La CRPI decidió sancionar a JEDESCO tras verificar el retraso de 8 días en la entrega de la información requerida por la Intendencia de Control de Concentraciones.
Autoridad
Comisión de Resolución de Primera Instancia (CRPI)
Conducta
Vicio en la entrega de información
Resultado
Sanción
Expediente N°
SCPM-CRPI-2015-040
Fecha de inicio
22-10-2014
Fecha de decisión
02-10-2015
SCE c. JEDESCO por vicio en la entrega de la información
Sanción.
Motivación del resultado: La Intendencia de Control de Concentraciones, a fin de recabar información para la realización del informe de concentraciones económicas con carácter obligatorio entre Brundicorpi S.A. y Fyffes Plc., solicitó por dos ocasiones al operador económico JEDESCO información relativa al mercado de exportación de banano. El operador debía entregar la información solicitada hasta el 11 de septiembre, sin embargo, el operador realizó la entrega de la información el 23 de septiembre del 2014, ocho días después del término establecido. Como consecuencia de lo anterior, la CRPI resolvió sancionar al operador económico JEDESCO S.A., por el retardo de ocho (8) días término en la entrega de información requerida por la Intendencia de Control de Concentraciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, con la imposición de una multa sancionadora de ochenta (80) Remuneraciones Básicas Unificadas, valor que asciende a la cantidad de USD 27.200,00.
Sanción.
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO.-
COMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA.- Quito, 2 de octubre de 2015, a las 16h07.-
VISTOS: El Superintendente de Control del Poder de Mercado designó al abogado Juan Emilio Montero Ramírez, Presidente de la Comisión; al doctor Agapito Valdez Quiñonez, Comisionado; y, al doctor Marcelo Ortega Rodríguez Comisionado según los actos administrativos respectivos. Por ausencia temporal (vacaciones) del doctor Marcelo Ortega Rodríguez, actúan solamente el abogado Juan Emilio Montero Ramírez y el doctor Agapito Valdez Quiñonez, por lo que, siendo el estado del expediente el de resolver, se considera:
PRIMERO.- COMPETENCIA.- La Comisión de Resolución de Primera Instancia de conformidad con lo determinado en el último inciso del artículo 36 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (en adelante LORCPM), en concordancia con el artículo 38 numeral 2 y artículo 79 penúltimo inciso de la LORCPM, es competente para sustanciar y resolver en primera instancia el incumplimiento de entrega de información a los órganos de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado por parte de personas naturales o jurídicas, privadas o públicas.
SEGUNDO.- VALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.-
El presente procedimiento por incumplimiento de entrega de información ha sido sustanciado de conformidad con las disposiciones contenidas tanto en los artículos 76 y 169 de la Constitución de la República como en las disposiciones constantes en la LORCPM y el Reglamento de Aplicación de la LORCPM (en adelante Reglamento de la LORCPM), con observancia de las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa, así como de los principios constitucionales de simplificación, eficacia, celeridad y economía procesal sin que se advierta error, vicio o irregularidad que pueda influir en la decisión del presente expediente, razón por la cual se declara la validez de lo actuado.
TERCERO.- ANTECEDENTES.-
3.1.- Mediante Memorando No. SCPM-ICC-262-2014-M, de 14 de octubre de 2014, suscrito por la economista Cumandá Almeida, en esa época Intendenta de Control de Concentraciones, manifestó que en el Expediente No. SCPM-ICC-EXP-2014-008 se requirió mediante oficio SCPM-ICC-320-2014, de 14 de agosto de 2014 y oficio SCPM-ICC-348- 2014, de 2 de septiembre de 2014, que el operador económico JEDESCO S.A. suministrara información relacionada con el mercado de exportación de banano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la LORCPM; sin embargo, no la suministró en los términos concedidos.
3.2.- Esta Comisión mediante providencia de 22 de octubre de 2014, las 15h30, avocó conocimiento del presente procedimiento por no entrega de información oportuna, declarando incumplido, entre otros, al operador económico JEDESCO S.A., signando al expediente administrativo con el número SCPM-CRPI-2014-042.
Revocar de oficio las actuaciones llevadas a cabo en el presente expediente a partir de las fojas ciento siete (fs. 107) inclusive. 2. Disponer que con las copias certificadas de los Memorandos: No. SCPM-ICC-232-2014 de 16 de septiembre de 2014, No. SCPM-ICC-264- 2014-M, de 14 de octubre de 2014; y, No. SCPM-ICC-262-2014-M de 14 de octubre de 2014, se avoque conocimiento, se abran expediente individuales por cada uno de los diez operadores económicos: […] JEDESCO S.A. […] y se sustancien hasta emitir la resolución que corresponda en cada caso […]”; y, mediante providencia de 10 de septiembre de 2015, las 09h45, se dispuso el archivo del expediente administrativo No. SCPM-CRPI-2014-042.
