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*Esta nota corresponde a una traducción al español de la publicación original de Promarket.org, de fecha 21 de marzo de 2025, realizada en el marco de un convenio de re-publicación suscrito entre CeCo y ProMarket (Stigler Center, University of Chicago Booth School of Business).
Bajo la presidencia de Andrew Ferguson, la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission) ha sorprendido a muchos al continuar con el énfasis de su predecesora en la protección de los mercados laborales. Randy Kim sostiene que, si bien se trata de un avance positivo, hará poco para ayudar a los trabajadores si el presidente Donald Trump no continúa con el enfoque integral de gobierno adoptado por su antecesor. Los primeros indicios sugieren que no lo hará.
Para sorpresa de muchos, la Comisión Federal de Comercio (en adelante, “FTC”) bajo la nueva administración de Trump ha decidido continuar, e incluso ampliar, algunas de las políticas e iniciativas más importantes de la administración anterior. Por ejemplo, durante el mandato de Biden, la FTC intervino ante lo que percibía como una aplicación laxa del enforcement de fusiones, emitiendo nuevas directrices en 2023 que fueron criticadas por muchos actores del sector privado por considerarlas excesivamente restrictivas. Contrario a lo que algunos esperaban sería una postura más flexible de una administración republicana pro-empresa, el presidente de la FTC bajo la administración de Trump, Andrew Ferguson, anunció, dentro de los dos primeros meses de su nombramiento, que las estrictas directrices de fusiones de Biden seguirían vigentes.
Una semana después de anunciar la mantención de las directrices de Biden sobre fusiones, Ferguson emitió una directiva anunciando la creación de una “Mesa de Trabajo Conjunta en Materia Laboral” dentro de la agencia, encargada de investigar y enjuiciar conductas anticompetitivas en los mercados laborales. Aunque limitada a la FTC, esta directiva evoca una Orden Ejecutiva dictada por Biden en 2021, que llamaba a un “esfuerzo de todo el gobierno para promover la competencia en la economía estadounidense”, lo que resultó en un enfoque sin precedentes en los mercados laborales.
En concreto, en respuesta a dicha orden ejecutiva, el Departamento del Tesoro publicó en 2022 un informe respecto al “Estado de la competencia en el mercado laboral”, elaborado en colaboración técnica con el Departamento de Justicia (DOJ), el Departamento de Trabajo y la FTC. La FTC y la División Antitrust del DOJ también intentaron prohibir los acuerdos laborales de no competencia y perseguir los daños a la competencia derivados de la fijación de salarios y los no poach agreements, con resultados mixtos.
La continuidad de Ferguson respecto del énfasis en los mercados laborales de la expresidenta de la FTC, Lina Khan, es bien recibida, pero no puede, por sí sola, revertir el estancamiento de medio siglo en el crecimiento salarial de los trabajadores de bajos ingresos en EE. UU. Para lograrlo, la administración de Trump tendría que mantener el enfoque integral de gobierno que caracterizó a su predecesor. Hasta ahora, hay pocas señales de que así será.
Previo a la administración de Biden, las agencias antimonopolio y los tribunales descuidaron las prácticas anticompetitivas en los mercados laborales. Si bien es difícil medir el efecto económico agregado de estos abusos, se pueden inferir sus plausibles impactos económicos negativos. Por ejemplo, cuando un empleador controla todo un mercado laboral geográfico, como en el caso de una empresa local (“company town”), actúa como un “monopsonista” que puede reducir los salarios o deteriorar condiciones laborales, ya que los trabajadores no tienen alternativas. Los no poach agreements de índole colusoria, entre empleadores competidores en el mercado laboral para no contratar a los trabajadores del otro, de igual manera reducen el poder de negociación de los trabajadores al limitar sus opciones de salida. Las cláusulas de no competencia gravosas también pueden limitar la movilidad laboral, sofocar la innovación potencial y obstaculizar la creación de nuevos negocios. Por último, los acuerdos entre competidores para no aumentar los salarios tienen como efecto mantener los sueldos por debajo de su nivel competitivo. Por lo tanto, los crecientes esfuerzos de enforcement de las agencias contra estas prácticas están justificados.
Sin embargo, de manera aislada, un aumento en el enforcement de las leyes antimonopolio en los mercados laborales probablemente no resultará en mejoras significativas en los salarios estancados, particularmente para los trabajadores estadounidenses empleados en ocupaciones de bajos ingresos.
En primer lugar, muchos estudios han investigado si la concentración del mercado de empleadores en Estados Unidos se correlaciona con las tendencias salariales seculares. Estos estudios han generado conclusiones variadas tanto respecto de cuánta concentración de mercado existe realmente como de qué tan fuerte se correlaciona dicha concentración con los bajos salarios. Algunos estudios encuentran que la concentración de empleadores a nivel local, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas, ha tendido a disminuir. Esto llevó al Departamento del Tesoro a concluir en su informe de 2022 que “la concentración en el mercado laboral es un indicador defectuoso del poder de mercado”.
