La FNE ya ha venido elaborando criterios comunes de análisis de control de operaciones de concentración en esta industria en fusiones recientes (por ejemplo, TerraForm Power/Orion F91-2017 y AES Gener/Angamos/Chilquinta F154-2018). En este caso, revisó las áreas de superposición entre las partes que se generaban con ocasión de las operaciones en los tres segmentos antedichos y determinó participaciones de mercado y condiciones de competencia en la dimensión horizontal, y añadió una detallada evaluación de posibles riesgos verticales.
En la dimensión horizontal, la FNE descartó riesgos en el segmento de transmisión. Para ello, determinó el escenario que maximizase la participación de las partes y el cambio en los niveles de concentración, que correspondía a la segmentación por líneas de trasmisión nacionales, zonales y dedicadas. En este sentido, descartó riesgos por ausencia de superposición en las líneas dedicadas. En el sistema de transmisión nacional, con datos públicos del Coordinador Eléctrico Nacional, la autoridad constató que la participación conjunta de Eletrans y Transemel era reducida (6%) y que el cambio en el HHI quedaba por debajo del umbral de preocupación de su Guía. Aunque aplicando el HHI modificado de O’Brien y Salop, para hacerse cargo de las participaciones cruzadas y minoritarias de los actores en este mercado, los umbrales sí eran sobrepasados. Lo mismo sucedía al analizar la dimensión horizontal a nivel regional, tanto bajo los HHI tradicionales como aplicando el HHI modificado.
A pesar de sobrepasar estos umbrales, la autoridad tuvo en especial consideración la presencia de regulación en el mercado de trasmisión que limita el margen de actuación de los agentes. Las variables de competencia (precio, calidad, acceso o necesidad de expansión) se encuentran reguladas intensamente y sujetas a la supervigilancia de la institucionalidad sectorial.
Analizada en cambio la competencia “por el” mercado de trasmisión, el historial de licitaciones del Coordinador arrojó que Chilquinta participó en 12 proyectos y que SGIDL no ha presentado ofertas durante los últimos 3 años. De hecho, sólo lo ha hecho la entidad Transelec, que no forma parte del grupo empresarial de SGIDL, pero sí está vinculada a SASAC. La FNE revisó entonces las licitaciones en las que coincidieron Transelec y Chilquinta, concluyendo que esto sucedió en 7 oportunidades, aunque siempre hubo al menos un actor adicional en los concursos.
Continuando en la misma dimensión horizontal, la FNE también descartó mayores riesgos en el segmento de generación. Nuevamente evaluó el escenario más conservador – en donde maximiza la participación de las partes y el cambio en la concentración medida a través del HHI- correspondiente a la comercialización y suministro de energía de clientes libres emplazados en la zona de concesión de distribución en el Sistema Eléctrico Nacional. En esta definición los umbrales no eran sobrepasados.
En la dimensión vertical de la operación, la FNE tuvo en vista la relación entre los distintos segmentos, y sumó también la actividad de Tecnored como comercializadora de materiales eléctricos, servicios de medida y otros servicios de ingeniería, y de Electrogas como oferente de servicios de transporte de gas. Las teorías de daño de la FNE –que finalmente descartó- consistieron en: (i) sabotaje de mercado (que el lado transmisor favorezca sus propios activos de generación o la aplicación de subsidios cruzados); (ii) aumento de incentivo de uso estratégico de información de potenciales clientes libres; (iii) bloqueo de insumos en las actividades de Tecnored; (iv) bloqueo de servicio de transporte de gas y petróleo a generadoras en Quintero y Quillota.
El sabotaje de mercado fue descartado como un riesgo que aumentase a raíz de la operación, dado que el incremento de la participación de las partes en el lado de la generación era marginal y la disposición geográfica de las plantas generadoras tampoco era favorable para implementar semejante estrategia.
Sobre el uso estratégico de información de potenciales clientes libres, la FNE tuvo en cuenta que recientemente se habría dictado una norma técnica para promover la entrega de información por parte de las distribuidoras respecto a los clientes libres que pueden optar a una tarifa no regulada. Esta medida, pronta a entrar en vigencia, atenuaría las asimetrías de información que harían probable el riesgo señalado según la autoridad.
En relación al bloqueo de insumos en las actividades de Tecnored, la FNE diferenció los distintos servicios prestados por esta empresa, aunque concluyó que en ninguno de estos mercados tenía habilidad suficiente para incurrir en la estrategia.
Por último, respecto al transporte de gas y petróleo de las generadoras en la Región de Valparaíso, tampoco estimó que las transacciones cambiaban sustancialmente los incentivos preexistentes sobre un eventual bloqueo, ya que la posición de las compradoras en el lado de la generación aumentaba sólo marginalmente.
Como cuestión aparte, la FNE señaló que eventuales vulneraciones del artículo 7 de la Ley General de Servicios Eléctricos (que regula aspectos de integración, relaciones de propiedad y giro de las empresas del sector) a raíz de la transacción quedaban fuera del ámbito de su análisis de competencia. Por este motivo, resolvió oficiar también a la Superintendencia de Electricidad y Combustible como autoridad competente.
