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El pasado miércoles 11 de agosto, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó la denominada Open App Markets Act, proyecto de ley que buscaría proteger y promover la competencia al interior del mercado de las aplicaciones móviles o App Stores, cuya estructura estaría dominada por la presencia de dos grandes tecnológicas y sus respectivas apps stores: Apple Inc. y Google LLC.
El nuevo proyecto de ley busca instaurar una serie de limitaciones a las restricciones que las plataformas dominantes han impuesto a los desarrolladores de aplicaciones en el último tiempo. Entre ellas, la prohibición de ofrecer sus productos de manera directa a los usuarios o a través de otras plataformas que no sean las tiendas oficiales de las dominantes y las exigencias de uso de los sistemas de pago integrados en las apps de Apple y Google como condición para vender en sus respectivas apps stores.
La legislación también previene que se limite la capacidad de los desarrolladores para instalar apps stores de terceros y prohíbe a las principales apps stores el uso de datos de una aplicación de terceros para desarrollar un producto que compita con aquellas. Todas estas disposiciones estarían destinadas a fomentar la competencia en la distribución de aplicaciones y restringir que las tiendas oficiales –Apple y Google– se aprovechen su poder de mercado.
La Open App Markets Act no hace sino confirmar la tendencia en Estados Unidos –y en el mundo– por parte de los legisladores de querer aumentar la regulación de las plataformas digitales. Hay que recordar que, apenas dos meses atrás, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó cinco proyectos de ley que buscaban regular la operación de Google, Amazon, Facebook y Apple (ver aquí nota Ceco al respecto: “EE.UU.: Avalancha de proyectos de ley que apuntan a las Big Tech”).
En este caso, tres son los senadores que encabezaron la iniciativa legislativa: Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, Marsha Blackburn, republicana de Tennessee, y Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota. En palabras de Blumenthal, este nuevo proyecto de ley “derribaría los muros anticompetitivos coercitivos en la economía de las aplicaciones», dando a los consumidores más opciones y a las empresas emergentes una mejor oportunidad de competir.
El proyecto de ley denominado Open App Markets Act tiene como objetivo establecer reglas claras sobre cómo las “empresas cubiertas” –tiendas de apps que superen los 50 millones de usuarios en Estados Unidos–, deben regular sus apps stores para mejorar las condiciones competitivas y fortalecer la protección del consumidor en el mercado.
Tanto Apple como Google han logrado posiciones sólidas en el mercado de los sistemas operativos móviles (iOS y Android respectivamente) y en las tiendas de aplicaciones que lo acompañan (App Store y Play Store respectivamente). Para iOS, la App Store es la única tienda de aplicaciones disponible para los usuarios y, para Android, Play Store es la tienda principal instalada en sus dispositivos (aunque en este último caso existe la opción de acceder a apps stores de terceros, tales como Amazon Appstore o Aurora Store).
El alto grado de dominancia de Apple y Google les da la oportunidad de influir en la disponibilidad, funcionamiento y presentación de las aplicaciones a los usuarios finales, ya sea estableciendo los términos y condiciones, determinando qué funcionalidades están disponibles para que los desarrolladores de aplicaciones utilicen o decidiendo cómo se clasifican y presentan las aplicaciones en las apps stores. Naturalmente, esto ha generado preocupación desde el punto de vista competitivo, donde voces expertas han advertido en varias oportunidades la presencia de captura de clientes y proveedores (ver nuestra nota CeCo sobre “La mirada de cinco economistas sobre el proyecto europeo para regular los mercados digitales”).
Hay dos dinámicas generales que subyacen a las quejas de los desarrolladores de aplicaciones (Bostoen & Mândrescu, 2020). En primer lugar, se argumenta que App Store y Google Play ocupan posiciones dominantes: la poca competencia a la que se enfrentan les da la capacidad de actuar de manera anticompetitiva. En segundo lugar, advierten un conflicto de intereses debido a su estructura vertical: no sólo ofrecen la plataforma para distribuir aplicaciones, también se integran verticalmente en la oferta misma de aplicaciones propias. Así, siempre que un desarrollador de aplicaciones independiente ofrezca una aplicación similar, habrá incentivos para que privilegien las versiones propias a las de la competencia de diversas formas.
