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De cara a las elecciones presidenciales que se avecinan en Chile (noviembre), en CeCo nos propusimos revisar los programas de los candidatos a través de una mirada neutra, descriptiva y comparativa, enfocándonos en los aspectos económicos y regulatorios.
A continuación, presentamos una síntesis de las propuestas programáticas de la candidata Evelyn Matthei Fornet, abanderada de la coalición “Chile Vamos”, en torno a cinco ejes principales: (i) Libre competencia; (ii) Rol del Estado en la economía; (iii) Sectores económicos; (iv) Política fiscal; y (v) Otros aspectos relevantes.
En su programa, Matthei no hace ninguna referencia directa al sistema de libre competencia, ni a las facultades de la FNE o del TDLC. Esto, a diferencia del programa de la candidata para la elección del año 2013, que contenía un capítulo especial titulado “Defensa de la Libre Competencia” (nótese que este programa es anterior a la reforma del 2016, de la Ley 20.945).
En efecto, el programa de 2013 de Matthei proponía: (i) elevar las multas y establecer “sanciones personales” (p. ej., inhabilidad para ejercer cargo de director en sociedad anónima abierta), (ii) fortalecer la delación compensada otorgando “inmunidad penal efectiva”, (iii) acelerar los plazos de los procedimientos, incorporando plazos extintivos para las actuaciones de la FNE, (iv) acotar el rol de la Corte Suprema en la revisión judicial, cambiando el recurso de reclamación por uno de casación, y (v) crear FNEs regionales. Pues bien, ninguna de estas ideas se retoma en el programa de 2025.
El programa no contiene una definición explícita sobre el modelo de Estado propuesto, pero de sus propuestas se desprende que se trataría de uno regulador y, a la vez, facilitador de la actividad empresarial y la innovación.
En materia de derechos sociales (salud y educación), se señala que “el Estado debe acompañar, pero de ninguna manera ser el único actor involucrado en la toma de decisiones sociales”, agregando que el rol del gobierno será “articular y fomentar espacios de coordinación entre los agentes que participan en el diseño e implementación de las políticas de bienestar, con foco en los más vulnerables” (p. 27). De esto se desprende que, si bien el Estado no deben constituirse como el único proveedor de servicios públicos, tampoco se limitaría a ejercer un rol meramente regulador. En efecto, el Estado propuesto buscaría “articular”, “fomentar” y “destrabar” determinadas áreas o actividades, usualmente a través de colaboraciones público-privadas.
Algunos ejemplos de este rol articulador del Estado son la formación de un “Hub de Inversiones en Innovación” (p. 21) y el reforzamiento de CENABAST en materia de compra de medicamentos (“asegurando la mejor calidad al menor precio”; p. 31). Por otro lado, en materia de familia, el programa también afirma que debe existir una “corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil” (p. 10).
Sin perjuicio de lo anterior, el programa también asume como objetivo la “reducción del Estado”. En concreto, propone reducir los Ministerios de 25 a 19 (que sería el promedio OCDE de los países que tienen Estados unitarios) (p. 49).
El programa señala como “sectores prioritarios” los siguientes: Minería, Energía, Seguridad Hídrica, Acuicultura, Forestal, Agricultura y Turismo (p. 23). De estos, solo nos enfocaremos en minería y energía.
En minería, Matthei propone una “Estrategia Nacional de Minerales Críticos” centrada en el cobre y el litio. Ahora bien, a diferencia de la “Estrategia Nacional del Litio” del actual gobierno, la propuesta de la candidata no se centra en la creación de una empresa estatal, sino en modificar la regulación y gestión del litio para potenciar la inversión privada. Así, se propone que el litio sea concesible, simplificar las licitaciones y ampliar la entrega de CEOLs. Además, se buscar crear una “Oficina de Proyectos Estratégicos” para ayudar a los privados a obtener permisos más ágiles y certezas tributarias (p. 23).
Por otro lado, en materia de energía, el foco está puesto en los segmentos de transmisión y distribución, proponiendo modernizar ambas redes “con tecnología inteligente para ofrecer tarifas competitivas, dar mayor seguridad y continuidad al servicio y facilitar la integración de nuevas tecnologías” (p. 23).
Por otro lado, si bien no se menciona como un sector prioritario, el programa también aborda el área fintech, señalando que se buscará implementar la Ley Fintec de manera eficiente, buscando “equilibrar la innovación y la competencia, manteniendo un diálogo constante con la industria para evitar barreras innecesarias” (p. 26; para ver en qué consiste la Ley Fintec, ver columna CeCo).
