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Estados Unidos: fin de la exención de las normas de competencia para los seguros de salud

10.02.2021
Claves
  • La Competitive Health Insurance Reform Act of 2020 (CHIRA) limitó la exención frente a las normas de competencia con que gozaban las compañías de seguros de salud bajo la McCarran-Ferguson Act de 1945.
  • La exención para las compañías de seguros había sido criticada múltiples veces por diversas autoridades de EE.UU., pero con la crisis del coronavirus se acentúo la necesidad de limitar esta normativa.
  • Desde ahora, las aseguradoras de salud estarán sujetas tanto a las leyes de competencia federales como estatales, a excepción de determinas actividades.
Keys
  • The Competitive Health Insurance Reform Act of 2020 limited the antitrust exemption available to health insurance companies under the McCarran-Ferguson Act of 1945.
  • The exemption was criticized several times by authorities in the United States, but the coronavirus pandemic increased the need of limiting it.
  • Health insurers will now be governed by state and federal antitrust laws.

El 13 de enero del 2021, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la Competitive Health Insurance Reform Act of 2020 (CHIRA), que limita la exención frente a las normas de competencia con que gozan las compañías de seguros de salud bajo la McCarran-Ferguson Act de 1945.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), celebró la nueva normativa e indicó que la CHIRA ”ayudará a la División Antimonopolios en su misión de aplicación de las leyes de competencia, al restringir sus defensas (de la McCarran-Ferguson Act) y al clarificar que, a excepción de ciertas actividades que mejoran los servicios de seguros de salud para los consumidores, las conductas de las aseguradoras de salud se encuentran sujetas a las leyes federales de competencia”.

La McCarran-Ferguson Act

A finales del siglo XX, la industria de seguros estadounidense comenzó a crecer. Para abordar posibles problemas de insolvencia, las compañías comenzaron a compartir sus datos de pérdidas históricas, para así poder fijar tasas más exactas. Frente a esto, los Estados crearon entes administrativos para regular su actividad.

En 1944, la Corte Suprema de EE.UU. determinó que los gobiernos federales tenían la autoridad constitucional para regular la industria de seguros en tanto “comercio interestatal” (United States v. South-Eas ern Underwriters Ass’n, 322 U.S. 533). Luego de la sentencia, diversos actores solicitaron al Congreso que clarificara si los Estados podían seguir regulando a los seguros.

En 1945, el Congreso estadounidense aprobó la McCarran-Ferguson Act, entregando la facultad de regular la industria de seguros a los Estados.

La ley inmuniza de la normativa antimonopolio federal a las actividades de las aseguradoras cuando dichas actividades (i) forman parte de un “negocio de seguro”; (ii) están reguladas por una ley estatal; y (iii) no constituyen boicot, coerción ni intimidación.

Para que una determinada conducta califique como un “negocio de seguro”, la Corte Suprema de EE.UU.(Group Life & Health Insurance Co. v. Royal Drug Co., Inc.) ha exigido que esta tenga el efecto de transferir o extender el riesgo del asegurado; sea parte integral de la relación de póliza entre el asegurador y el asegurado; y se limite a entidades dentro del área de seguros.

La derogación y reforma de la McCarran-Ferguson Act ha sido una discusión permanente en Estados Unidos.

El 2007, la Antitrust Modernization Commission (AMC) analizó la necesidad de la exención contemplada en la McCarran-Ferguson Act para que las compañías de seguro puedan recopilar, agregar y revisar datos sobre pérdidas para así poder fijar tasas que cubran sus pérdidas probables, determinando que no era necesaria.

Al respecto, la AMC indicó que “como todas las colaboraciones potencialmente beneficiosas entre competidores, en general (…), ese tipo de intercambio de datos sería evaluado por las Cortes bajo la regla de la razón, que examinaría a fondo los potenciales efectos pro competitivos de dicha conducta, condenándola solo si, en definitiva, fuera anticompetitiva”.

El DOJ históricamente se ha opuesto a las exenciones de las leyes de competencia. En cuanto a las contempladas en el McCarran-Ferguson Act, el Departamento ha indicado que estas deberían ser “interpretadas restrictivamente y no de manera más amplia de lo necesario para cumplir con sus propósitos, dado que las leyes de competencia son centrales para proteger las estructuras del libre mercado de la nación”.

El año 2009, la Fiscal General Adjunta, Christine A. Varney señaló que existían “fuertes indicaciones de que las posibles justificaciones para la amplia exención de las leyes de competencia de las aseguradoras en la McCarran-Ferguson Act promulgada en 1945, no sean válidas hoy”.

Durante los 75 años de vigencia de la ley, los miembros del Congreso introdujeron una serie de proyectos con el fin de derogar o limitar su aplicación. Hasta ahora, ninguno había prosperado.

Competitive Health Insurance Reform Act (CHIRA)

Como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19, la atención regulatoria en el sector de la salud aumentó y diversas voces abogaron por un cambio. En palabras del Senador Patrick Leahy, copatrocinador de la ley, “mientras los americanos comunes sufren por una pandemia mortal sin precedentes, compañías de seguro de salud multibillonarias se jactan de ganancias históricas. Hace muy poco sentido que estos poderosos actores se beneficien, además, de una inmunidad obsoleta”.

La CHIRA fue una iniciativa bipartidista aprobada de forma unánime por el Senado estadunidense el 22 de diciembre del 2020. Esta añade a la sección 3 del McCarran-Ferguson Act una nueva letra c) que establece que “nada de lo contenido en esta ley modificará, afectará, o reemplazará el funcionamiento de cualquier ley de competencia en lo que respecta a las empresas de seguros de salud (incluyendo a las empresas de seguros dentales y beneficios dentales de alcance limitado)”.

Sin embargo, la nueva normativa mantiene la inmunidad de los seguros de salud respecto de contratos, fusiones o conspiraciones para (i) recopilar, reunir, o difundir datos históricos de pérdidas; (ii) determinar un factor de pérdida de desarrollo aplicable a la perdida histórica de datos; (iii) desempeñar servicios actuariales que no impliquen una restricción del comercio; o (iv) desarrollar o difundir una póliza de seguros estándar, siempre y cuando no se exija adherencia a la misma.

La ley explícitamente excluye del concepto “empresas de seguro de salud” a las empresas de seguros de vida y de seguros de propiedad o siniestros, las que seguirán estando amparadas por la exención prevista en el McCarran-Ferguson Act.

La CHIRA no afecta la autoridad de los Estados para regular a las compañías de seguros. Desde ahora, y al igual que la mayoría de las compañías en otras industrias, las aseguradoras de salud estarán sujetas tanto a leyes de competencia federales como estatales.

Aquellas conductas que nunca formaron parte la exención prevista en el McCarran-Ferguson Act, como, por ejemplo, fusiones, adquisiciones, fijación de precios, colusión y monopolización, seguirán sujetas a las leyes de competencia.

El DOJ aplaudió la nueva ley, ya que, a su parecer, “esta excepción ha sido interpretada algunas veces por las Cortes para permitir una serie de conductas dañinas anticompetitivas en los mercados de seguros de salud”. Mientras que, la asociación de aseguradoras estadounidenses, la National Association of Insurance Commissioners, mostró preocupación por la nueva normativa e indicó que “la protección estatal del consumidor, las leyes de competencia y las leyes de prácticas desleales entregan las herramientas necesarias para detener conductas anticompetitivas. La adición de una revisión federal solo llevará a un aumento de costos, confusión y posibles conflictos en las Cortes”.

Enlaces relacionados

Congreso de Estados Unidos – Competitive Health Insurance Reform Act of 2020.

Josefa Escobar U.