En primer lugar, se determinaron las participaciones de mercado y los eventuales cambios en el índice de Herfindahl – Hirschman (“HHI”) producto de la Operación, en el segmento de rentas vitalicias (diferenciando entre vejez, invalidez y sobrevivencia) y también en su conjunto, a nivel nacional. Para determinar la participación de cada compañía se utilizó como métrica la prima única y el número de pólizas contratadas (con información de la CMF para el año 2022).
La Fiscalía concluyó que la Operación generaría aumentos de concentración de mercado que se encuentran por debajo de los umbrales establecidos en la Guía. En efecto, el máximo que alcanzaría el cambio (o “delta”) en el índice HHI producto de la Operación sería de 0,25 puntos (en el mercado de renta vitalicia de sobrevivencia), mientras que el HHI post fusión en el mismo segmento sería de 1.717 puntos, encontrándose así por debajo de los umbrales de la Guía. En consecuencia, se descartó la necesidad de un análisis más profundo.
Por otro lado, la Fiscalía efectuó un análisis sobre posibles restricciones accesorias presentes en el contrato de compraventa de acciones suscrito por las Partes. En concreto, la FNE hizo referencia a dos cláusulas específicas relacionadas con la no contratación entre los empleados de cada Parte. La primera cláusula, proponía que las Partes no podían —directa o indirectamente— solicitar el empleo o contratar a personas que sean empleadas o involucradas en las actividades de la otra Parte, por un plazo de 3 años (“Cláusula de No Solicitación”). La segunda cláusula, estipula que por el periodo de un año luego de la terminación de los servicios provistos bajo el acuerdo de servicios transitorios, las Partes no podrán —directa o indirectamente— solicitar el empleo o contratar a personas que sean empleadas o involucradas en las actividades de la otra parte (“Cláusula de No Solicitación del TSA”).
Si bien la FNE determinó que las cláusulas sí serían proporcionales en términos de su alcance material y geográfico, señaló que la Cláusula de No Solicitación no sería proporcional en cuanto a su alcance temporal. Esto, considerando que el periodo de 3 años excede el tiempo que el TDLC y la FNE han estimado como aceptable en decisiones anteriores (que es de 2 años). Además, no se habría acreditado que la Operación implique un traspaso de know-how que justifique la duración en comento.
Debido a lo anterior, con fecha 14 de noviembre de 2023, las Partes presentaron una propuesta para modificar dicha cláusula, en la que reducía su alcance temporal a dos años. Esta medida fue aceptada por la Fiscalía.
