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El péndulo del pensamiento en materia de competencia económica se está moviendo hacia el lado contrario del consenso global que prevaleció durante las últimas décadas.
Durante muchos años, existió el consenso de la importancia de contar con autoridades de competencia independientes en sus decisiones, separadas de los objetivos de política industrial del gobierno en turno, y cuyo objetivo único fuese velar por el bienestar de los consumidores. La lógica era la siguiente: la competencia impulsa a las empresas a mejorar e innovar en sus productos y servicios para atraer clientes, lo que beneficia a los consumidores. Esto no solo beneficia directamente a los consumidores, sino que también obliga a las empresas a ser más productivas, creando un círculo virtuoso que favorece el crecimiento económico. Además, un regulador independiente (percibido como técnico y neutral) facilita y da certidumbre a la inversión, ya que las preferencias políticas del gobierno no inciden en las decisiones del regulador económico.
«(…) nos estamos moviendo hacia una nueva manera de hacer política de competencia. Y esto trae consigo nuevos retos, ya que la política industrial de los gobiernos, que había desaparecido y ahora ha reaparecido, y la política de competencia “tradicional” –la que se venía implementando con bastante consenso mundial– muchas veces se complementan, aunque otras veces chocan».
Con esta lógica, durante las dos últimas décadas, las agencias antimonopolio lograron con éxito independizarse de los políticos y sus actividades estuvieron, en gran medida, lejos del reflector, salvo en algunos casos de alto perfil cuando las empresas involucradas se quejaban con los políticos de que los reguladores estaban siendo «demasiado duros». Es en este contexto que, en México, cuando el gobierno de Peña Nieto (2012-2018) lanzó su plan de crecimiento económico a través del Pacto por México, una de las reformas que apuntaló fue la de convertir a la autoridad antimonopolio mexicana en un regulador independiente (Cofece), con autonomía técnica, de gestión y presupuestal del gobierno central.
Pero el mundo cambia, y ahora se considera que las agencias de competencia deben velar (o al menos apoyar) objetivos de política pública más amplios. ¿Cuáles objetivos en específico? Los que considere el gobierno en turno.
Por ejemplo, en el caso de la Comisión Europea, a Teresa Ribera, nueva responsable de la cartera de Competencia, se le pidió que implemente un nuevo enfoque en la política de competencia que “apoye más a las empresas [europeas] que se expanden en los mercados mundiales (…) y que esté [la política de competencia] mejor orientada a nuestros objetivos comunes, en particular la descarbonización y la transición justa”. En el Reino Unido, se le solicitó al (ex) presidente de la Autoridad de Competencia y Mercados, una agencia de altísimo reconocimiento, que dejara el puesto, pues ese gobierno ha querido mandar una señal de que el país está abierto a las inversiones, y que un escrutinio tan escrito en competencia pudiese estarlo impedirlo.
En el caso mexicano, la actual agencia de competencia, COFECE, próximamente será reemplazada por una nueva autoridad de competencia dependiente del Ejecutivo Federal, que, aunque en papel «tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio» y gozará de «independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento», posiblemente se alinee con la visión del nuevo gobierno sobre lo que debe ser la política de competencia (ver columna anterior). Este cambio en el diseño institucional puede resultar en la aplicación diferenciada de la política de competencia entre empresas públicas y privadas, así como entre sectores económicos, privilegiando las actividades desarrolladas por el Estado a través de sus empresas públicas.
Es decir, nos estamos moviendo hacia una nueva manera de hacer política de competencia. Y esto trae consigo nuevos retos, ya que la política industrial de los gobiernos, que había desaparecido y ahora ha reaparecido, y la política de competencia “tradicional” –la que se venía implementando con bastante consenso mundial– muchas veces se complementan, aunque otras veces chocan.
En este nuevo orden, ¿cómo interactuarán ambas políticas?, ¿cómo se dirimirán las diferencias si es que la política industrial de los gobiernos es contraria a lo que específicamente señalan las normativas de competencia?, ¿hasta qué punto serán independientes las decisiones de las autoridades de competencia?, ¿en qué otros países veremos señales explícitas del gobierno a la autoridad de competencia para que se alinee a sus objetivos de política industrial?
Estas y otras preguntas relacionadas están en el aire. Se irán resolviendo conforme pasen los días y los años.
*Esta columna es una opinión personal de la autora.
