La FNE consideró que la influencia decisiva que Ultramar adquiriría en el TPA con posterioridad a la operación presentaba preocupaciones desde el punto de vista de libre competencia, consistentes en una posible utilización por parte de Neltume de su posición en el TPA para beneficiar agentes de nave y navieras pertenecientes al grupo Ultramar, en perjuicio de las otras (riesgos verticales).
La FNE advirtió también sobre otros riesgos horizontales, que decían relación con acceso a información comercialmente sensible de competidores y bloqueo de clientes para favorecer al TPA en perjuicio de terminales portuarios cercanos. Los primeros fueron descartados durante la fase 1, por considerar que no se vislumbraban cambios relevantes en la información que manejaría Neltume y sus relacionados luego de la operación. Sobre la posibilidad de desviar demanda desde otros terminales hacia el TPA, se descartó en atención a la baja sustituibilidad del TPA respecto de otros puertos.
La FNE analizó si Ultramar contaba con habilidades e incentivos para ejecutar conductas a favor de las entidades relacionadas a su grupo, que produjeran efectos anticompetitivos (bloqueo de insumos). Sobre la habilidad, la FNE señaló que ésta dependía de la existencia de poder de mercado, lo que se verificaba en el caso ya que no había sustitutos al TPA. Con relación al poder de mercado, la FNE señaló que éste podía estar limitado por los resguardos regulatorios, y por contrapesos a la influencia de Ultramar en la estructura societaria del TPA. Respecto de los primeros (resguardos regulatorios), concluyó que no eran suficientes para descartar, por sí solos, la posibilidad de discriminación en contra de usuarios no relacionados. Respecto de los segundos, se estimó que Belfi y Atco (que entró a la propiedad de Neltume Ports S.A.) podían tener incentivos para limitar el actuar de Neltume en el TPA, no obstante, no se demostró que hayan tenido la capacidad de hacerlo.
Sobre la existencia de incentivos para que Ultramar llevase a cabo cierres de insumo, la FNE analizó la entidad de las ganancias y pérdidas que enfrentaría Ultramar de hacerlo, para cada uno de los segmentos relevantes: agenciamiento de naves y naviero.
En cuanto al agenciamiento de naves, la Fiscalía distinguió entre el agenciamiento realizado a naves que ofrecen servicios de línea y el realizado a naves cuyos servicios son spot. Respecto del primero, concluyó que, dada las relaciones estables entre navieras y agentes de nave, y que el terminal de Arica corresponde sólo a uno de los terminales que puede estar involucrado en las negociaciones, las acciones que podía ejecutar en este terminal para beneficiar a Ultramar Agencia probablemente no le permitirían aumentar de manera sustancial su cantidad de clientes en este segmento, por lo que sus pérdidas superarían al beneficio de llevar a cabo las prácticas anticompetitivas.
Respecto del segundo, concluyó que, dado que los agenciamientos se centran en clientes con quienes no sostienen relaciones de largo plazo, y que se encuentren en un terminal en específico, resultaba más plausible que se materializaran acciones con objeto de promover la contratación de agentes de naves relacionados. No obstante lo anterior, terminó razonando que no resultaba probable un cierre de insumo, dado que las agencias de nave que prestan servicios a navieras spot también tienen contratos con navieras de línea, por lo que, en la práctica, estos dos tipos de servicios están estrechamente relacionados desde el punto de vista de la oferta, de manera que una acción de sabotaje focalizada en agentes que atienden navieras spot no resultaría posible.
En cuanto al segmento naviero, la FNE señaló que, si bien teóricamente podía existir un incentivo para Ultramar de beneficiar a MSC Naviera, en el caso en cuestión, este incentivo no se traducía en una reducción sustancial a la competencia atendida la limitada habilidad para efectuar esta práctica, derivada de una incapacidad real de Ultramar para controlar las decisiones competitivas de TPA, aspectos regulatorios que limitan el actuar del TPA (restricciones para la discriminación de precios y precios máximos respecto de servicios básicos) y existencia de otros oferentes para servicios especiales, entre otros.
