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La ecología urbana como el estudio de la interacción de los seres vivos con su entorno urbano intenta entender, por un lado, la relación que tienen estos con su interacción en la naturaleza y las ciudades, y por otro, el cómo generar dinámicas sostenibles en contextos urbanos que no alteren el ecosistema.
En el ecosistema y el urbanismo se encuentran identificados aspectos vitales de convivencia. El ecosistema urbano, directamente modificado por el ser humano, constituye el entorno en el que las especies se adaptan a la vida urbana, y provee servicios esenciales como la purificación del aire, el control del clima, la reducción del ruido, la regulación hídrica, la oferta de espacios de recreación, entre otros. Un punto relevante en esta interacción es que las condiciones regulatorias permitan que exista un espacio claro de sostenibilidad y planificación, que integre infraestructura verde, movilidad sostenible y gestión ambiental adecuada, entre otros.
«Se hace evidente que el marco normativo actual es insuficiente para controlar adecuadamente el uso del suelo, se requiere avanzar en políticas públicas integrales que racionalicen el uso del suelo desde una perspectiva económica, reconociendo su escasez y el valor que esto implica a nivel social y ambiental.»
Así mismo, el concepto de justicia ambiental que requiere ser incorporado como un aspecto relevante en la planificación urbana implica distribuir los beneficios ecológicos de la ciudad de manera equitativa hacia todos los habitantes, lo que insta a evaluar herramientas para su uso, control, medición y evaluación.
Así, esta interacción entre el ser humano a nivel urbano y el ecosistema tiene implicaciones directas sobre el bienestar (y malestar) poblacional. Si algo dentro de este conjunto llamado urbanismo y ecosistema se piensa de manera unilateral y sin controles de hecho, y una parte vital funciona mal, todo lo demás en el conjunto de esta relación funcionará mal (Tello, 1996).
Las ciudades de Latinoamérica se han desarrollado como la zona de mayor urbanización dentro de la esfera de países en desarrollo. Si bien esta urbanización contribuye al desarrollo económico y, bajo ciertas condiciones, a un desarrollo sostenible, puede tener efectos territoriales indeseados cuando no es correctamente administrada o controlada desde un aspecto normativo. De acuerdo con la CEPAL, algunos de estos efectos se refieren a: pobreza, informalidad, precariedad habitacional, falta de cobertura de servicios básicos y deficiencias de transporte (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, s.f.). Asimismo, el crecimiento urbano genera impactos ambientales al intervenir áreas con un alto espacio de conectividad entre fauna y flora, lo cual, sumado a la inminente escasez de espacio, podría favorecer la invasión de espacios protegidos.
Comprender el comportamiento urbano en su implicancia sobre el bienestar puede ser difícil, dada la variedad de preferencias, políticas, y la falta de modelos anticipativos de escenarios futuros. Esto, a su vez, complejiza la búsqueda de soluciones que equilibren las necesidades de usuarios y productores de servicios (López, 1981)
En ese sentido, las políticas urbanas deben estar enfocadas en analizar la demografía y conducta poblacional, e incluir en el marco de la regulación los factores que alteran o no su crecimiento. Asimismo, deben comprender el uso de suelo caracterizado en la normativa e identificado a partir de la extensión de uso para cada una de las categorías de uso, evaluado bajo el criterio de las políticas económicas que establecen los criterios tributarios aplicables. Además, deben reconocer las preferencias de los individuos en cuanto a la elección de espacios urbanos o rurales, así como las políticas para espacios agrícolas.
Las condiciones sobre las cuales se generan las políticas de urbanización son perceptibles a muy largo plazo, lo que hace necesario un mayor detenimiento en su elaboración, las cuales tendrán incidencia en varios aspectos tales como zonas hidrográficas, áreas protegidas y los espacios donde se genere una sobrepoblación que supera las capacidades de provisión de servicios.
Asumiendo el terreno como un espacio vital, se puede categorizar como un recurso no renovable donde su consumo descontrolado puede llevar a niveles de contaminación de alta magnitud, la economía y la ecología deberían manejar procesos sostenibles en el tiempo (Lahoz, 2010) esto, en el entendido que la utilización de este recurso puede tender a su completa destrucción o no renovación.
