Newsletter
Suscríbete a nuestro Newsletter y entérate de las últimas novedades.
https://centrocompetencia.com/wp-content/themes/Ceco
De cara a las elecciones presidenciales que se avecinan en Chile, en CeCo nos propusimos revisar los programas de los candidatos, a través de una mirada neutra, descriptiva y comparativa, principalmente en los aspectos económicos y regulatorios que podrán tener incidencia en la libre competencia nacional.
A continuación, presentamos una síntesis de las propuestas programáticas de la candidata Jeannette Jara Román, militante del partido comunista y representante de la coalición oficialista “Unidad por Chile”. Esto, en torno a cinco ejes principales: (i) Libre competencia; (ii) Rol del Estado en la economía; (iii) Sectores económicos; (iv) Política fiscal; y (v) Otros aspectos relevantes.
En su programa, la candidata no anuncia ninguna medida específica para el sistema de libre competencia, ya sea a nivel de su institucionalidad (FNE y TDLC) o de su normativa.
El programa plantea un Estado activo en la economía, cumpliendo roles de articulador de la inversión privada, de inversor directo (generando entidades mixtas) y, en algunos casos puntuales, de empresario (empresas públicas).
Respecto al rol de articulador de la inversión e inversionista directo, el programa señala que “ante la presencia de externalidades o debido al horizonte de retorno esperado (…) el Estado debe poder invertir directamente, o ayudar a financiar el esfuerzo de los privados para que inviertan” (p. 8). Ejemplo de este rol serían la infraestructura crítica (como puertos, carreteras, fibra óptica en regiones australes y agua potable rural) y las áreas que exigen un alto grado de inversiones iniciales (como el hidrógeno verde y el almacenamiento eléctrico). En este marco, el programa reconoce la política de concesiones a privados, pero resguardando que ella sea beneficiosa para los usuarios “en términos de tarifas, extensión de los contratos y la integralidad de los servicios” (p. 10).
Por otro lado, en un rol aún más activo, se propone la creación y fortalecimiento de empresas públicas en áreas estratégicas, especialmente en minería. Así, se destaca la “consolidación de la Empresa Nacional del Litio” (p. 13), y la expansión de Codelco y ENAMI. También se anuncia el refuerzo de ASMAR en la industria naval y de EFE en ferrocarriles. En la misma línea, el programa no contempla la privatización ni la eliminación de alguna empresa estatal.
Respecto a los servicios asociados a derechos sociales como salud, educación y vivienda, se propone mantener un sistema mixto de provisión, aunque con miras a fortalecer la parte pública. Por ejemplo, en salud se buscará implementar la Modalidad de Cobertura Complementaria de FONASA (actualmente preparando su segundo proceso de licitación), con el fin de “avanzar hacia la reconversión de las Isapres en seguros complementarios y transitar hacia un Seguro Universal de Salud” (p. 55). En una línea similar, se propone fortalecer a CENABAST “para concentrar compras que hoy se hacen dispersas y caras” (p. 44).
En términos generales, se plantea un Estado que no elimina regulaciones, sino que agiliza los permisos (por ejemplo, a través de “ventanilla única”) y promueve una política industrial en sectores estratégicos.
Ahora bien, entre los sectores específicos destacados en el programa de Jara, se encuentran la energía, el litio, la minería (cobre y pequeña minería), las telecomunicaciones, la infraestructura (puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles), la pesca y acuicultura, la agroindustria y el sector forestal.
En energía (y transición energética) se apunta a la promoción de energías renovables, como la solar y la eólica. En efecto, se busca incrementar de manera sustantiva la capacidad de generación renovable y se propone que, al 2030, al menos un 20% de la capacidad instalada cuente con sistemas de almacenamiento (p. 11). Esto permitiría utilizar energía solar en horario nocturno y reducir la dependencia de combustibles fósiles, bajando así los precios de la luz y disminuyendo la contaminación.
Respecto del hidrógeno verde, la “Medida 11” del programa contempla el cumplimiento del Plan de Acción de Hidrógeno Verde, con medidas orientadas al desarrollo de capital humano especializado y el desarrollo de la infraestructura habilitante necesaria para esta industria.
En la minería del cobre se propone aumentar en un 25% la cartera de inversiones y en un 10% la producción en cuatro años (6 millones de toneladas), lo que implicaría la creación de 50.000 empleos y un incremento de exportaciones en US $5.000 millones. A esto se suman medidas de apoyo especial a la pequeña y mediana minería (que representa el 25% del empleo directo del sector), y la construcción de la nueva fundición Hernán Videla Lira (ENAMI Paipote).
