Reflexiones sobre los 30 años del derecho antimonopolios en México

Imanol Ramírez Abogado en Dentons, especializado en Derecho de Competencia Económcia/Antimonopolios, Fusiones y Adquisiciones (M&A) y Derecho Energético. Ha servido como abogado en la Comisión Federal de Competencia Económica de México y actualmente asesora a clientes en diversas transacciones corporativas y comerciales. Graduado de la Escuela de Derecho de Harvard, donde obtuvo una Maestría en Derecho (LL.M.) como Becario Fulbright. Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México.

Resumen: Tras tres décadas de la promulgación de la primera ley antimonopolios en México y superada una etapa defensiva en la que la Comisión Federal de Competencia Económica consolidó sus facultades, se presenta un momento oportuno para reflexionar sobre el futuro del derecho antimonopolios en el país. Este análisis destaca la relevancia de que los legisladores, comprendan el papel fundamental que juegan en el diseño y efectividad de la política de competencia. Asimismo, es importante entender las limitaciones del derecho antimonopolios (i.e., la investigación y sanción de conductas anticompetitivas y el sistema de control de concentraciones), entendido como una herramienta más dentro de una política de competencia más amplia. Esta comprensión permite asignar responsabilidades y aplicar el derecho antimonopolios de manera más efectiva, complementándolo con la regulación sectorial cuando sea necesaria una intervención estatal más contundente para asegurar condiciones de competencia en los mercados. El reto inmediato en México consiste en implementar una combinación de estrategias que abarquen desde litigios civiles por daños en materia de competencia, hasta una revisión exhaustiva de la regulación sectorial en mercados con desafíos significativos de competencia. El cambio en la presidencia de México que se llevará a cabo el próximo año es una oportunidad para revisitar estos temas y organizar la política de competencia desde las propuestas de los principales actores políticos del país.

“(…) parece importante que “se quite el peso” de toda la política de competencia económica del país de los hombros de COFECE (la principal autoridad antimonopolios). Esto, con el fin de que los incentivos a sancionar y el consecuente riesgo de incurrir en errores tipo II (i.e., sanciones a conductas no anticompetitivas) sea reducidos, pues son dañinos para los mercados y la innovación. Así, se requiere que el trabajo de COFECE se concentre en discusiones de alto rigor técnico y una constante revisión de su práctica administrativa que pueda traer beneficios importantes al derecho antimonopolios en México, sin necesidad de pasar por el oneroso proceso político que implica realizar reformas a las leyes”.