Tradicionalmente, el stock fijo o global está predeterminado en los recursos no renovables. Para el caso del espacio vital se podría fijar la delimitación de la superficie en los procesos de urbanización y categorización según sus usos.
La clave para el manejo de un recurso no renovable es determinar el período óptimo de agotamiento de este, de tal manera de determinar su tasa de extracción (en este caso, de uso). A medida que estos recursos se van agotando, la escasez hace que su precio suba hasta que fomente una tecnología de sustitución. Este precio hace que no se genere interés para extraer o utilizar el recurso y fomenta la sustitución de sus servicios (Romero, 1997). Cabe destacar que, para este recurso, la sustitución es más difícil dado el crecimiento poblacional y los distintos esquemas de urbanización, especialmente en espacios de vivienda alternativos.
Asumir que el comportamiento del uso del espacio corresponde a un recurso no renovable independientemente de las soluciones alternativas, implica asumir que su costo marginal de uso o extracción aumenta a medida que este se va agotando.
La política de uso del espacio debe basarse en el esquema del uso óptimo, definiendo sus distintos usos sean (urbanos o ecológicos) y determinando tasas óptimas de extracción para cada caso. En el contexto urbano, debe identificar alternativas de uso vinculadas a fenómenos demográficos, como la migración entre ciudades y que en la competencia normativa se regule hasta qué punto es posible realizar estos usos y desplazamientos hacia la zona urbana. En este sentido, la política económica otorga escenarios de decisión a través de la optimización del uso, basada en el principio fundamental de Hotelling[1].
Según la regla de Hotelling, el análisis parte del conocimiento de las existencias totales del recurso , los costos de extracción son nulos, la cantidad de uso del recurso no influye en su precio y existe una función del precio en el tiempo .
En este escenario, el propósito de la extracción sería identificar el momento óptimo para realizarlo, de forma que maximice el valor actual neto de la inversión, identificado el tipo de descuento y la acumulación de interés (Romero, 1997)
\text{VAN} = \bar{q} P(t) e^{-it}
Donde la condición de equilibrio estaría dada por:
P'(t) - iP(t) = 0
Las condiciones que determinan el cumplimiento se darán cuando el precio del recurso crece en el tiempo, pero de una manera menos que proporcional a la tasa de interés. La condición de equilibrio indica que conviene extraer, o en este caso, utilizar, cuando la tasa de cambio del precio sea inferior al tipo de interés, mientras que en el caso contrario el recurso debe dejarse sin uso. Esto pues, si la tasa de interés es mayor que el crecimiento del precio, el Valor Actual Neto (VAN) se reduce a medida que esperamos.
De igual manera, a partir de la regla de Hotelling establecemos los senderos óptimos de extracción y de precios considerando una relación inversa entre el precio y la cantidad extraída, que establece la función de demanda:
P_t = f(q_t) \quad \text{con} \quad f'(q_t) < 0
A partir de esta, se puede expresar el sendero óptimo de precios a partir de la expresión de Hotelling:
P_t = P_0 e^{it}
Sin tener en cuenta los determinantes a futuro del uso del recurso, y asumiendo que, en condiciones solo del tiempo presente, el consumo de un bien en equilibrio se daría cuando el beneficio marginal de uso sea igual al costo marginal de uso. Para esto, se representan los beneficios de la sociedad como el deseo de pagar mediante la demanda (BMS) y el costo representado por los sacrificios de esta misma para usar el recurso. Al ignorar los efectos sobre las generaciones futuras, el consumo actual (equilibrio presente) puede ser mayor al óptimo social Inter temporal, considerando que hay un costo marginal social (CMS) que es mayor al coste único de uso.
Figura 1: Equilibrio en el uso de recurso no renovable
Fuente: Elaboración Propia basado en (Romero, 1997)
El costo de la sociedad está compuesto de dos factores, uno es el costo de la extracción por parte de la generación presente y el costo de uso que se asume para las generaciones futuras. Este equilibrio, bajo estos dos factores, implicaría incluir dentro de la política de uso del espacio vital la consideración hacia las futuras generaciones, condicionado a las tasas de crecimiento por el lado de uso urbano y las condiciones ecológicas de los espacios a conservar hacia el futuro.
