Postura de Agencias de Competencia a raíz del Covid-19

3.04.2020

Los efectos que ha generado la expansión del coronavirus en la economía mundial han desencadenado diversas reacciones por parte de las autoridades de competencia alrededor del globo. Mientras algunas han decidido adoptar una postura más agresiva de enforcement de las normas de competencia, otras han anunciado el relajamiento de esta legislación para permitir que los mercados puedan hacer frente a la crisis económica.

En esta nota presentamos una actualización del análisis hecho por CeCo el 27 de marzo pasado sobre las diversas posiciones que han adoptado las autoridades de competencia ante la crisis propiciada por el brote del Covid-19 (ver aquí).

Modificación del normal funcionamiento de las autoridades

Entre algunas de las autoridades que recientemente han anunciado una modificación en su normal funcionamiento debido a la crisis del coronavirus se encuentra la Corte de Justicia Europea (ECJ). En un comunicado el pasado 31 de marzo, la institución señaló que, dada la contingencia, le dará prioridad únicamente a aquellas causas de naturaleza urgente. Asimismo, la ECJ anunció que los plazos para iniciar procedimientos y presentar apelaciones seguirán corriendo, sin embargo, los plazos de los procedimientos en curso, con la excepción de los procedimientos urgentes antes mencionados, se extenderán por un mes más.

Por su parte, la Corte General de Justicia de Europa anunció el pasado 2 de abril que también le dará prioridad a los casos particularmente urgentes.

En términos de la aplicación sustantiva de la normativa de competencia, las reacciones de las autoridades han seguido apuntado a distintas preocupaciones.

Relajamiento de las leyes de competencia

Por el lado de los países que han decidido relajar las normas de competencia a partir de la crisis del Covid-19, el gobierno de Noruega ha concedido una autorización al sector de transporte durante tres meses para mantener operativo el transporte de pasajeros en dicho país, aunque ello implique alguna transgresión a la normativa de competencia, sea carteles u otras prácticas.

Por su parte, la autoridad de competencia australiana (ACCC) ha otorgado nuevas autorizaciones para permitir que empresas competidoras se coordinen en diversas industrias sólo durante el tiempo que dure la pandemia.

Estas nuevas autorizaciones se han otorgado a la industria de los supermercados (para asegurar abastecimiento de productos), la industria aeronáutica (para que dos aerolíneas coordinen sus vuelos regionales más importantes), a la industria farmacéutica (para facilitar la distribución de medicamentos esenciales y productos farmacéuticos), a la industria de telecomunicaciones (para que empresas proveedoras coordinen la mantención y operación de las redes y ayuden a consumidores y pequeñas empresas), y a las aseguradoras y corredoras (para implementar medidas de rescate a pequeñas empresas).

Las excepciones otorgadas por la ACCC deben ser, en todo caso, matizadas por un comunicado emitido el 26 de marzo, en el que la autoridad transparentó sus objetivos y prioridades frente a la pandemia. En su declaración, la entidad enfatizó que su objetivo es que los cambios en el escenario de la competencia derivados de la crisis sean temporales y que seguirá fortaleciendo la competencia en la medida en que la economía se recupere. El mismo mensaje fue transmitido por el director de la autoridad, quien el 30 de marzo señaló que la competencia jugará un rol crítico en la recuperación de la economía luego de la pandemia.

En su comunicado, la ACCC también indicó que, en el contexto de la pandemia, enfocará sus esfuerzos en perseguir cualquier conducta de empresas que busque aprovecharse de la crisis, ya sea para mejorar indebidamente su posición o perjudicar a los consumidores.

Con todo, la autoridad agregó que además buscará minimizar la carga regulatoria de sus medidas de aplicación del derecho (enforcement) lo más posible, y considerará cuidadosamente el impacto en las empresas que ya están bajo presión al tomar sus decisiones. En este sentido, la ACCC reconoció que algunos plazos para revisar operaciones de concentración deberán ser extendidos, pero también que algunas fusiones deberán ser revisadas con urgencia para hacer frente a la pandemia.

En nuestra región, el 27 de marzo, la autoridad de competencia de México (COFECE) anunció que no perseguirá los acuerdos de colaboración entre empresas que sean necesarios para mantener o incrementar la oferta, satisfacer la demanda, proteger las cadenas de suministro o evitar la escasez o acaparamiento de mercancías en el contexto actual, siempre que éstos no tengan por objeto desplazar a competidores.

La autoridad mexicana también señaló que apurará sus análisis de concentraciones que se presenten para hacer sinergias y agregar capacidades de producción para satisfacer de manera oportuna y suficiente las necesidades derivadas de la crisis del coronavirus.