Estas preocupaciones han sido confirmadas en diversos estudios de mercado realizados por distintas autoridades de libre competencia, tales como el estudio de la Autoridad Holandesa para Consumidores y Mercados realizado el 2019 y la consulta de la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores publicada en marzo del año 2021.
Paralelo a las investigaciones realizadas por las autoridades de competencia, tanto Apple como Google se han visto envueltas en una serie de demandas por parte compañías tales como Telegram, Epic Games, Match Group y Spotify sobre las políticas anticompetitivas de las tiendas de apps y las comisiones que les cobran. El más destacado es el caso Epic Games, fabricante del popular videojuego Fortnite.
De acuerdo con Epic, Apple impide que los usuarios de iOS descarguen tiendas de aplicaciones o aplicaciones directamente desde páginas web; preinstala su App Store en todos sus dispositivos; exige a los desarrolladores distribuir sus aplicaciones únicamente mediante su App Store; les prohíbe distribuir o crear tiendas de aplicaciones que podrían competir con aquella; y los obliga a utilizar su sistema de pago (para más detalle, ver aquí nota CeCo sobre la demanda de Epic Games contra Apple Store). Varias de estas preocupaciones fueron antecedentes importantes para la presentación del nuevo proyecto de ley.
El proyecto de ley denominado Open App Markets Act tiene como objetivo establecer reglas claras sobre cómo las “empresas cubiertas” –tiendas de apps que superen los 50 millones de usuarios en Estados Unidos–, deben regular sus apps stores para mejorar las condiciones competitivas y fortalecer la protección del consumidor en el mercado. A continuación, mencionamos los principales elementos contenidos en el proyecto.
En primer lugar, el proyecto indica que las empresas cubiertas no podrán forzar a los desarrolladores a utilizar el sistema de pago interno (In-App Payment System, IAP) como condición para ser distribuido en la app store incumbente o para hacerse accesible en un sistema operativo determinado. Por otro lado, tampoco podrán exigir a los desarrolladores términos y condiciones de venta de precios que sean iguales o más favorables en su app store que los términos y condiciones de otras tiendas rivales. Además, no estará permitido tomar medidas punitivas o imponer términos y condiciones menos favorables contra un desarrollador por usar u ofrecer diferentes precios o condiciones de venta a través de otro sistema de pago o en otra app store. Finalmente, empresas dueñas de las tiendas de apps tampoco podrán utilizar información no pública sobre una aplicación de terceros para competir con ellas.
Estas disposiciones tienen un evidente paralelo con varias de las acusaciones que Epic Games, Spotify y otros han hecho en contra de Apple y Google. Según Epic Games, por ejemplo, tanto consumidores como desarrolladores están obligados a utilizar la App Store de Apple. Además, la compañía acusa a Apple de condicionar el acceso a su sistema operativo a que los desarrolladores firmen un contrato de adhesión que les exige distribuir sus aplicaciones únicamente mediante la App Store de Apple.
Cabe mencionar que, a dos semanas de la presentación del proyecto de ley, Apple anunció cambios en las regulaciones de su App Store que permitirán a los desarrolladores avisarle a los usuarios sobre cómo pagar por servicios y aplicaciones fuera del ecosistema de Apple.
En segundo lugar, el proyecto de ley busca facilitar la interoperabilidad de las aplicaciones desarrolladas por terceros entre distintos sistemas operativos y evitar condiciones más desfavorables hacia ellos.