3.4.- Mediante providencia de 31 de agosto de 2015, las 08h55, esta Comisión avocó conocimiento del memorando No. SCPM-ICC-262-2014-M, de 14 de octubre de 2014, suscrito por la economista Cumandá Almeida H., Intendente de Control de Concentraciones de esa época, signando al presente expediente administrativo con el No. SCPM-CRPI-2015- 040.
CUARTO.- ALEGACIONES ADUCIDAS POR LOS INTERESADOS.-
4.1.- Alegaciones formuladas por la Intendencia de Control de Concentraciones.-
4.1.1.- Mediante Memorando No. SCPM-ICC-262-2014-M, de 14 de octubre de 2015, suscrito por la economista Cumandá Almeida, en esa época Intendenta de Control de Concentraciones, manifestó que en el Expediente No. SCPM-ICC-EXP-2014-008 se dispuso:
“Mediante oficio No. SCPM-ICC-320-2014, de 14 de agosto de 2014 se solicitó a Jedesco remita información relativa al mercado de exportación de banano, en función de que el operador no entregó la información solicitada, mediante oficio No. SCPM-ICC-348-2014, de 2 de septiembre de 2014, se solicitó a Jedesco por segunda ocasión y bajo prevenciones de ley que remita la información solicitada en el término de setenta y dos (72) horas […]”.
4.1.2.- Que, mediante oficio No. SCPM-ICC-320-2014 de 14 de agosto de 2014, se solicitó al operador económico Jedesco “[…] La información relativa al mercado de exportación de banano en los parámetros y lineamientos de conformidad con la plantilla establecida en la página Web de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado […] La información deberá ser entregada en la oficinas de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado […] así como también deberá de ser enviada a la dirección de correo electrónico intendencia.concentraciones@scpm.gob.ec en el término de ocho (8) días […]”. (Subrayado y negrillas nos perteneces).
4.1.3.- Que, mediante oficio No. SCPM-ICC-348-2014 de 2 de septiembre de 2014, se solicitó al operador económico JEDESCO S.A. “[…] se sirva remitir a esta Intendencia, en las próximas setenta y dos horas, la […] información relativa al mercado de exportación de banano […]” que deberá ser entregada “[…] en archivo digital Excel.xls sin ningún tipo de protección y físicamente en las oficinas de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado […]”. (Subrayado y negrillas nos pertenecen).
4.1.4.- El economista José Andrade, Intendente de Investigación y Control de Concentraciones Económicas, remitió a esta Comisión el Memorando No. SCPM-ICC-204- 2015, de 15 de septiembre de 2015, mediante el cual remite informa el volumen de negocios del operador económico JedescoS.A., correspondiente a los años 2013 y 2014; y, remite una copia certificada del memorando No. SCPM-ICC-133-2015, de 9 de junio de 2015, mediante el cual informa que: “[…] Como producto de la reunión mantenida el 28 de mayo de 2015, se concluye que la información remitida a la intendencia de Investigación y Control de Concentraciones Económicas, fue necesaria pero no suficiente para la realización del informe de concentraciones económicas con carácter obligatorio entre Brundicorpi S.A. y Fyffes Plc […]”.
4.2.- Alegaciones formuladas por el operador económico JEDESCO S.A.-
Mediante escrito presentado en la Intendencia Zonal 8 de la SCPM el 3 de septiembre de 2015, el operador económico manifiesta que “[…]en respuesta de ambos oficios presentamos la información solicitada día 23 de septiembre de 2014, en papel y en medio digital (cd) a las 13:22 horas, en la Intendencia General Zonal 8 de Guayaquil […]”. (negrillas y subrayado nos pertenecen).
QUINTO.- PRUEBAS DE LOS INTERVINIENTES.-
5.1.- Prueba de cargo de la Intendencia de Control de Concentraciones.-
5.2.- Prueba de descargo del operador económico JEDESCO S.A.-
Se considera la prueba solicitada por el operador económico que se contiene en el escrito presentado en la Intendencia Zonal 8 de la SCPM el 14 de septiembre de 2014, a las 13h05, y que fuere proveída por esta Comisión mediante providencia de 21 de septiembre de 2015, las 08h55, así:
5.3.- Valoración jurídica de las pruebas presentadas por los intervinientes.-
A continuación le corresponde a esta Comisión realizar la valoración de la prueba aportada tanto por la Intendencia de Investigación y Control de Concentraciones Económicas cuanto por el operador económico a quien, al amparo de lo previsto en el artículo 50 de la LORCPM se solicitó remitan información verdadera, veraz y oportuna, así tenemos que:
SEXTO.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DE LA RESOLUCIÓN.-
6.1.- Fundamentos de hecho.-
La Intendencia de Control de Concentraciones a fin de recabar información para la realización del informe de concentraciones económicas con carácter obligatorio entre Brundicorpi S.A. y Fyffes Plc., solicitó por dos ocasiones al operador económico JEDESCO S.A. información relativa al mercado de exportación de banano, requerimiento formulado mediante oficio SCPM-ICC-320-2014 de 14 de agosto de 2014 y oficio No. SCPM-ICC-348-2014 de 02 de septiembre de 2014.
