticado por su retórica poco técnica y populista, facilita esta narrativa. En paralelo, el PDC cuestiona a la alianza de Quiroga por su excesivo apego al FMI y por diseñar un plan pensado para economías con alta formalidad, lo que a su juicio lo hace poco aplicable a la realidad boliviana.
En última instancia, la tensión entre ambos programas refleja una discusión más profunda sobre la adaptación de las recetas económicas a la estructura particular del país. La propuesta de Quiroga, ortodoxa y previsible, promete una estabilización macroeconómica rápida aunque con altos costos sociales. La de Paz, más experimental y arriesgada, plantea absorber parte de ese costo a través de la formalización acelerada del sector informal, aunque con una alta dosis de incertidumbre sobre sus resultados a largo plazo. La disyuntiva entre previsibilidad y audacia, entre la ortodoxia internacional y la singularidad local, marca el verdadero contraste entre los dos proyectos de ajuste.