Se propone recortar el gasto público en USD 8 mil millones, durante un periodo de cuatro años, es decir, USD 2 mil millones por año (nótese que, para el año 2024, el gasto público total fue de USD 88 mil millones aprox). Para ello: (i) se aplicará el método de “Presupuesto Base Cero” para justificar solo los gastos necesarios, (ii) se ajustará el empleo público, reduciendo en un 50% los cargos de confianza y disminuyendo horas extras y viáticos, y (iii) se revisarán los 700 programas del Estado para eliminar los que estén duplicados y/o con baja ejecución (p. 20).
Por otro lado, el programa tiene como meta crecer al 4% anual. Para ello, se busca impulsar una serie de reformas tributarias orientadas a atraer inversión. En primer lugar, se propone bajar “inmediatamente” el impuesto corporativo de 27% a 23% (promedio OCDE), con la meta de bajarlo aún más (hasta el 18%) en el plazo de diez años. Por el lado de las PYMES, se rebajaría su impuesto al 10% (actualmente es de 12,5%). En segundo lugar, se proponer regresar a un régimen “integrado” de impuesto a la renta (actualmente es “semi-integrado”), con el fin de “incentivar el ahorro y la reinversión de utilidades” (p. 20). Por último, se propone crear “contratos de invariabilidad tributaria de hasta 20 años” para atraer inversión (p. 20).
A continuación y sin pretensión de exhaustividad, se mencionan algunas propuestas particulares del programa, ya sea por su relación con la economía o la institucionalidad general del país.
El programa derechamente propone “Eliminar la ‘permisología’ en Chile para que el Estado se convierta en un facilitador de la inversión, el empleo y el desarrollo” (p. 20). Ahora bien, lo que se plantea no es eliminar los permisos sectoriales, sino racionalizarlos, simplificarlos, disminuir su discrecionalidad y pasarlos a un “ecosistema full digital”.
En la misma línea, Matthei propone crear una unidad instalada en Presidencia a cargo de establecer “fast tracks” para proyectos de gran envergadura (de USD 100 millones o más), con el fin de destrabar los cuellos de botella regulatorios. Desde ya el programa anuncia que se comenzará con una “cartera priorizada de 30 proyectos de infraestructura”. Además, se propone fortalecer al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), “dotándolo de autonomía y rigor técnico” (p. 20).
En esta matera, se propone tipificar nuevas “sanciones”, tales como “la reincidencia en vulneraciones a normas de contratación pública” y el “uso abusivo de facultades discrecionales sin motivación suficiente” (p. 46). Cabe notar que, del tenor literal de la propuesta, no queda claro si se trata de tipificaciones de conductas o de factores agravantes para determinar la sanción. Con todo, será relevante conocer más detalles de esta propuesta, considerando que existen muchas agencias estatales que ejercen facultades discrecionales (como la FNE).
Por otro lado, se proponen ajustes a las normas del sector público para prevenir conflictos de interés, riesgos de captura y tráfico de influencias. En concreto, se plantea “regular la ‘puerta giratoria’ con un período obligatorio de ‘enfriamiento’ de al menos un año”, de modo que los “altos funcionarios” deban esperar este plazo antes de asumir cargos en empresas que hayan fiscalizado (p. 47).
El programa propone dividir el “gobierno judicial” en tres organismos autónomos: (i) uno encargado de nombrar jueces, (ii) otro encargado de administrar recursos, y (iii) otro que forme y capacite al personal. Asimismo, se planeta reforzar el papel de la Corte Suprema “para que garantice que la ley se aplique de manera justa y uniforme en todo Chile” (p. 17), aunque sin especificar a través de qué mecanismos concretos se lograría este objetivo.
El programa se centra en que el crecimiento industrial generaría empleo y riqueza, pero indica que debe hacerlo “de manera sostenible, innovadora y resiliente frente al cambio climático” (p. 23). Además, propone ser una economía carbono-neutral para el año 2025. Para ello, entre otras cosas, se plantea transitar a un modelo circular de residuos, que estaría apalancado en el desarrollo de un “mercado secundario para productos como el compost, biogás y biofertilizantes” (p. 42).
En esta materia, el programa adopta un enfoque abierto y no comprometido con un bloque de países en particular. Así, se plantea impulsar una “diversificación estratégica de mercados”, promoviendo la suscripción de nuevos acuerdos, pero “sin subordinaciones a bloques de poder” (p. 51).
Nube de palabras
Fuente: Elaborada por CeCo en base al programa, eliminando stopwords (palabras frecuentes que no aportan significado, como artículos, preposiciones, conjunciones y pronombres).
*Ver programa E. Matthei