En otras palabras, si bien la evidencia sugiere que la concentración en el mercado laboral se correlaciona con salarios más bajos, el impacto en la supresión salarial a nivel agregado podría ser insignificante debido a que que la concentración ocurre con mayor frecuencia en zonas menos pobladas, mientras que el trabajador promedio vive en áreas más densamente pobladas con menores niveles de concentración. Por ejemplo, un estudio encontró bajas elasticidades en la oferta laboral (es decir, los trabajadores no abandonan sus empleos cuando se reducen los salarios), aun cuando la participación promedio de mercado por empleador era solo del nueve por ciento. Los empleadores parecen tener poder de fijación incluso en mercados “más densos”, donde el número de empresas debería hacer que los salarios compitan al alza.
En cambio, el estancamiento salarial probablemente se deba más a fallas de mercado inherentes a los mercados laborales que benefician a los empleadores incluso sin la presencia de poder de monopsonio ni de conductas anticompetitivas explícitas. Estas fallas incluyen una variedad de características del mercado laboral, como los tiempos de desplazamiento, que determinan críticamente la elección laboral de los trabajadores y reducen los límites geográficos de los mercados de trabajo. Las preferencias de los trabajadores también diferencian cada oferta laboral potencial en una multitud de atributos tangibles e intangibles del empleador, desde los beneficios de salud y las contribuciones a planes de jubilación, hasta si el trabajador tiene buena relación con su supervisor o disfruta de las cafeterías cercanas. El “emparejamiento” en el mercado laboral se ve aún más restringido por las preferencias de los empleadores respecto de los atributos de los trabajadores. Todo, desde el nivel educativo y la experiencia laboral, hasta la raza, el género, la sexualidad o incluso las afinidades con equipos deportivos, puede influir en los sesgos de los empleadores.
También existen barreras informativas para los trabajadores que buscan cambiar de empleo. Mientras que los consumidores tienen acceso a una gran cantidad de información, como el etiquetado regulado de productos y reseñas en línea, muchos de los atributos importantes de un empleo, como la cultura laboral, son difíciles de conocer sin recurrir a redes sociales poco confiables y sin asumir meses de costos hundidos asociados con investigar, postular, asistir a entrevistas y cambiarse de trabajo. En el otro lado del mercado laboral, los empleadores cuentan con departamentos de recursos humanos, mantienen registros del historial laboral de los empleados y disponen de más recursos para comprender las opciones de salida de los trabajadores, lo que les otorga una ventaja informativa sobre trabajadores y postulantes.
Bajo el hipotético de un mercado laboral perfectamente competitivo, una empresa que reduzca los salarios por debajo de su nivel competitivo debería perder de inmediato al 100% de su fuerza laboral frente a empleadores competidores. Debido a estas fricciones de mercado, un empleador puede obtener ahorros laborales incluso en mercados competitivos, ya que el empleo es pegajoso (“sticky”) y no todos los trabajadores se irán de inmediato.
De esta manera, en ausencia de intervención política o de poder compensatorio, como la actividad sindical y la voluntad política de protegerla, la mayoría de los trabajadores se encuentran en una situación de desventaja. Sin embargo, como ha documentado y medido extensamente el Economic Policy Institute (EPI), el respaldo político a las protecciones laborales se ha erosionado durante décadas y explica en gran parte el estancamiento salarial en EE. UU.
El EPI estima que muchas decisiones y resultados de políticas públicas no relacionados con abusos anticompetitivos en el mercado laboral —como la caída en el valor del salario mínimo, el colapso del respaldo político a los sindicatos y la afiliación sindical, las metas de desempleo elevadas y sostenidas por parte de la Reserva Federal para controlar la inflación, los acuerdos de comercio global, la subcontratación y otros desarrollos económicos no regulados— pueden explicar más del 75% de la divergencia experimentada entre la productividad de los trabajadores en EE. UU. y sus salarios desde 1979, cuando los salarios promedio comenzaron a desacoplarse significativamente de la productividad, hasta 2017.
A la base de la desigual distribución del ingreso, los trabajadores de bajos salarios son, al mismo tiempo, los menos afectados por la concentración de empleadores y las restricciones anticompetitivas, pero los más perjudicados por el retroceso político en la protección pro-laboral.
Por ejemplo, mientras que un abogado de libre competencia experimentado podría enfrentar dificultades para convertirse en abogado laboral en una firma al otro lado de la calle, y enormes barreras de entrada para llegar a ser neurocirujano, un cajero de supermercado podría enfrentar menos obstáculos para convertirse en cajero de librería, barista o recepcionista de motel, ya que los trabajadores de bajos ingresos están menos especializados y, por lo tanto, tienen mayor movilidad. Asimismo, los trabajadores de menores ingresos tienden a concentrarse en mercados laborales urbanos densamente poblados, donde hay relativamente más ofertas de empleo y más empleadores cercanos entre sí.
