Newsletter
Suscríbete a nuestro Newsletter y entérate de las últimas novedades.
Desde hace 107 años, en México los monopolios están prohibidos por mandato constitucional. En 1917, la nueva Constitución (aún vigente y reformada), prohíbe los monopolios y las prácticas, tanto monopólicas como aquellas que restringen el funcionamiento eficiente de los mercados, en términos de la ley reglamentaria. Antes de 1993, la persecución y sanción a monopolios fue mínima y el concepto de competencia económica limitado o inexistente. Era otro México y el concepto de competencia estaba distorsionado. En 1993, dicho paradigma cambió radicalmente con la Ley Federal de Competencia Económica, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (“TLCAN”) y una nueva generación de funcionarios públicos y practicantes que contribuyeron al nacimiento de una era de competencia económica en México. Fue el nacimiento de una época moderna de nuestra política de competencia, la cual se iría refinando y fortaleciendo con las mejores prácticas internacionales y con ajustes constitucionales para garantizar su autonomía.
En 2023, se cumplieron 30 años de la entrada en vigor de la primera ley -en sentido estricto-, de competencia. Su publicación original (1993) derivó de los compromisos adquiridos por México al ser signatario del TLCAN de 1994. Por su parte, la actual Comisión Federal de Competencia Económica (“Cofece” o “Comisión”) cumplió 10 años de su creación como el órgano constitucionalmente autónomo encargado de promover, proteger y garantizar la competencia y libre concurrencia en México.
«Al amparo del T-MEC, la extinción de la autonomía constitucional de nuestras autoridades de competencia parece más como un debilitamiento que como acciones específicas que permitan el aumento de la competencia para beneficio de los consumidores, lo cual resultaría en un incumplimiento con el tratado.»
Como antecedente, la primera Ley Federal de Competencia Económica se publicó en 1992, la cual entró en vigor en 1993 y con ella se crea un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Competencia, también conocida como CFC. Esta ley y autoridad marcaron un hito para el desarrollo en México como parte del esquema jurídico necesario para garantizar eficiencia en los mercados después de la privatización y desconcentración de la economía mexicana. Fue una época en la que existieron reformas torales que, entre otros aspectos, fomentaron la inversión privada y las exportaciones, promovieron la apertura comercial de economías semi-industrializadas; cancelación de subsidios crediticios y programas de fomento industrial −exceptuando a aquellos ligados con el sector de maquila− y liberación de mercados financieros.
Bajo un contexto económico y político diferente al de 1993 y tras el inicio de la recuperación de la crisis financiera de 2008, el 2013 en México se impulsaron las llamadas “Reformas estructurales” del gobierno en ese momento en curso. Al amparo de estas reformas se promulgó la reforma constitucional que dio pie a la creación de una nueva Ley Federal de Competencia Económica (“LFCE”) y la creación de dos organismos constitucionalmente autónomos encargados de la protección de los mercados: Cofece y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (“IFT”), autoridad en materia de competencia para los sectores de telecomunicaciones y radiocomunicación.
Esta reforma incluyó facultades que fortalecieron a la autoridad de competencia mexicana y que buscaron la creación de una política de competencia formal y comprometida en la protección del correcto funcionamiento de los mercados a través de las mejores prácticas internacionales y estrategias a largo plazo.
Desde su creación, el esfuerzo realizado por Cofece es perceptible de manera social a través del fortalecimiento a las dinámicas y escenarios competitivos en los mercados, pero también es perceptible en términos económicos. En esta década Cofece −en el ejercicio de sus facultades preventivas− ha analizado más de 1,500 concentraciones que ascienden a un impacto de aproximadamente 22 billones de pesos mexicanos[1]. A través de sus facultades sancionadoras, Cofece ha investigado y sancionado agentes económicos por más de 14,000 millones de pesos mexicanos provenientes de empresas y personas físicas que, en su momento, llevaron a cabo conductas anticompetitivas[2]. A lo largo de estos 10 años, Cofece ha logrado generar un beneficio de aproximadamente 34,502 millones de pesos mexicanos[3].
Las actuaciones de Cofece han sido y son de gran importancia para el desarrollo económico de los mexicanos. Ha sido una institución de primer nivel y, en muchos aspectos, un ejemplo de que se pueden tener instituciones de calidad en México. Se destacan los siguientes casos que mediáticamente han representado un antes y un después para los mercados relacionados, así como aquellos en los que la actuación de Cofece ha generado un beneficio para los consumidores:
Los casos anteriores son una muestra significativa de las importantes actuaciones que ha tenido Cofece desde su creación en 2013 y hasta hoy en día. Cofece y la LFCE han tenido un efecto virtuoso que ha servido de inspiración a muchos países del continente americano para aprender de la experiencia mexicana. A su vez, México modeló su ley de experiencias y principios de Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente.