Pese a la insistencia de la Intendencia de Control de Concentraciones el operador económico JEDESCO A. entregó la información solicitada el 23 de septiembre de 2014; es decir con ocho (8) días término de retraso.
6.2.- Fundamentos de derecho.-
6.2.1. Constitución de la República del Ecuador
Art. 76.- “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso (…)”.
Art. 213.- “Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano (…)”.
6.2.2. Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (en adelante LORCPM).-
Art. 48.- “Normas generales.- La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, antes de iniciar el expediente o en cualquier momento del procedimiento, podrá requerir a cualquier operador económico o institución u órgano del sector público o privado, los informes, información o documentos que estimare necesarios a efectos de realizar sus investigaciones, así como citar a declarar a quienes tengan relación con los casos de que se trate.”.
Art. 50.- “Obligación de colaborar con los órganos de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, así como las autoridades, funcionarios y agentes de la Administración Pública están obligados, sin necesidad de requerimiento judicial alguno, a suministrar los datos, la documentación, la información verdadera, veraz y oportuna, y toda su colaboración, que requiera la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y sus servidores públicos, siempre que esto no violente los derechos ciudadanos. […] Tratándose de los particulares que no suministraren la información requerida, serán sancionados con las multas y sanciones previstas en esta Ley. […]”. (Subrayado y negrillas nos pertenecen)
Art. 79.- “Sanciones.- La Superintendencia de Control del Poder de Mercado impondrá a las empresas u operadores económicos, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellos que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en la presente Ley, las siguientes sanciones:
[…] Quien no suministrare a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado la información requerida por ésta o hubiere suministrado información incompleta o incorrecta, será sancionado con una multa de hasta 500 Remuneraciones Básicas Unificadas. […]”. (Subrayado y negrillas nos pertenecen)
Art. 80.- “Criterios para la determinación del importe de las sanciones.- El importe de las sanciones se fijará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios: (…) d) La duración de la infracción […]”.
6.2.3. Doctrina en materia de competencia.-
Derecho administrativo-
El tratadista ecuatoriano Marco Morales Tobar, citando a Alejandro Nieto, respecto a la potestad sancionadora de la administración sostiene: […] proporciona una base muy sólida al Derecho Administrativo Sancionador, puesto que, así queda anclado en el ámbito constitucional del Estado superando los planteamientos habituales tradicionales, más rudimentarios, que buscan su justifican dogmática en la sanción en el ilícito o, a todo lo más, en la organización administrativa. En el principio de todo Derecho está una potestad administrativa sancionadora y un ordenamiento jurídico administrativo sancionador es por lo que puede hablarse, con propiedad de un Derecho Administrativo Sancionador […]”.
6.2.3.2. Carácter preventivo y disuasivo de la sanción.-
De acuerdo con el informe de la Fiscalía Nacional Económica de la República de Chile de 11 de noviembre de 20114, se indica que: “[…] Las sanciones y remedios cumplen también una función preventiva, disuadiendo a los agentes económicos de infringir la ley. Las sanciones y remedios pueden cumplir una función preventiva especial o general, según si buscan establecer incentivos para evitar que el infractor sancionado reincida, o para prevenir que el universo de posibles infractores transgreda la ley, respectivamente.[…] Por regla general, las conductas declaradas ilegales por el derecho de competencia reportan beneficios económicos para quienes las llevan a cabo, e imponen costos a los consumidores y a la sociedad en general […] el ordenamiento reducirá las infracciones y cumplirá exitosamente con su función preventiva en medida en que los agentes económicos puedan esperar más costos que beneficios al evaluar la conveniencia de involucrarse en una conducta ilegal. Por lo Mismo, una sanción será disuasiva en la medida en que asocie a la infracción un costo esperado mayor al beneficio esperado […]”.
6.2.4. Jurisprudencia.-
La Corte Constitucional enseña: “[…] El principio de legalidad, reserva de ley o tipicidad, en el ámbito de las infracciones y sanciones, tiene una radical importancia en el quehacer jurídico de la sociedad, puesto que posibilita que las personas alcancen certeza y certidumbre de aquellas conductas que se encuentran permitidas y aquellas que se encuentran prohibidas; cuestión que trasciende al ámbito procesal, puesto que el órgano del poder público que cuenta con potestad para juzgar infracciones y determinar sanciones únicamente lo puede efectuar si existe una ley previa, expresa y taxativa, concretando el aforismo Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, nullum crimen sine poena legales, el mismo que ampliado técnicamente al ámbito de imposición de sanciones , configura el principio de juridicidad […]”.