El punto A representa el equilibrio que se obtendría en el caso de asumir exclusivamente el costo marginal de uso o extracción. Por su parte, al adicionar al costo marginal de uso el efecto sobre las generaciones futuras llegamos al punto B, donde el uso o extracción debería ser menor a un mayor precio. Así, este nuevo equilibrio contempla las externalidades sobre las futuras generaciones.
La transformación de las ciudades en Latinoamérica
A lo largo de la historia, las ciudades y áreas urbanas de Latinoamérica han experimentado una profunda transformación. Desde la época colonial, las preferencias residenciales se centraban en el núcleo urbano, que con el tiempo se desplazó hacia periferias en la búsqueda de mejores condiciones de vida, alejadas del hacinamiento y los problemas asociados con las ciudades modernas. Esta expansión responde también a la búsqueda de atributos ambientales y una mayor conciencia ecológica, así como a la necesidad de superar la carencia de espacios con características ambientales adecuadas. En este proceso, la política ha desempeñado un papel clave para la transformación urbana a través de la regulación de uso de suelo, la cual está reflejada en la transformación de espacios rurales a urbanos, el crecimiento comercial, la elaboración de infraestructura como puertos y terminales ferroviarias, la formación de élites y, por consecuencia, un innegable incremente sobre desarrollo económico (Scobie, 2000).
El siglo pasado representó la mayor explosión en el crecimiento demográfico en un proceso de descenso de las tierras agrícolas y mayores asentamientos ilegales, donde el uso o las demandas de suelo superaron el proceso de planeación urbana de las ciudades latinoamericanas (Bazant, 2010). Estas, de la misma manera, fueron implementadas a través de programas de desarrollo donde predominaba la jerarquía económica, demográfica y funcional, sin ser claramente relacionadas al uso de suelo de manera sostenible.
El crecimiento no planificado del uso del suelo exige establecer políticas que reconozcan la relevancia económica de este recurso y prioricen los costos sociales, en miras de la sostenibilidad y una gestión cuidadosa.
En el imaginario colectivo deberían establecerse modelos de ciudad que, además de ser sostenibles y regidos por criterios económicos, se desarrollen con las capacidades necesarias de planificación (De Giustu, y otros, 2019). El uso del suelo bajo una óptica de recurso no renovable implica la necesidad de delimitar el espacio vital dentro del marco del medio ambiente, convirtiéndolo en una prioridad hacia su protección. Asimismo, requiere de la intervención de las entidades locales dada su cercanía y conocimiento del territorio convirtiéndose en las más capacitas para su adecuada administración y planificación.
A partir de la Conferencia de Estocolmo —donde se catalogó al medio ambiente como un concepto comprensivo de defensa global—y el Informe Brundtland —donde se destaca la necesidad que los gobiernos apoyen el modelo de desarrollo económico basado en el Desarrollo Sostenible[1]— es imperativo incluir al espacio vital dentro del esquema de competencias asociadas a la política ambiental, económica y de desarrollo sostenible.
En ese contexto Bolivia identifica su norma legal asociada al medio ambiente en La Ley de Medio Ambiente (Bolivia, 1992) y particularmente el uso de suelo para actividades agropecuarias definido en los Artículos 43, 44 y 45 de la misma (que debe ser productivo, pero a la vez, debe evitarse su degradación). Este marco normativo nacional establece con claridad los principios que deben guiar el uso del suelo. A nivel territorial, es fundamental reconocer la escasez del suelo como una limitante estructural condicionada a los factores demográficos y económicos.
En Bolivia, la preocupación medioambiental se ha vinculado a temáticas de desigualdad e inclusión social. Claro ejemplo es la construcción de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, que surgió en su momento en un contexto de crisis recurrentes y etapas de recuperación económica asociadas al crecimiento urbano y movimientos migratorios (Urquieta, 2023). Sin embargo, actualmente el país carece de un marco regulatorio claro y específico para el manejo urbano. Así, las intervenciones son aisladas y dispersas sin mecanismos efectivos para adaptarse a cambios permanente en el uso del suelo y a las distintas formas de segregación socioespacial (Cabrera, 2023).