En concreto, cualquier empresa cubierta que controle algún sistema operativo –Apple y Google– en el que opera su app store, deberá permitir y proporcionar la instalación de aplicaciones de terceros o apps stores a través de medios distintos a las propias tiendas de apps. Al mismo tiempo, éstas deberán eliminar de los teléfonos aquellas aplicaciones o tiendas de su propiedad (o de cualquiera de sus socios comerciales) que vengan preinstaladas por default. Estas restricciones pretenden abrir la cancha para posibilitar el sideloading de aplicaciones (la instalación de archivos a un dispositivo Android/iOS desde fuentes distintas al Google Play Store/App Store) y el uso de app stores alternativos.
Como ya sabemos, rara vez las plataformas actúan solamente como meros intermediarios de bienes y servicios producidos por terceros. La mayoría de ellas están integradas verticalmente con uno o más productos o servicios como fuente de ingresos. Amazon, por ejemplo, además de proporcionar una plataforma para que terceros vendan sus productos, vende productos por cuenta propia (ver nota CeCo aquí).
El potencial daño de estas prácticas de auto-preferencia consiste en que la plataforma quiera tratar más favorablemente sus propios productos, distorsionando la competencia de una manera que, posiblemente, reduzca el bienestar del consumidor. El proyecto de ley prohíbe explícitamente esta clase de prácticas, no pudiendo hacer ningún trato desigual entre las apps propias (o relacionadas) y las desarrolladas por terceros. Esto incluyen los esquemas de clasificación o algoritmos que priorizan las aplicaciones basadas en criterio de propiedad.
El proyecto de ley obligará a Apple y Google a garantizar un igual acceso sobre sus respectivas interfaces de programación de aplicaciones o APIs para todos los desarrolladores de aplicaciones independientes, no pudiendo reservar el acceso a APIs a unos desarrolladores por sobre otros.
Este punto pareciera hacer eco a una de las acusaciones realizadas por Epic Games en contra de Apple, a saber, que existirían APIs que añaden funcionalidades especiales que no están presentes para todas las apps, sino que solo para un grupo de desarrolladores de confianza (se ha mencionado a Netflix, Hulu, etc.). La Open App Markets Act busca erradicar este trato diferenciado al permitir que todas las funcionalidades tanto de software como de hardware estén al alcance de todos los desarrolladores de apps.
Uno de los puntos que generó más debate es la disposición que permite a una empresa cubierta evitar todas y cada una de las disposiciones anteriormente mencionadas si tal práctica es «necesaria para lograr la privacidad, la seguridad o la seguridad digital del usuario».
Si bien este apartado busca hacerse cargo del potencial aumento de aplicaciones maliciosas y estafas móviles asociadas a la apertura de más tiendas de apps alternativas, también puede configurar una oportunidad para Apple y Google de justificar sus restricciones y condiciones a los desarrolladores en razones de seguridad y privacidad digital.
Esta línea argumental ya ha comenzado a formularse por parte de los representantes de ambas empresas. Por de pronto, en un reporte publicado por Apple en junio de 2021, la gigante tecnológica ha dicho que su política de prohibición contra la descarga de aplicaciones se basa fundamentalmente en garantizar la seguridad de sus usuarios, además de advertir sobre los peligros de seguridad implicados en el sideloading y las app stores alternativas. En ese mismo estudio, Apple encontró que los dispositivos que se ejecutan en Android tenían 15 veces más infecciones de software malicioso que el iPhone, porque las aplicaciones de Android «se pueden descargar desde casi cualquier lugar», mientras que los usuarios de iPhone solo pueden descargar aplicaciones desde la App Store.
Más aún, en respuesta al proyecto de ley de los senadores, un representante de Apple ya ha comentado que el «enfoque de Apple es mantener una App Store donde la gente pueda tener la confianza de que cada aplicación debe cumplir con nuestras rigurosas pautas y su privacidad y seguridad están protegidas». Por lo tanto, Apple ya tendría una batería de razones que puede citar para mostrar por qué su política de prohibir otras apps stores para sus dispositivos iPhone (entre otras restricciones) estaría justificada. Esta cláusula de excepción del proyecto de ley seguramente estará sujeta a un intenso debate a medida que ésta avance en el Senado.
Ver proyecto de ley “Open App Markets Act”
