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A propósito del debate constitucional actualmente en curso y las elecciones presidenciales que se avecinan en nuestro país, CeCo se propuso explorar las percepciones ciudadanas en torno al sistema económico y la libre competencia en Chile.
Para esto, encargó a la consultora Subjetiva un estudio de opinión para conocer la valoración de la ciudadanía en diversos asuntos del régimen económico en general, así como de aspectos específicos de libre competencia, como la colusión, el control de fusiones y la importancia de las sanciones en libre competencia. Además, incluyó preguntas específicas para identificar los niveles de conocimiento y evaluación de instituciones estatales en el ámbito económico, entre ellas, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC).
La encuesta se realizó de manera online entre el 2 y 19 de agosto del 2021 a hombres (49%) y mujeres (51%) mayores de 18 años del Gran Santiago. En total, se realizaron 1.269 entrevistas y se ponderaron (de acuerdo a datos del Censo 2017 y GSE AIM 2019) por las variables de Género, Edad y GSE.
A partir de la encuesta se constató que existe una distribución similar respecto del rol que debiera cumplir el Estado v/s el mercado en cuanto a definición de precios, regulación de ganancias de las empresas y provisión de bienes y servicios.
Si se agrupan los partidarios del Estado y el mercado en las distintas dimensiones consultadas, cada grupo suma, aproximadamente, un 25%, mientras que el restante 50% se ubica en posiciones intermedias. El grupo “pro-Estado” está compuesto principalmente de personas declaradas de izquierda, mujeres y más jóvenes, mientras que quienes componen el grupo “pro-mercado” son principalmente identificadas con la centro-derecha, hombres y personas mayores.
En la sección Diálogos de nuestro sitio hemos publicado los comentarios y reacciones de quienes estuvieron ligados al proyecto, para profundizar en sus distintos aspectos.
De acuerdo con el Rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Harald Beyer, “estudios de hace algunos años y de similares características llevaban a pensar que el apoyo a la producción estatal era más acotada así como también a la regulación de precios de productos esenciales”. Para el Rector, “quizás lo más sorprendente en esta dimensión no es el pequeño movimiento pendular que ha ocurrido hacia un mayor Estado sino que éste no haya sido más drástico”. En este sentido, Beyer considera que “La próxima elección se quiere presentar como un plebiscito del modelo chileno de las últimas tres décadas, ese “neoliberalismo” que se denuncia de formas muy poco sofisticadas, pero que muchas personas estiman efectivas. Pues bien, a juzgar por los resultados que estamos comentando, no parecen serlo tanto. El éxito en desafiar la economía de los últimos treinta años aún está en entredicho”.
La encuesta demostró que existe una valoración positiva de la libre competencia por parte de la ciudanía. Un 66% de los encuestados considera que la competencia entre empresas es buena. Además, reconocen que esta conlleva beneficios asociados a mejores precios, diversidad y calidad de productos y servicios, innovación y desarrollo. Sin embargo, un 51% de los encuestados piensa que mientras los productos sean baratos y de buena calidad, no importa que haya pocas empresas ofreciéndolos.
Para la académica del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Umut Aydin –quien formó parte de este proyecto- lo anterior sugiere “una cultura de competencia relativamente fuerte en la sociedad chilena”. Según Aydin, “Los encuestados muestran una alta conciencia y valoración de los potenciales beneficios de los mercados competitivos e identifican un importante rol del Estado en la protección de la competencia y sanción a infracciones al derecho de competencia”. En efecto, un 83% de los encuestados piensa que el Estado debe garantizar que todas las empresas compitan en igualdad de condiciones, aún más (86%) en el caso de PYMES que compiten con grandes compañías.
Los encuestados distinguen entre diferentes problemas asociados a la falta de competencia en diversos mercados. En algunos, perciben que los déficits afectan variables como el precio y las alternativas disponibles, mientras que, en otros, la calidad de bienes y servicios.
A juicio de los socios de Subjetiva, Sergio España y Charles Rothery, “el estudio demuestra que la ciudadanía tiene una comprensión e interés por estos temas muchas veces superior a la que se supone. Es capaz, por ejemplo, de diferenciar los problemas de competencia que enfrentan algunos mercados, según la importancia que tienen para sus propias cotidianeidades”.
El estudio refleja que los mayores problemas percibidos por la ciudadanía en materia de precios se encuentran en los productos farmacéuticos (86%), servicios de salud privados (81%) y energía (70%). En el caso de problemas asociados a baja calidad, destacan las AFP (45%) y servicios de telecomunicaciones y acceso a internet (42%), mientras que entre aquellos que cuentan con menores alternativas destacan los servicios financieros (32%) y supermercados (28%).
