Nuevas reformas para fortalecer la persecución de carteles

Jaime Barahona Urzúa Abogado de la Universidad Diego Portales, cuenta con estudios de post grado en la Pontificia Universidad Católica de Chile (Magister en Derecho de la Empresa) y programa de Regulación y Libre Competencia en la Universidad de Los Andes. Actualmente, se desempeña como ministro titular del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Previo a ello fue abogado senior en el estudio jurídico Guerrero Olivos, a cargo del equipo de libre competencia. Fue Sub Fiscal Nacional Económico entre los años 2006 a 2014, así como Secretario Abogado del TDLC entre 2004 y 2006; y anteriormente desde 1999 a 2003 Secretario de la ex Comisión Resolutiva Antimonopolios. Ha sido profesor de derecho de la libre competencia en la Universidad Diego Portales y en la Universidad Mayor, entre otras instancias.

Alejandra Leiton Rodríguez Abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene un Master of Arts de la Universidad Kings College London, un diplomado en Fusiones y Adquisiciones de la Universidad de Los Andes y un diplomado en Libre Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente es abogada en el estudio jurídico Guerrero Olivos.

Los autores analizan el contenido del proyecto de ley anti-colusión presentado por el ejecutivo en marzo de este año, sus alcances y los factores que influyeron en su presentación. A pesar de que existen observaciones que se pueden realizar al proyecto, a modo de conclusión, afirman que éste constituye un hito significativo para dotar a la FNE de nuevas herramientas, que le permitan detectar evidencia de aquellos acuerdos que no constan en antecedentes escritos, correos electrónicos ni en conversaciones telefónicas, en beneficio de una labor más eficaz.

No obstante, del resultado del anterior análisis existen observaciones que se pueden formular al Proyecto. En efecto, cabe destacar que, en la figura del delito agravado de colusión, la enunciación que incluye la gravedad del perjuicio causado a los consumidores por la conducta antijurídica, no contribuye a aclarar la definición de bien o servicio de primera necesidad. Esta presunción, podría generar espacios de litigación para sostener que este delito exige un resultado, incluso en el delito base.