Históricamente, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en Bolivia se han orientado con principios de integralidad, concurrencia, subsidiariedad y participación, estableciendo categorías de uso del suelo y esquemas para el aprovechamiento de recursos naturales. No obstante, se ha relegado la atención al uso y ocupación del suelo, dejando de lado problemáticas como los asentamientos informales, y las dinámicas sociales urbanas que son consecuencia del crecimiento poblacional de las principales ciudades (Cabrera, 2023).
En el 2016, se implementaron los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) bajo el marco del Plan de Desarrollo. Estos planes incorporaron temáticas clave hacia el desarrollo humano, cambio climático y gestión de riesgos. Sin embargo, tenían limitaciones en la exclusión de la dimensión urbana. Esta omisión es crítica en el contexto donde los municipios que se han expandido considerablemente.
En este escenario, se hace evidente que el marco normativo actual es insuficiente para controlar adecuadamente el uso del suelo, se requiere avanzar en políticas públicas integrales que racionalicen el uso del suelo desde una perspectiva económica, reconociendo su escasez y el valor que esto implica a nivel social y ambiental. Esto incluye evitar la invasión de espacios ecológicamente sensibles y prevenir la degradación de las áreas vitales que han sido atrapadas por la sobrepoblación y la presión urbana.
Las entidades territoriales, al ser administradores del espacio vital, deben asumir competencias claras para gestionar de manera sostenible el recurso suelo, promoviendo la buena gobernanza, implementando políticas de regulación de mercado inmobiliario y adoptando una visión estratégica que integre el desarrollo urbano con la preservación ambiental.
Referencias Bibliográficas
Bazant, J. (julio-septiembre de 2010). Expansión Urbana Incontrolada y Paradigmas de la Planeación Urbana. Espacio Abierto Cuaderon Venezolano de Sociología. Venezuela.
Bolivia, República. d. (1992). Ley de Medio Ambiente No. 333. Gaceta Oficial de Bolivia.
Cabrera, J. (2023). La Práctica Urbanística en Bolivia; Reflexiones Alrededor de los Instrumentos y Experiencias 80 Años Después. Lo Urbano y la Urbanización en Bolivia: Problemáticas y Desafíos. La Paz, Bolivia.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, C. (s.f.). Notas de la CEPAL. Obtenido de www.cepal.org: https://www.cepal.org/notas/73/Titulares2#:~:text=Am%C3%A9rica%20Latina%20es%20la%20regi%C3%B3n,alza%2C%20pero%20a%20ritmos%20decrecientes.
De Giustu, A., Pesado, P., Pasini, A., Thomas, P., Muñoz, R., Preisegger, J., . . . Soto, A. (25-26 de abril de 2019). Fortalecimiento de las Capacidades de Gobernanza para Ciudades Inteligentes Sostenibles. XXI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación. San Juan, Argentina.
Hotelling, H. (1931). The Economics of Exhaustible Resources. The Journal of Political Economy.
Lahoz, E. (2010). Reflexiones medioambientales de la expansión urbana. Cuadernos Geográficos. Granada, España: Universidad de Granada.
López, M. (1981). Expansión de las Ciudades. Revista EURE – Revista de Estudios Urbano Regionales.
Romero, C. (1997). Economía de los recursos ambientales y naturales. Madrid: Alianza Editorial.
Scobie, J. (Mayo de 2000). El Crecimiento de las Ciudades Latinoamericanas, 1870-1930. Historia de América Latina.
Tello, E. (1996). Ciudades Sostenibles: un cambio de rumbo. JSTOR, 35-61.
Urquieta, P. (2023). La Cuestión Urbana: de la Invisibilidad al Centro de la Agenda Pública. Lo Urbano y la Urbanización en Bolivia: Problemáticas y Desafíos. La Paz, Bolivia.
[1]La Regla de Hotelling, formulada por Harold Hotelling en 1931, es una teoría económica sobre la extracción óptima de recursos naturales no renovables. Plantea que, en un mercado competitivo, el precio neto (precio de mercado menos el costo de extracción) de un recurso agotable debería aumentar a la tasa de interés, reflejando su creciente escasez a lo largo del tiempo (Hotelling, 1931)
[2] “Aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”
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