Con todo, en la misma declaración, la COFECE anunció que revisará los mercados en donde observe incrementos indiscriminados de precios para evaluar y/o descartar la existencia de posibles arreglos entre competidores. En este contexto, hizo hincapié en que, en las circunstancias actuales, resulta particularmente grave cualquier acuerdo entre competidores para manipular precios, restringir el abastecimiento de bienes y/o servicios, segmentar mercados, así como coordinar posturas o abstenerse de hacerlas en licitaciones.

De hecho, luego de esta declaración, el 30 de marzo, la autoridad mexicana envió una prevención a la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera por un aumento en el precio de sus productos, que, según COFECE, podría deberse a un acuerdo entre competidores.

Un día después, la autoridad mexicana envió una advertencia a la Asociación Nacional de Desarrolladores Inmobiliarios, dado que, con motivo de la pandemia, la agrupación promovió que sus miembros otorguen descuentos a sus arrendatarios. COFECE advirtió a la agrupación que esta cuestión no sería anticompetitiva salvo que establezcan cuotas o descuentos máximos a otorgar a los locatario o inquilinos o se intercambie información entre competidores con el objeto o efecto de realizar la conducta descrita.

Por último, COFECE se ofreció a responder consultas “de inmediato” respecto a cualquier actividad o acuerdo de competidores y su compatibilidad con la ley de competencia.

Vigilancia reforzada de la competencia

Otras autoridades también han seguido reforzando su vigilancia en el cumplimiento de las leyes de competencia en el contexto de la crisis.

Así, por ejemplo, el 26 de marzo, la autoridad de competencia de Suiza anunció que la aplicación y deber de cumplimiento de la ley de competencia se mantiene aún en durante la crisis del coronavirus. La entidad enfatizó que el contexto actual no constituye una razón o justificación para que las empresas violen la ley de carteles del país, norma que debe ser respetada incluso si la crisis conduce a una mayor necesidad de cooperación.

Por su parte, el 31 de marzo, la autoridad de competencia de España (CNMC) anunció la creación de un buzón especial para denuncias y consultas relacionadas exclusivamente con la aplicación de las normas de competencia en el contexto del Covid-19. La CNMC destacó que éste será un canal específico para cualquier denuncia por conductas anticompetitivas en el contexto de la pandemia, como precios excesivos o acuerdos anticompetitivos entre competidores.

En dicho contexto, la autoridad indicó que la crisis podría llevar a las compañías a diversas formas de cooperación para facilitar el suministro de los productos esenciales y/o distintas prácticas anticompetitivas, especialmente referidas a precios, que no pueden explicarse por las condiciones de oferta y demanda del mercado. Todo esto podría ocurrir en diversos sectores, pero especialmente en el sector de material sanitario y servicios funerarios o crematorios.

Sin embargo, el buzón también lo podrán utilizar empresas que quieran consultar posibles acuerdos con otros operadores (incluidos competidores) para hacer frente a los efectos de la crisis con el fin de evaluar su compatibilidad con las normas de competencia.

También el 31 de marzo, la autoridad de competencia de Grecia lanzó una consulta pública sobre el sector del e-commerce con el fin de evaluar la competencia en dicha industria e identificar prácticas que podrían perjudican a los consumidores. Según la autoridad, esta consulta sería parte de sus acciones para proteger a los consumidores durante el contexto de crisis, dado que el coronavirus ha aumentado significativamente la dependencia del país en los vendedores online, lo que ha acentuado la importancia de este sector para su economía.

Más recientemente, el 1 de abril, la autoridad de competencia de Tailandia advirtió formalmente a las plataformas digitales de delivery de comida que podrían enfrentar multas por cobrar comisiones más altas a medida que aumentan los pedidos de alimentos online por el brote del coronavirus.

Medidas regulatorias ligadas a la pandemia

Las reacciones de las autoridades de competencia no solamente se han enfocado en la aplicación de las normas de competencia, sino también en intervenir en las respuestas legislativas que están otorgando los países a la crisis.

En esta línea, el pasado 2 de marzo, la autoridad de competencia de Brasil (CADE) presentó dos informes técnicos en los que expresó sus preocupaciones por dos proyectos de ley presentados en el Congreso, que proponen la congelación e los precios de los medicamentos y el establecimiento de precios máximos para los productos esenciales para combatir el Covid-19. Según la autoridad, este tipo de medidas podrían generar fuertes efectos negativos si existen aumentos de costos que no pueden ser traspasados a precios, como el desincentivo a la producción, distribución y comercialización de bienes, cuestión que podría derivar en una escasez de productos.

El panorama en los diversos países sigue mostrando los diferentes frentes por los que las autoridades de competencia están tratando de lidiar con los efectos de la pandemia en la economía. En este contexto, las reacciones de autoridades como las de España, México y Australia apuntan hacia relajar las normas de competencia con el fin de hacer frente a la crisis del Covid-19, manteniendo, al mismo tiempo, una vigilancia reforzada de los mercados (especialmente de los precios) en vistas a una esperada recuperación de la economía y la competencia.