En cambio, estos trabajadores se ven comparativamente más perjudicados por fallas de política pública, como la erosión del salario mínimo, la cual el EPI ha estimado que explica casi por completo el crecimiento de la brecha entre el 10% inferior de perceptores de ingresos y el salario medio en las últimas décadas. También se ven más afectados por políticas macroeconómicas, como los aumentos de tasas de interés que incrementan el desempleo. Estas políticas contrarrestan la relativa movilidad laboral de estos trabajadores con la competencia de una abundancia de personas desempleadas, dispuestas a aceptar menores salarios debido a su menor poder de negociación en un mercado laboral debilitado. Finalmente, el EPI ha constatado que los trabajadores de bajos ingresos también sufren en mayor medida a causa de varios factores: tratados comerciales internacionales suscritos con países de bajos ingresos que privilegian a los empleadores, escaso enforcement contra el robo de salarios (“wage theft”), falta de protección frente a la subcontratación laboral que suele afectar a ocupaciones menos especializadas, y de la ausencia de resguardo frente a cláusulas de arbitraje obligatorio impuestas por los empleadores, que limitan el acceso a recursos judiciales.
Por lo anterior, es poco probable que la Mesa de Trabajo Conjunta en Materia Laboral impulsada por Ferguson logre mejorar el bienestar general de los trabajadores sin apoyo del resto del gobierno de Trump. Esto parece improbable considerando las medidas adoptadas por otras agencias durante el primer gobierno de Trump, como la eliminación de la elegibilidad para el pago de horas extra; la limitación del “estatus de empleador conjunto” en disputas laborales, que permite a los organizadores sindicales responsabilizar a las empresas matrices por violaciones laborales; la revocación de la “regla del persuasor” del Departamento de Trabajo que obligaba a los empleadores a revelar la contratación de consultores antisindicales; y la interpretación permisiva de la figura del “contratista independiente”, que permite a los empleadores malclasificar a los trabajadores y negarles derechos, protecciones y beneficios laborales.
Aunque el segundo gobierno de Trump está en sus primeras etapas, su agenda no parece haber cambiado mucho. Por ejemplo, el consejero general interino de Trump ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), William Cowen, publicó un memorando en febrero que señala la intención de la NLRB de revocar la prohibición adoptada durante el gobierno de Biden respecto de las reuniones de audiencia obligatoria, en las que los empleadores pueden forzar a los empleados a asistir a sesiones antisindicales. El memorando también anticipó la intención de limitar las indemnizaciones para las víctimas de prácticas laborales desleales y de no perseguir judicialmente los acuerdos de no competencia, en abierta contradicción con la preocupación por estas cláusulas restrictivas de movilidad laboral expresada en el memorando de Ferguson.
La administración Trump ha promocionado sus amplias propuestas arancelarias como una victoria para los trabajadores estadounidenses, que estimulará la manufactura nacional y protegerá el empleo. Sin embargo, sin una estrategia de inversión industrial paralela, como la Infrastructure Investment and Jobs Act del gobierno de Biden para dirigir inversiones a la creación de empleos manufactureros, muchos economistas creen que los beneficios arancelarios para los sectores favorecidos serán ampliamente superados por la contracción en múltiples industrias que enfrentan mayores costos de insumos y menor demanda de exportaciones debido a represalias de otros países, resultando en una reducción del empleo y mayores costos para los consumidores. Una vez más, los trabajadores de bajos ingresos serán los más afectados. No solo porque la inflación impacta más severamente sus ingresos, sino porque son quienes tienen menor capacidad financiera para esperar una eventual reindustrialización estadounidense que requiera la recuperación de la capacidad productiva, infraestructura industrial y reconversión laboral, todo lo cual podría tardar años.
En lugar de fortalecer al trabajo, la orientación general de las políticas de la administración Trump se alinea con una agenda de empoderamiento del capital, desmantelando el Estado regulador y de bienestar, y reduciendo de forma regresiva la carga tributaria sobre los estadounidenses más ricos. Las consecuencias de estas acciones agravarán aún más la desigualdad al transferir riqueza de la clase trabajadora hacia la clase inversionista, y reducirán los salarios al concentrar la riqueza en manos de los estadounidenses más acomodados, cuya menor propensión marginal al consumo disminuirá la demanda de consumo que impulsa el empleo y los salarios. Un mayor esfuerzo de enforcement antimonopolio en el mercado laboral es en cualquier grado bienvenido, pero su impacto será mínimo a nivel agregado si la administración de Trump no continúa con el enfoque integral del gobierno de su predecesor, y mucho menos si el resto del gobierno se moviliza activamente en contra del trabajo.
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Los artículos representan las opiniones de sus autores y no necesariamente las de la Universidad de Chicago, la Escuela de Negocios Booth, o su cuerpo docente.
