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Las aplicaciones de la inteligencia artificial para el derecho de competencia son diversas y prometedoras. Usos como la recolección y análisis de datos pueden ser usados tanto por los operadores económicos para mejorar su capacidad competitiva, como por las autoridades nacionales de competencia para detectar actividades anticompetitivas. Sin embargo, el uso de la inteligencia artificial con fines anticompetitivos de parte de los operadores económicos es una posibilidad real. Esto debe ser tomado en consideración por las autoridades nacionales de competencia y los reguladores puesto que, al ser una innovación, no existe regulación adecuada.
¿Qué es la inteligencia artificial? Esta es una pregunta que tiene múltiples respuestas. El concepto es complicado de definir debido a su amplitud. Según el fallecido John McCarthy, antiguo profesor de Stanford University (y considerado uno de los padres de la inteligencia artificial), la inteligencia artificial es “la ciencia e ingeniería enfocada en crear maquinas inteligentes, especialmente programas de computadora inteligentes”. De esta cita surge la duda ¿Qué define a una máquina como inteligente?
Del diccionario de Oxford podemos extraer que, para considerar a una máquina como «inteligente», esta debe ser capaz de automatizar tareas que normalmente requerirían del accionar de un humano. Sin embargo, no todas las tareas en las que una máquina pueda remplazar a un humano necesitan de inteligencia artificial. Por lo tanto, no podríamos definirla únicamente por esta capacidad.
Para Harry Surden, profesor de Colorado University, la diferencia entre la inteligencia artificial y la simple automatización de tareas radica en el tipo de tarea. Cuando la realización de una tarea requiere el uso de procesos cognitivos de alto nivel, asociados a la inteligencia humana, se la describe comúnmente como inteligencia artificial.
La inclusión de la inteligencia artificial en el derecho se ha vuelto una realidad. En la actualidad, se utiliza con fines auxiliares. Algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial ayuda a los profesionales del derecho son los siguientes: realizar búsquedas y análisis de las leyes y jurisprudencia relevantes a cada caso; analizar las decisiones pasadas de un juez para moldear la estrategia de un juicio; contestar llamadas y clasificar correos electrónicos por medio de asistentes virtuales como “Amelia Case Manager Assistant«.
Un uso importante a disposición de los jueces -y de los practicantes- es el análisis de sus decisiones pasadas para la identificación de posibles parcialidades (para así tomarlas en cuenta a la hora de resolver casos similares en el futuro).
También existen inteligencias artificiales que tienen como propósito ayudar a los individuos mediante las denominadas («búsquedas conversacionales»). Estos usualmente vienen en forma de chat bots, y están preparados para responder preguntas legales simples, con el fin de evitar gastos innecesarios en servicios legales. De esta forma, a medida que la inteligencia artificial sigue su proceso de sofisticación, puede proveer de servicios legales a las personas más necesitadas (ver columna de G. Johannsen, «Chat GPT: ¿Novedades para la libre competencia?«).
En esta sección analizaremos las aplicaciones de la inteligencia artificial más enfocadas en el derecho de competencia. Cabe recalcar que los usos mencionados en el punto anterior son aplicables también en el ámbito de la competencia.
Según Andreas von Bonin y Sharon Mahli, la inteligencia artificial podría ayudar a las agencias nacionales de competencia de diversas maneras, actuando como un filtro al momento de decidir qué casos investigar, y acortando procesos de investigación. Esto sería particularmente útil en Ecuador, donde las agencias nacionales de competencia cuentan con recursos bastante limitados. En este contexto, la inteligencia artificial podría ayudar a destinar los recursos en los casos más convenientes, reduciendo los costos que se incurren en sus respectivas investigaciones.
Actualmente, un ejemplo que evidencia la ayuda que provee la inteligencia artificia a las autoridades nacionales de competencia son las llamadas «pantallas estadísticas» (o data screening) . Estas se utilizan para la detección de colusiones, influyendo de manera positiva en el cumplimiento de las leyes de competencia.
La OECD define a las pantallas estadísticas como métodos empíricos que utilizan conjuntos de datos digitales para evaluar mercados y el comportamiento de las firmas en estos, identificar patrones y llegar a conclusiones según parámetros específicos (Pachnou y Westrik, 2022).
Según la OECD, las técnicas de aprendizaje automático permiten la combinación de varias pantallas para conseguir resultados más precisos a la hora de detectar colusiones.
