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*Publicada originalmente en El Mercurio (20 de abril de 2025).
Hoy se cumplen exactamente tres meses del segundo gobierno de Trump y ya parecen eternos. Aún retumba en el mundo ese terremoto de gran escala causado por la imposición de aranceles que redibujan el comercio internacional, fijados por el presidente de Estados Unidos a través de órdenes ejecutivas (OE), que son directivas a sus subordinados del gobierno federal. En el orden interno de ese país, hemos sentido otros movimientos telúricos respecto al financiamiento de su educación superior y en contra de estudios jurídicos radicados en Estados Unidos (Estudios).
La primera estocada a los Estudios es de fines de febrero y se dirige en contra de un socio de Covington & Burling que asesora pro bono a un ex fiscal que investigó a Trump por los documentos clasificados que mantuvo en su poder luego de terminado su primer período y por sus esfuerzos por anular las elecciones del 2020. Trump dictó una OE que deja sin efecto las autorizaciones a ese Estudio para acceder a material confidencial e inhibe la celebración de contratos federales. La OE, de una página de extensión, se funda en una imputación de “instrumentalización del sistema judicial” e incluye a los empleados del Estudio que colaboraron en el caso.
“Lo que está en juego no es baladí: al inhibir o atemorizar a los abogados (en especial a los que trabajan en los Estudios grandes y reputados), se debilita una pieza fundamental del Estado de Derecho”.
A ese temblor, vino un terremoto a principios de marzo. Trump firmó, con ese plumón grueso de color negro, una OE en contra del centenario Estudio Perkins Coie (Perkins). La argumentación para dictarlo se centra en dos hechos. Por un lado, arguye una “actividad deshonesta y peligrosa” del estudio respecto de leyes electorales, haciendo referencia a un expediente que vinculaba a Trump con agentes rusos en las elecciones del 2016. Por el otro, lo acusa de discriminar racialmente en sus políticas de contratación y se hace mención a la seguridad nacional. La OE, además de suspender los privilegios para acceder a documentos confidenciales e inhibir los contratos con el gobierno, hace uso de un arma letal: limita el acceso de todos los socios y empleados de Perkins a edificios y funcionarios federales.
El castigo dejó perpleja a la comunidad jurídica estadounidense. La OE es extensiva a todos los abogados de Perkins, aunque el socio involucrado en el caso ruso se retiró el 2021. La OE paralizó su capacidad para representar clientes, incluso pro bono. Los efectos de la OE se reflejaron rápidamente en los ingresos de Perkins pues varios de sus clientes decidieron dar un paso al costado. Así, Perkins decidió impugnar la OE en tribunales y argumentó la falta de atribuciones del presidente para dictar esa OE, en violación a la Constitución, respecto de la separación de poderes, protección a la libertad de expresión, el debido proceso y al derecho a defensa. Una jueza federal decidió suspender temporalmente la aplicación de la OE, mientras se vea el fondo del asunto, a pesar de los intentos del gobierno de Trump para descalificarla por “imparcialidad y animadversión al presidente”. Otros Estudios siguieron la misma senda y consiguieron paralizar sus respectivas OE.
A fines de marzo, Trump reforzó las OE con un memorándum, en donde instruyó a los fiscales del Departamento de Justicia a prevenir los abusos al sistema jurídico. Refiriéndose al caso de los emails de Hillary Clinton, al expediente ruso, a asuntos de seguridad nacional y temas de asilo, ordenó a los fiscales sancionar a los abogados y Estudios que participan en “litigios frívolos, irrazonables y vejatorios contra los Estados Unidos”.
Trump dictó nuevas OE. El Estudio Paul Weiss decidió negociar y, luego de comprometerse a destinar US$40 millones en trabajo pro bono para causas alineadas con Trump, logró que Trump anulara la OE. Otro renombrado Estudio (Skadden Arps) decidió adelantarse y negociar preventivamente otro acuerdo similar, comprometiéndose a destinar US100 millones a trabajo pro bono y revisar sus políticas de contratación, paso que ha sido imitado por otros Estudios.
Eso ha dado pie para que Trump escriba que “todos se inclinan” y que se jacte que los estudios preguntan “¿Dónde firmo?, ¿Dónde firmo?” (en repetido) y para que su secretaria de prensa asevere que “los grandes bufetes de abogados siguen arrodillándose ante el presidente Trump porque saben que se equivocaron”.
Al día de hoy, el expediente de la jueza del caso Perkins se ha ido engrosando. Ya se agregó un documento en su favor firmado por más de 500 estudios jurídicos (“amicus curia”), aunque no lo hicieron los 20 estudios de mayor facturación. Lo mismo hacen 21 fiscales generales estatales y 17 expresidentes del Colegio de Abogados.
La mayoría de los profesores de las escuelas de derecho de Harvard y Yale (en donde estudiaron los Clinton, Obama e incluso el actual vicepresidente de Estados Unidos) se muestran preocupados por esta política de retribución que daña el “rule of law”, persiguiendo abogados o Estudios por su representación de intereses contrarios al gobierno.
Habrá que esperar a ver en qué termina este terremoto jurídico. Pueden surgir nuevas réplicas. Lo que está en juego no es baladí: al inhibir o atemorizar a los abogados (en especial a los que trabajan en los Estudios grandes y reputados), se debilita una pieza fundamental del Estado de Derecho. No solo porque las personas requieren de abogados para la representación judicial de sus derechos, sino que ellos son necesarios para controlar los actos del Ejecutivo que lesionan a los particulares.
Las consecuencias de estas OE no solo quedan allí. La falta de abogados competentes podría afectar la función del poder judicial, con las consiguientes esquirlas al sano contrapeso que irroga la separación de poderes. Quizás ya el daño está hecho, y el tsunami se viene sí o sí, si aquilatamos el lamento de un ex socio de Paul Weiss y juez retirado, citando a Bertolt Brecht: “desdichada es la tierra que necesita un héroe”.
