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El día 16 de octubre del presente año se llevó a cabo un nuevo Desayuno Virtual organizado por ForoCompetencia, el cual contó con la exposición de Gustavo Freitas de Lima, Presidente del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) en Brasil. En la instancia, la autoridad entregó su perspectiva sobre el estado actual y las proyecciones a futuro de la autoridad de competencia, destacando que el organismo atraviesa una etapa de transición institucional.
En el plano institucional, Freitas resaltó que CADE cuenta actualmente con una dotación cercana a 600 funcionarios, la más alta en su historia reciente, y con finanzas equilibradas que le permiten sostener su autonomía operativa. Destacó también el reconocimiento otorgado por el Global Competition Review (GCR), que calificó al CADE con cuatro estrellas, situándolo entre las agencias de competencia más destacadas del mundo.
Este reconocimiento, afirmó, refleja la combinación de solidez institucional, eficiencia operativa y liderazgo técnico que ha posicionado a Brasil como referente regional en la aplicación del derecho de competencia.
Uno de los ejes principales de la intervención de Freitas se refirió a la transformación digital que se ha impulsado en CADE, que incluye grandes inversiones destinadas a modernizar su infraestructura informática. La estrategia se ha enfocado en dos frentes: reforzar la ciberseguridad y la protección de datos frente a los ataques que el organismo recibe usualmente, y mejorar la interacción digital con abogados y empresas. En este sentido, Freitas destacó la implementación de un nuevo sistema de peticiones electrónicas, que reemplaza el envío de documentos por correo electrónico y permite que las partes ingresen directamente sus solicitudes al sistema institucional. Esto, además de aumentar la eficiencia, garantiza la confidencialidad de la información sensible y reduce el riesgo de filtraciones, sin alterar sustancialmente el modelo institucional vigente.
El expositor comentó el nuevo proyecto de ley sobre mercados digitales, una iniciativa del Gobierno brasileño que busca anticiparse a los desafíos de las plataformas tecnológicas, inspirado en el modelo de regulación digital británico. (ver nota CeCo “¿DMA en Brasil? Revisión del Proyecto de Ley de Mercados Digitales”)
El proyecto propone la creación de una Superintendencia Digital dentro del CADE, que incluye una serie de nuevas atribuciones regulatorias, las que se sumarían a las acciones de enforcement antimonopolio que la agencia ya ha venido desarrollando. Asimismo, se establece un sistema de designación de empresas con importancia digital, similares a los gatekeepers de la Digital Markets Act de la Unión Europea (DMA), en función de un criterio objetivo, correspondiente a umbrales de ingresos; y subjetivos, como el grado de influencia económica, o la presencia de efectos de red.
Las empresas designadas como de importancia o gatekeepers, podrían quedar sujetas a obligaciones especiales, como la instalación de oficinas en Brasil, mejoras en la atención al consumidor y transparencia en los términos de uso de sus servicios.
Freitas indicó que la redacción actual deja márgenes amplios de discrecionalidad, por lo que será necesario desarrollar reglamentos complementarios que regulen la designación como empresa de importancia. Asimismo, sostuvo que antes de imponer obligaciones especiales, la autoridad debe demostrar la existencia del riesgo para la competencia y la eficacia de la medida, evitando así sanciones arbitrarias o excesivas.
La autoridad también se refirió a la relación entre competencia y propiedad intelectual, especialmente respecto de las patentes esenciales para estándares tecnológicos (SEP). Freitas explicó que actualmente CADE está aplicando la doctrina de las instalaciones esenciales a los titulares de estas patentes, con el propósito de que se ofrezcan licencias en condiciones razonables, objetivas y no discriminatorias.
El caso paradigmático analizado por la autoridad involucró un paquete de patentes para la implementación de la tecnología 5G. En dicho caso, CADE verificó que los precios ofrecidos a las empresas licenciatarias no se correspondían con las condiciones y experiencias del mercado internacional. En consecuencia, el organismo decidió proseguir la investigación y coordinar acciones con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) y otras agencias públicas. A juicio de Freitas, este precedente refuerza la función del derecho de competencia en garantizar el acceso equitativo a tecnologías esenciales.
Freitas también se refirió a la colaboración entre CADE, la Controladoría General de la Unión (CGU) y la Policía Federal, destinada a mejorar la coordinación de investigaciones entre las agencias, así como la efectividad de los acuerdos de clemencia. De acuerdo con el expositor, el objetivo es lograr una “solución integral” que evite duplicidades sancionatorias entre distintas agencias.
Asimismo, reconoció los desafíos que enfrenta la autoridad en términos de retrasos en la tramitación de casos de clemencia, derivados del alto volumen de solicitudes y de la complejidad de las pruebas digitales. En ese contexto, anunció la implementación de nuevos protocolos de cadena de custodia y medidas para agilizar la apertura de investigaciones.
Posteriormente, Freitas abordó las reformas sustantivas en curso, entre las cuales destacó la revisión integral del programa de clemencia. Explicó que la nueva guía introduce la figura de la “carta de confort” (también llamada comfort letter o carta de patrocinio), que permite a las empresas consultar preventivamente si una conducta podría ser considerada infracción o no. De esta forma, en el contexto de una solicitud de clemencia, si CADE estima que no hay elementos que configuren una infracción respecto del solicitante, puede emitir una carta de confort, entregando seguridad jurídica y predictibilidad a los agentes económicos.
Asimismo, destacó dos consultas públicas en desarrollo: una sobre fijación de precios y conductas uniformes dentro de asociaciones profesionales, y otra relativa a la notificación de operaciones de concentración. Ambas buscan perfeccionar la aplicación práctica de la ley y adaptar los procedimientos brasileños a los estándares internacionales. En su conjunto, estas iniciativas reflejan una agenda de continuidad técnica, centrada en consolidar proyectos ya iniciados más que en introducir reformas disruptivas.
De acuerdo con el expositor, CADE no ha dudado en abarcar nuevas temáticas de creciente relevancia global, como la sostenibilidad, los mercados laborales y la inteligencia artificial. Al respecto, señaló que, si bien se trata de contextos que requieren desarrollar nuevas teorías de daño, la agencia ha conocido de los casos utilizando las herramientas tradicionales y siempre considerando criterios de teoría económica.
Así, por ejemplo, en materia ambiental, la agencia lleva actualmente tres casos de importancia sobre acuerdos de sostenibilidad. En el ámbito laboral, Freitas enfatizó que los llamados “cárteles laborales” —acuerdos de no competencia o intercambio de información salarial— están siendo tratados con la misma rigurosidad que los cárteles tradicionales. Por último, respecto a la economía digital, afirmó que el enfoque de CADE consiste en mantener la coherencia metodológica: aplicar la teoría económica a los nuevos contextos tecnológicos, evitando crear regímenes excepcionales que fragmenten la política de competencia.
A modo de reflexión final, el expositor señaló que el desafío, de ahora en adelante, será encontrar un equilibrio entre proteger la competencia y promover la innovación, especialmente frente a los cambios que introduce la inteligencia artificial. Concluyó afirmando que el rol del CADE es “entender cómo evoluciona la economía digital sin frenar su desarrollo”, manteniendo un compromiso firme con la evidencia económica, la cooperación interinstitucional y la transparencia.