Un uso beneficioso de la inteligencia artificial en los mercados es la reducción de los costos que deben incurrir los operadores económicos que acaban de ingresar a un mercado o que están considerando ingresar al mismo. Mediante el uso de inteligencias artificiales de uso gratuito, como “DALL-E”, los operadores económicos pueden generar una imagen para su marca. Además, con la ayuda de los chatbot legales, los agentes pueden crear la empresa con la que desee manejar su negocio, o incluso apoyarse en ChatGPT para generar ideas sobre cómo competir.
La capacidad de la inteligencia artificial de recopilar y analizar inmensas cantidades de datos, puede tener como consecuencia que los operadores económicos se deshagan de la incertidumbre sobre las decisiones de sus competidores. Ciertamente, esta situación no sería conveniente desde el punto de vista de la libre competencia.
La eliminación de la incertidumbre implica que los operadores económicos no tienen incentivos para competir a su máxima capacidad, lo que podría disminuir el excedente del consumidor. La figura que se conforma en los casos donde los operadores económicos eliminan la incertidumbre, sin tener contacto alguno entre sí, se conoce como paralelismo consciente.
Ezrachi y Stucke, profesores de University of Oxford y University of Tennessee, respectivamente, consideran que las herramientas actuales para ejercer el cumplimiento del derecho de competencia son muy limitadas a la hora de disuadir las colusiones tácitas algorítmicas (ver nota CeCo «Remedios para las colusiones tácictas algorítmicas desde una perspectiva teórica«).
Otro de los riesgos de la implementación de la inteligencia artificial en el derecho de la competencia es la existencia de prejuicios. Si una inteligencia artificial es programada para aprender de decisiones de una autoridad de competencia, cuyas decisiones están siendo influenciadas por motivos ajenos a los procesos (por ejemplo, fines políticos), la inteligencia artificial empezará a servir estos mismos fines bajo una ilusión de objetividad.
Una manera viable por medio de la cual podemos aminorar este riesgo es el uso del aprendizaje supervisado para la programación de las inteligencias artificiales. Según la OECD, el aprendizaje supervisado utiliza variables independientes para estimar un resultado. Usualmente se utiliza un conjunto de decisiones como datos etiquetados.
En este sentido, las decisiones que estén siendo usadas para enseñar a la inteligencia artificial deben ser públicas y sujetas a objeción por parte del ámbito privado, con el fin de minimizar el riesgo de perjuicio.
A finales del mes de marzo de 2023, el parlamento europeo votará para aprobar o negar el “AI Act”. De ser aprobado, esta sería la primera regulación significativa relacionada con la inteligencia artificial. El objetivo de esta regulación es conformar una posición europea coordinada para las implicaciones éticas y humanas de la inteligencia artificial, y fomentar el desarrollo de la inteligencia artificial tomando en consideración los riesgos que esto conlleva.
El “AI Act” clasifica a los sistemas de inteligencia artificial en 2 diferentes escalas de riesgo: (i) sistemas de alto riesgo; y, (ii) sistemas de no alto riesgo. Los sistemas de alto riesgo serán aquellos riesgos que sean significativos para la salud, seguridad o derechos fundamentales de las personas.
Los sistemas de alto riesgo se verían obligados a cumplir con un conjunto de requerimientos horizontales. En cambio, los sistemas de no alto riesgo solo deberían seguir un código de conducta, que podrá ser redactado por los mismos proveedores de estos sistemas (Para más información sobre el “AI act” ingresar aquí).
La diferenciación entre sistemas de inteligencia artificial basados en el riesgo que suponen constituye una excelente forma de regular los daños potenciales que estos mismos pueden generar, sin imponer trabas exageradas al desarrollo de un nuevo mercado.
Considerando los puntos explicados anteriormente, resultaría imposible clasificar a la inteligencia artificial únicamente como una herramienta o como un riesgo para la competencia. La realidad es que los efectos que traiga consigo la inteligencia artificial dependerán completamente de los usos que le otorguen las autoridades nacionales de competencia y los operadores económicos. Es innegable reconocer que la inteligencia artificial, como tal, tiene el potencial para generar efectos tanto procompetitivos como anticompetitivos.
Por ello, resulta imperativo para los legisladores y las autoridades nacionales de competencia instruirse en la inteligencia artificial. Lo anterior, con el objetivo de contar con una legislación especializada para tratar estos temas pues, en caso contrario, se intentaría forzar la regulación mediante la asimilación de una legislación no especializada.
McCarthy, J. (2007), What is artificial intelligence?
Surden, H. (2019), Artificial Intelligence and Law: An Overview Georgia State University Law Review.
OECD (2022), DATA SCREENING TOOLS FOR COMPETITION INVESTIGATIONS.
