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El 25 de septiembre del presente año, se realizó un nuevo Desayuno Virtual organizado por ForoCompetencia, el cual contó con la exposición de la economista Cristina Caffarra, profesora honoraria de la University College of London (UCL) y ex vicepresidenta de competencia en Charles River Associates durante 17 años. En esta edición, la expositora realizó un análisis crítico del abordaje que ha tenido el derecho de la competencia en los últimos años en la Unión Europea.
En su intervención, Cristina Caffarra sostuvo que, tras 25 años de experiencia en el análisis económico de casos de conductas anticompetitivas y control de concentraciones, ha identificado importantes falencias en la noción de competencia y su enforcement. A su juicio, la falta de reflexión intelectual en torno al verdadero fin, fundamentos y objetivos de la libre competencia ha generado una visión conformista sobre su naturaleza, su relación con la política y el funcionamiento de las herramientas destinadas a protegerla.
Caffarra advirtió que esta situación no solo proviene de los agentes económicos, sino también de las agencias y los Estados. Para la economista, resulta especialmente problemático cómo la profesión económica ha sucumbido a esta lógica, confundiendo su rol con el de los abogados: en lugar de elaborar análisis objetivos y rigurosos, muchos economistas terminan construyendo estudios para justificar resultados procompetitivos inexistentes, inventando principios con el único fin de defender a sus clientes.
Desde la perspectiva de la expositora, la competencia no significa lo mismo en todos los lugares ni en todas las épocas. Considerando que el concepto de “competencia” ha sido tratado tradicionalmente como un objetivo deseable universalmente, la idea de encontrar una convergencia que purifique el concepto es errónea. En ese sentido, afirmó que la competencia no es un principio abstracto ni atemporal, sino una construcción teórica promovida por una economía política específica, condicionada por su contexto histórico, geográfico e institucional.
Para ilustrar esta idea, realizó un recorrido por la evolución de los principales paradigmas económicos y regulatorios, mostrando cómo las transformaciones políticas y los intereses en juego han moldeado la concepción y la forma de enforcement del derecho de competencia en distintas jurisdicciones.
La expositora realizó un repaso de los últimos cincuenta años de la política de competencia estadounidense, comenzando con las transformaciones impulsadas por la administración del presidente Ronald Reagan , en las cuales se consolidaron los principios de la Escuela de Chicago : foco en el bienestar del consumidor e intervención únicamente ante variaciones de precios. Bajo esa óptica, el Estado retrajo su nivel de intervención, y los mercados aumentaron su concentración, situación que se explicaba bajo la idea de una mayor eficiencia.
Sin embargo, en la última década, figuras como Lina Khan (ex presidenta de la Federal Trade Commission (FTC) comenzaron a cuestionar este paradigma, argumentando que el enfoque centrado exclusivamente en los precios ignoraba el poder estructural que ejercen las grandes plataformas digitales y otros actores dominantes. Desde esta crítica surgió una corriente progresista conocida como Neobrandesiana, que busca reorientar el derecho de la competencia hacia la protección de valores como la democracia y la equidad. En este marco, se cuestiona el estándar del bienestar del consumidor, proponiendo una visión más amplia del sujeto protegido: ya no solo el comprador, sino también, por ejemplo, los trabajadores o productores locales. Esta mirada fue acogida por la administración del presidente Joe Biden mediante la Executive Order 14036, que impulsó una política de competencia que permitiría al Estado aumentar su control, considerando en la regulación los efectos sociales y económicos.
Posteriormente, Caffarra se refirió al rol de la administración de Donald Trump, que tendría un marcado carácter populista. Sin embargo, a su juicio, los últimos discursos de Gail Slater y Mark Meadows no se distancian significativamente de las preocupaciones expresadas por Lina Khan sobre cómo la concentración afecta el bolsillo de las familias estadounidenses.
Así, la economista sostuvo que el modelo estadounidense no debiese replicarse en la Unión Europea, específicamente en su forma de enforcement, ya que privilegia remedios conductuales sobre los estructurales, evitando modificar industrias y consolidando lo que la expositora llamó “un derecho antimonopolio de bisturí, y no de mazo”.