Para el litio se proyecta consolidar la Empresa Nacional del Litio, con medidas destinadas a elevar en un 30% la producción durante el período de gobierno y habilitar un aumento del 100% en la próxima década. Asimismo, se plantea el fortalecimiento del Instituto Nacional de Litio y Salares, con foco en I+D, la integración con proveedores locales y formación de capital humano, junto con la protección de salares y lagunas andinas.
En telecomunicaciones, se busca culminar la red 5G. Por otro lado, en materia digital, se propone posicionar a Chile como un “hub digital del Cono Sur”, en base a las ventajas comparativas de Chile (que serían la disponibilidad de energías renovables, mano de obra calificada, conectividad digital e integración internacional; p. 13). Así, según el programa, este hub permitiría exportar servicios de desarrollo de software e incluso tecnologías emergentes (como IA e ingeniería electrónica).
La industria naval contempla un plan continuo de construcción bajo el liderazgo de ASMAR y la zona industrial de Valdivia, mientras que en la industria forestal se apunta a modernizar el sector mediante encadenamientos productivos locales -la creación de una red de proveedores y empresas locales que se integren en las distintas etapas de producción, desde la cosecha hasta la elaboración de productos finales-, el uso de madera sustentable y la restauración de suelos degradados.
El programa señala que la recuperación sostenida del crecimiento requiere preservar y fortalecer la responsabilidad fiscal. En este sentido, se promete que “la deuda pública se mantendrá dentro de los parámetros actualmente proyectados” (p. 26). Para ello, se indica que cualquier aumento de gasto se financiaría mediante la movilización de recursos adicionales, reasignaciones presupuestarias, la optimización de programas mal ejecutados y el fortalecimiento de la recaudación (incluyendo la adopción de medidas contra la evasión y elusión).
En materia tributaria, mas allá de ciertos ajustes (p. ej., beneficios tributarios para la inversión en I+D y medidas para combatir la evasión y elusión), no se propone un aumento ni una rebaja al impuesto a la renta, al IVA o al royalty minero.
Se destaca el rol central de las PYMES y cooperativas como motor de crecimiento inclusivo y herramienta para reducir la concentración económica (p. 16). El diagnóstico es que las empresas de menor tamaño enfrentan barreras de financiamiento, innovación, acceso a mercados y trámites burocráticos, lo que limita su competitividad y participación de mercado. Frente a esto, se propone ayudar a las PYMEs a través de una batería de medidas, tales como ampliar el FOGAPE, mejorar la ley de pago en 30 días, incentivar su participación en el sistema de Compras Públicas, crear una ventanilla única digital para postular a beneficios de fomento productivo, e implementar un programa de “extensionismo tecnológico” para ayudarlas a incorporar nuevas tecnologías productivas (p. 17).
En materia de innovación y desarrollo, se propone crear las “Juntas sectoriales de Innovación”. Estas serían “corporaciones constituidas voluntariamente por empresas dentro de una industria para enfrentar desafíos comunes a través de acciones conjuntas de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica” (p. 19). Estas entidades estarían sujetas a la supervisión de Corfo (sin indicar si acaso estarían o no sujetas al sistema de libre competencia, en atención a los riesgos de coordinación). En una línea similar, se plantea potenciar el Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo (INAC), para que articule todos los programas de fomento cooperativo.
Por otra parte, en materia de seguridad (y sector financiero), se propone levantar el secreto bancario para que la UAF pueda acceder directamente a la información bancaria de “personas acusadas de realizar una operación sospechosa que carezca de justificación económica o jurídica”. En la misma línea, se anuncia que se exigirá a las instituciones financieras determinar e informar la identidad de los “beneficiarios finales de los fondos depositados” (p. 32). En una línea algo distinta, se propone posicionar a Chile como un “hub financiero para la región”, dinamizando el mercado de capitales y a sus actores (como fondos de pensiones, aseguradoras e intermediarios financieros) (p. 21).
Por último, en materia laboral, se propone alcanzar un “ingreso vital de 750.000 pesos mensuales” para el fin del periodo de gobierno (2029). Esto, luego de un diálogo social tripartito y el posterior envío del proyecto de ley respectivo al Congreso. Se plantea que esta medida sería un “potente incentivo a la formalización laboral” (p. 25).
Fuente: Elaborada por CeCo en base al programa, fijando como tope máximo 40 palabras y eliminando stopwords (palabras frecuentes que no aportan significado, como artículos, preposiciones, conjunciones y pronombres).
*Ver programa J. Jara