SÉPTIMO.- CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS.-
El artículo 50 de la LORCPM determina la obligación que les asiste a todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas de colaborar con los órganos de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, estando obligadas a entregar los datos, documentación, información verdadera, veraz y oportuna, pero en los términos que fueren concedidos por ésta.
Consecuentemente quien inobserve la obligación de colaborar con los órganos de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, como efecto jurídico se le debe aplicar una multa sancionadora de hasta 500 Remuneraciones Básicas Unificadas conforme así lo establece el penúltimo inciso del artículo 79 de la LORCPM, en observancia de la fórmula MS (t)= nt contenida en el artículo 23 del Instructivo de Gestión Procesal Administrativa de la SCPM, contendido en la Resolución No.SCPM-DS-063-2014 de 17 de octubre de 2014.
En el caso específico el importe de la Remuneración Básica Unificada debe ser considerada en función del año en el cual el operador económico incumplió con la obligación de colaborar, esto es el monto de USD 340 (TRESCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).
Adicionalmente, hay que precisar que el operador económico JEDESCO S.A. frente al requerimiento de información realizada por la Intendencia de Control de Concentraciones de la SCPM incumplió con su obligación de suministrar información verdadera, veraz y oportuna y, por tanto, de colaborar con los órganos de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado por cuanto:
OCTAVO.- IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS O PRINCIPIOS VIOLADOS Y LA RESPONSABILIDAD.-
8.1.- En la sustanciación del presente trámite se han respetado las garantías, principios y derechos consagrados en la Carta Fundamental del Estado ecuatoriano, especialmente el debido proceso y el derecho de defensa.
En relación al debido proceso la Corte Constitucional ha establecido que éste “[…] no solo conlleva un mínimo de presupuestos y condiciones para tramitar adecuadamente un procedimiento y asegurar condiciones mínimas para la defensa, sino que constituye una concreta disposición desde el ingreso al proceso y se mantiene durante el transcurso de toda la instancia para concluir con una decisión adecuadamente motivada que encuentre concreción en la ejecución de lo dispuesto por los jueces […]”.1
En otro fallo la Corte Constitucional sostiene: “[…] El debido proceso se materializa en las garantías básicas que permiten el desarrollo de un procedimiento que dé un resultado justo, equitativo e imparcial, a fin de procurar el respeto a los derechos de toda persona a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento, así como para lograr la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes. Observando el trámite propio de cada procedimiento, según sus características y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico. […]”2.
8.2.- En el presente caso se analiza lo prescrito en el artículo 50 de la LORCPM respecto de la obligación que le asiste a toda persona natural o jurídica, pública o privada de suministrar la información verdadera, veraz y oportuna y toda la colaboración que requiera la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y añade que “[…] Tratándose de los particulares que no suministraren la información requerida, serán sancionados con las multas y sanciones previstas en esta Ley”.
Así, del análisis expuesto en la presente Resolución se determina que el operador económico JEDESCO S.A., tenía la obligación legal de prestar la debida colaboración con la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, a través de la entrega de la información requerida, la cual debe cumplir con tres requisitos, éstos son que sea: verdadera, veraz y oportuna.
Por consiguiente, esta Comisión estima que suministrar información oportuna es entregarla dentro de los términos concedidos para ello, en el caso sub judice en el término de setenta y dos horas, según el segundo requerimiento formulado por la Intendencia de Control de Concentraciones y, no hacerlo dentro de estos términos es no suministrar la información.
8.3.- Adicionalmente, tenemos certeza que el responsable de la inobservancia del artículo 50 de la LORCPM es el operador económico JEDESCO S.A. quien no entregó oportunamente (en el término de setenta y dos horas) y en las condiciones requeridas (formato físico y digital) la información solicitada por la Intendencia de Control de Concentraciones, en consecuencia para la aplicación de la sanción que le corresponde se estará a lo previsto en el penúltimo inciso del artículo 79 de la LORCPM considerando que la RBU en el año 2014 estaba determinada en USD 340 (TRESCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 00/100).
8.4.- Finalmente, esta Comisión a fin de cumplir con el principio de proporcionalidad determinado en el artículo 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, considera que es relevante precisar que el volumen de negocio del operador económico JEDESCO S.A., correspondientes a los años 2013 y 2014 ascienden al valor de: 28.038.610 y 4.568.157 Dólares de los Estados Unidos de América, respectivamente.
NOVENO.- DECISIÓN.- La Comisión de Resolución de Primera Instancia en uso de las atribuciones previstas en los artículos 50 y penúltimo inciso del 79 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado,
RESUELVE:
Ab. Juan Emilio Montero Ramírez Dr. Agapito Valdez Quiñonez
PRESIDENTE COMISIONADO