Naturalmente y siguiendo las tendencias de los mercados, las actuaciones de las autoridades de competencia económica mexicana han evolucionado sustancialmente. Se destaca, por ejemplo, la creación de la Dirección de General Mercados Digitales de Cofece el 3 de julio de 2020. Esta Dirección es la encargada de analizar el desarrollo de los mercados digitales y las implicaciones que estos tienen para la política de competencia mexicana.
La rápida evolución y fortalecimiento de las autoridades de competencia en México se detuvo en un contexto de cambio de gobierno en 2018. El cambio de Poder Ejecutivo Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador a partir de diciembre de 2018, generó, al menos para Cofece como organismo constitucional autónomo (“OCA”) −sin excluir a otros OCAs como el IFT o el Instituto Nacional de Transparencia, entre otros−, un ambiente de incertidumbre respecto a su autonomía y facultades competenciales.
En este contexto, desde 2018 la Cofece –así como otros OCAs– han sido sujetos de continuos ataques públicos y recortes presupuestales por parte del Ejecutivo federal. Desde 2018, Cofece tuvo un recorte presupuestario de aproximadamente 11%. La narrativa del Ejecutivo federal se centró en sugerir que, al estar capturados por intereses privados, los organismos como Cofece van en contra del bienestar social que el gobierno promueve y garantiza.
Al realizar una búsqueda en uno de los motores de búsqueda más grandes actualmente (www.google.com) es posible encontrar que las referencias “AMLO COFECE” arrojan más de 180,000 resultados, entre notas periodísticas, información sobre las conferencias matutinas del Presidente López Obrador, columnas de opinión o foros de debate al respecto.
Así, en febrero de 2020, el entonces coordinador del partido político Morena, Ricardo Monreal, propuso la fusión de las autoridades de competencia −Cofece e IFT− además de la Comisión Reguladora de Energía, para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (“Inmecob”). Esta entidad tendría como función principal ser el único organismo regulador de los mercados, telecomunicaciones y sectores energéticos, lo cual, según su dicho, hubiera generado importantes eficiencias en cuanto al presupuesto público. El Inmecob nunca vio la luz y en junio de 2020, tras importantes críticas de otros partidos políticos, expertos en la materia y organismos internacionales, Monreal retiró su iniciativa de reforma.
La situación de Cofece se agravó en 2021 al tener su Pleno 3 lugares vacíos de los 7 que lo integran. El Ejecutivo federal tuvo en su encargo proponer a los nuevos 3 Comisionados que ocuparían un nuevo cargo en el Pleno de la Comisión; sin embargo, no fue hasta que la Suprema Corte de Justicia ordenó en noviembre de 2022 que el Presidente López Obrador debía proponerlos. Las consecuencias de la falta de nombramientos en el Pleno fueron sustanciales y tangibles. Un ejemplo fue la suspensión de dos procedimientos sobre barreras a la competencia: mercado de combustibles para aeronaves y sistemas de pagos que involucren Cámaras de Compensación. En febrero de 2023, con el nombramiento de Rodrigo Alcázar y Giovanni Tapia como Comisionados, el Pleno de Cofece pudo retomar los procedimientos suspendidos por falta de quórum y, a partir de marzo 2023 con el nombramiento de Andrea Marván como Comisionada −después nombrada Comisionada Presidenta−, Cofece por fin tuvo su Pleno completo.
Hoy tenemos una nueva discusión y un nuevo panorama: en febrero de 2024, el Ejecutivo federal envió un paquete de iniciativas de reformas constitucionales con el que busca la desaparición de OCAs para su integración a diferentes secretarías del Estado, entre ellos Cofece e IFT. En términos generales, la reforma propone la desaparición de Cofece para integrar sus funciones a la Secretaría de Economía, y la desaparición del IFT para integrar sus funciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Esto representa la desaparición del blindaje constitucional que tienen ambas autoridades de competencia. Ambos organismos perderían su naturaleza constitucional autónoma y posiblemente volverían a ser órganos desconcentrados −tal y como lo fueron de 1992 a 2013−.
