Dado que algunas de las Partes son competidoras entre sí y que dentro de esta concentración existen factores que pueden facilitar la coordinación, como la frecuencia y oportunidad de intercambio de información, y la presencia de vínculos estructurales entre sí, la Fiscalía estimó relevante determinar: (i) si la implementación de la Operación posibilita la utilización de la Plataforma del JV como una forma de traspaso y acceso a información comercial sensible y estratégica de competidores, clientes y/o proveedores; y (ii) si las instancias de administración conjunta del JV podrían facilitar el acceso o intercambio de información comercial sensible entre las Partes que la componen y devenir en un posible comportamiento coordinado.
En cuanto al uso de la Plataforma del JV para intercambiar información comercial sensible, la Fiscalía señaló que, si bien la Plataforma tiene como objetivo el intercambio de datos entre los distintos actores de la industria automotriz, el joint venture no tendrá acceso ni almacenará los datos intercambiados mediante la Plataforma. Esto pues no se formará un “pool” de almacenamiento de datos, sino que éstos se transferirán directamente de usuario a usuario.
Así también, se refirió a que los usuarios de la Plataforma no podrán acceder a información calificada como comercialmente sensible y destacó que, a pesar de que la información intercambiada no reviste este carácter, la Plataforma incluirá salvaguardas, tales como disposiciones contractuales (términos y condiciones generales de la Plataforma), barreras técnicas (acceso restringido a datos sensibles desde el punto de vista de la competencia) y medidas organizativas (separación de las infraestructuras informáticas). Según los documentos de la Operación evaluados por la División, los mecanismos mencionados anteriormente estarían enfocados en garantizar que las actividades del JV se ajusten a la legislación de competencia.
Junto con ello, señaló que la información que se transferirá mediante la Plataforma ya se transfiere actualmente entre los agentes activos en los diferentes segmentos de la industria automotriz. En este sentido, la Plataforma del JV permitirá que estos intercambios se hagan de forma estandarizada y no discriminatoria en el futuro.
Por estos motivos, la Fiscalía descartó que la utilización de la Plataforma en cuestión facilite la coordinación entre las Partes u otros competidores.
En cuanto a la administración conjunta del joint venture, la Fiscalía consideró necesario verificar si la estructura de éste contemplaba salvaguardas suficientes que pudieran prevenir que dicha Plataforma se transforme en una instancia de comunicación entre las Partes, clientes y/o proveedores que se encuentran dentro de un mismo proceso productivo.
Al respecto, señaló que, de acuerdo a la información reunida, la participación de las Partes en instancias de administración será, en principio, poco habitual. Según indicó en el Informe, la administración del JV estará compuesta por el comité de administración y la junta de accionistas, estando el primero formado por dos directores ejecutivos designados por la junta y, esta última, compuesta por un representante de cada accionista con derecho a voz y voto, y cuyas reuniones se realizarán al menos dos veces al año.
Adicionalmente, se refirió a que las Partes habrían dejado previamente establecido el tipo de información que se podría y no se podría intercambiar entre los diferentes miembros de la administración del JV, excluyendo de ello la información que podría calificarse como sensible o estratégica.
Considerado lo anterior, la Fiscalía estimó que, en principio, las instancias de comunicación adicionales entre las Partes que administran el JV no constituirían una instancia diferente a la situación actual, donde los agentes activos en la industria automotriz ya intercambian cierta información no sensible, pero sin mediar una plataforma adecuada para ello.
De esta forma, la FNE concluyó que, de perfeccionarse la Operación y constituirse el JV, no se observaría que ello facilite una posible coordinación entre las Partes, ni que la Operación sea apta para reducir sustancialmente la competencia