Existe una opinión mayoritaria contraria a los acuerdos de precios entre competidores. Un 71% de los encuestados considera que las empresas deben determinar sus precios por sí solas, independientemente de otras.
La colusión se percibe como una práctica extendida o muy extendida en nuestro país. Un 52% lo ve de esta manera, mientras que un 34% estima que es una práctica de cierta ocurrencia. El resultado contrasta con la de especialistas en libre competencia encuestados por Deloitte y CeCo en 2020, donde la percepción de la colusión como práctica extendida solo alcanzó un 7%.
De acuerdo con los investigadores Ricardo González y Adolfo Fuentes, del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social de la UAI (LEAS), quienes también formaron parte del proyecto, “si los casos detectados de colusión son inusuales en nuestro país, el hecho de que uno o más casos que afecten la vida cotidiana de las personas se divulgue públicamente puede gatillar el proceso de reflexión que cambie la opinión de las personas, en dirección a generalizar la prevalencia de este fenómeno”. Según el estudio, el 81,71 y 61% de los encuestados ha escuchado hablar de la colusión del papel higiénico, de los pollos y de las farmacias, respectivamente. En este sentido, los académicos creen posible que “la notoriedad de estos casos ayude a explicar la creencia mayoritaria de que la colusión está en todas partes”.
Respecto a las sanciones, el 62% de los encuestados cree que los individuos responsables de una colusión deben ser castigados con cárcel, mientras que solo un 21% considera que se debe sancionar con multas a las empresas. A pesar de percibir la colusión como una conducta que merece sanciones severas, solo un 14% piensa que una persona que es testigo de colusión al interior de una empresa la denunciaría ante las autoridades, una cifra que aumenta a un 46% si se ofrecen recompensas en dinero a quien reporte la infracción.
Para Umut Aydin, “estos números sugieren que mientas los chilenos consideran la colusión como reprochable, es improbable que levanten objeciones si se encuentran con esta práctica en su propio ambiente laboral. Los resultados también indican que las normativas que ofrecen protección a los denunciantes, actualmente discutidas en el Congreso como parte de la Agenda Anti-Abusos del gobierno y que no incorporan incentivos monetarios, probablemente no sean muy eficaces para obtener más denuncias”.
Consultados acerca de operaciones de concentración, un 70% de los encuestados piensa que la compra de una empresa por parte de otra podría aumentar los precios y/o reducir la calidad. Un 21% de manera incondicional y un 49% solo si la empresa fusionada es lo suficientemente grande. Por otro lado, un 78% considera que el Estado debe realizar un control preventivo de fusiones.
Los encuestados muestran un alto conocimiento de instituciones reguladoras y fiscalizadoras, como el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Atención al Consumidor (Sernac), el Banco Central, el Ministerio Público, y la Contraloría General de la República (CGR), las cuales son reconocidas por alrededor del 96% de los encuestados. Sin embargo, sólo un 67% declaró haber oído hablar del TDLC y un 61% de la FNE.
El estudio indica que solo el 18 y 17% de las personas encuestadas evalúa al TDLC y a la FNE con notas entre 6 y 7 (en una escala de 1 a 7), respectivamente. En contraste, un 40, 33, 31 y 29% de la muestra califica con notas en ese rango al Banco Central, al SII, al Sernac y a la CGR, respectivamente.
Según los académicos, los bajos puntajes de las autoridades de competencia pueden ser interpretados de diversas maneras. Para Aydin, “O bien los encuestados no aprueban el desempeño de estas instituciones, o piensan que no han hecho una contribución significativa a la economía chilena, incluso si se desempeñaron bien en sus áreas particulares de responsabilidad”. Por su parte, Ricardo González y Adolfo Fuentes consideran que “algunas personas pueden evaluar positivamente a la FNE y al TDLC en caso de detectar y sancionar un caso de colusión porque están cumpliendo bien con su trabajo, pero puede haber otras que interpreten este hecho como evidencia de que la colusión está ampliamente extendida y por ello, asignan una calificación negativa a ambas instituciones. Es posible también que la diferencia entre uno u otro grupo esté en la atención con la que las personas siguen las noticias económicas, sección en que habitualmente se presentan los datos sobre estas investigaciones”.
El bajo conocimiento y evaluación que presentan las autoridades de competencia en términos comparativos dan cuenta de la necesidad de acercar su trabajo a la ciudadanía. Tal como señala Umut Aydin, estos organismos debieran explicar “a la sociedad en un lenguaje claro, no técnico, qué están haciendo y cómo su trabajo beneficia la vida de los chilenos y salud de la economía chilena”.
Encuesta: Percepciones ciudadanas sobre libre competencia en Chile.