Bajo este panorama, la discusión es oportuna y trascendental ante el cambio de gobierno próximo en octubre 2024 y la entrada de un nuevo Ejecutivo federal, liderado por primera vez por una mujer: Claudia Sheinbaum. Su entrada al poder no solo se ve envuelta en un cambio paradigmático respecto de la igualdad y techo de cristal, además se desenvuelve en las elecciones históricamente más grandes de México. En junio de 2024, por primera vez se renovaron más de 20 mil cargos locales, estatales y en el Congreso de la Unión.
El resultado de las elecciones del 2 de junio de 2024 dio una victoria al partido político Morena y sus partidos aliados, los cuales son encabezados por Andrés Manuel López Obrador y brindan su apoyo totalitariamente a la hoy electa presidente, Claudia Sheinbaum, quien con aproximadamente el 60% de los votos, además logró importante representación en el Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senadores).
A la fecha de publicación de esta columna de opinión, la representación en el Congreso de la Unión, en la que Morena y sus aliados obtuvieron una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, estratégicamente cuentan con una hipotética mayoría calificada en la Cámara de Senadores ya dio su primer golpe, la reforma judicial.
Hoy, la materialización de estas reformas parece más una realidad que una posibilidad y con ellas, lo que parecería ser un importante retroceso en la política de competencia mexicana y el fomento del beneficio al consumidor en todos los sentidos, ¿qué sigue? y ¿cuáles serían las consecuencias de esta reforma?
Existen expectativas sobre posibles incumplimientos a tratados internacionales, en específico el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (“T-MEC”). Por otra parte, se estima un debilitamiento de la política de competencia mexicana debido a la posible alineación con incentivos e intereses gubernamentales, más que con una efectiva garantía de las dinámicas de mercado.
En específico, existen posibles riesgos en cuanto a la inversión extranjera en México. La naturaleza autónoma de nuestras actuales autoridades de competencia fomenta las inversiones y dota de seguridad la entrada de inversionistas extranjeros a nuestro país debido a que la política de competencia que nos rige ha garantizado y promovido el correcto funcionamiento de los mercados de manera eficiente.
A su vez, la nueva ronda de negociaciones del T-MEC se acerca −2026− y con ella se espera un fuerte foco de atención al actual Capítulo 21 – Política de Competencia. A nivel internacional la política de competencia juega un papel de gran relevancia. Este capítulo del T-MEC establece que los países firmantes del tratado mantendrán leyes de competencia que prohíban conductas anticompetitivas, promuevan la competencia y permitan el aumento de la competencia para beneficio de los consumidores.
Al amparo del T-MEC, la extinción de la autonomía constitucional de nuestras autoridades de competencia parece más como un debilitamiento que como acciones específicas que permitan el aumento de la competencia para beneficio de los consumidores, lo cual resultaría en un incumplimiento con el tratado.
Más aun, hoy en día nuestra política de competencia está revestida constitucionalmente para buscar −a través de principios jurídicos y económicos− el mayor beneficio para los consumidores. Así, la política de competencia busca alinearse con principios de mercado y económicos que generen dinámicas competitivas.
Regresar a un esquema en el que nuestras autoridades de competencia responden al Ejecutivo federal a través de organismos estatales, como lo que ya se vivió y evolucionó, debilita la economía mexicana y genera incertidumbre para los inversionistas nacionales y extranjeros. Además, como individuos plantea un debilitamiento y retroceso respecto de nuestras instituciones, autoridades y garantías constitucionales.
La política de competencia, tal y como lo son los mercados, debe ser dinámica y perseguir la eficiencia de los mercados trasladable en beneficios a los consumidores. Una política eficiente debe estar alineada con una estrategia que no busque dar cumplimiento a los gobiernos en turno, sino que además efectivamente vele por los intereses de los consumidores.
Hoy, más que nunca el futuro de nuestra política de competencia y su desarrollo o evolución es incierto. Si bien es cierto una parte de nuestro papel como ciudadanos es dar cumplimiento a lo establecido en las leyes, ante esta incertidumbre y posible cambio de paradigma constitucional, resulta más necesario que nunca que nos involucremos −tanto como nos sea posible− en proteger los avances que ha tenido la política de competencia en México. Protejamos lo que tantos años tardó en gestarse.
–
[1] Comisión Federal de Competencia Económica. “Cofece en números 2023”. México, 2024.
[2] Comisión Federal de Competencia Económica. “La política de competencia económica en México: Retrospectiva, balances y retos”. México, 2023.
[3] Ibidem.