De acuerdo con Caffarra, Europa enfrenta problemas estructurales en su enfoque sobre la competencia, que trascienden la mera regulación. La expositora señaló que, a diferencia de Estados Unidos, Europa ha mostrado una falta de reflexión crítica sobre los objetivos y la finalidad de la competencia, cayendo en una comodidad con los principios ya establecidos. Desde comienzos de los años 2000, Europa adoptó también los postulados neoliberales de la Escuela de Chicago, otorgando a los economistas un rol central en la incorporación de la lógica de mercado al enforcement. Sin embargo, observó Caffarra, esta visión terminó por simplificar la economía y reducir el análisis competitivo a un conjunto de herramientas repetitivas, sin cuestionar ni profundizar en su propósito ni en sus objetivos fundamentales.
Refiriéndose a la economía europea, la economista aludió al reporte Draghi, que diagnostica una crisis económica estructural en Europa, marcada por un modelo exportador que se ve amenazado por altos aranceles estadounidenses y el auge de las importaciones chinas. En este contexto, Caffarra sostuvo que el derecho de competencia europeo se enfrenta a un problema existencial mucho más profundo, en donde la competencia y el bienestar del consumidor deben reconsiderarse a la luz de la crisis económica y política que atraviesa el continente.
En esa línea, Caffarra destacó cómo la presión ejercida por EE. UU. estaría afectando las decisiones de autoridades europeas, lo que se reflejaría en la reciente decisión del caso contra Google. Tras 6 años de investigación, la Comisión Europea concluyó que la big tech incurrió en un abuso de posición dominante, al actuar de manera auto-preferente favoreciendo sus servicios de anuncios sobre competidores. La sanción aplicada y el plazo de 60 días para que Google comunique los remedios que adoptaría, la llevó a cuestionar si lo ocurrido se relaciona con la falta de la autoridad para aplicar un remedio estructural. En efecto, Caffarra planteó que dicha decisión tuvo en consideración la ausencia de remedios en el caso homólogo del Department of Justice (DOJ) contra Google, conocido por la Corte de Virginia.
La expositora también señaló la influencia de la amenaza estadounidense de aumentar los aranceles, de cara a la crisis europea, que reflejaría la tensión entre la política de competencia europea y los intereses económicos estadounidenses. En este sentido, a su juicio, la decisión de los jueces en el caso de Google no habría respondido únicamente a consideraciones jurídicas, sino también a presiones políticas externas, demostrando que tanto la competencia como su enforcement son prácticas altamente politizadas.
Caffarra sostuvo que el análisis de la competencia se ha convertido en un proceso excesivamente “formulista”. En su opinión, el problema no radica tanto en cómo está redactada la ley, aspecto prioritario para los abogados, sino en que el enfoque actual se ha reducido a una serie de pasos rígidos que limitan el verdadero análisis de la competencia. Este enfoque habría llevado a que se otorgue una excesiva importancia, por ejemplo, a la definición de mercados, un proceso que, según Caffarra, no tiene base científica. En efecto, la economista afirmó que definir el mercado es un ejercicio especulativo, que se basa en conjeturas y no en evidencia sólida. Agregó que dicho procedimiento desviaría la atención del aspecto fundamental: la conducta que realmente afecta la competencia.
Por otra parte, la expositora también cuestionó la excesiva rigidez en la aplicación del sistema de precedentes, que no consideraría el contexto particular y actual de cada caso. Esto llevaría a que se apliquen precedentes de casos de hace 20 o 30 años que carecerían de relevancia para la resolución de los casos actuales.
Finalmente, Caffarra planteó que las autoridades de competencia deberían acercarse más a la realidad del comercio. En su opinión, resulta esencial dialogar con los empresarios, los actores vinculados a la política industrial y, en general, con quienes toman decisiones sobre el funcionamiento de los mercados. Según la economista, este intercambio cumpliría dos propósitos fundamentales: por un lado, permite ampliar la comprensión de los agentes económicos sobre las implicaciones competitivas de sus decisiones; y por otro, entrega a las agencias una visión más realista y dinámica del entorno en que operan, fortaleciendo su capacidad para ir más allá de los marcos teóricos y responder a los desafíos concretos que enfrentan los mercados contemporáneos.
