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Abogacía de la Competencia y regulación de sistemas de pago: la experiencia de Colombia

28.04.2021
Pablo Marquéz Socio en el estudio de abogados ECIJA. Fue Superintendente de Defensa de la Competencia de la Autoridad de la Competencia de Colombia y Director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Es experto en derecho de la competencia, derecho corporativo, regulación de servicios de comunicaciones, y en general regulación económica.
Eduardo Gómez Asociado, ECIJA. Candidato a Magister en Ciencias Económicas y Abogado Universidad Nacional.

Los sistemas de pago de bajo valor proporcionan una gran cantidad de eficiencias para la economía
en tanto promueven la transformación digital, la reducción de costos de transacción y el crecimiento
económico. En Colombia, el Decreto 1692 de 2020 modificó la regulación aplicable a los SPBV, incluyendo intervenciones importantes con la finalidad de incentivar la innovación, aumentar la eficiencia dentro de la industria y permitir la llegada de nuevos actores. Luego del proceso de abogacía de la competencia, la nueva normatividad se centra en mitigar los conflictos de interés entre los participantes y con relación a los administradores de redes de pago de bajo valor, para lo cual intenta deslindar de forma más clara las actividades de cada participante dentro de la cadena de valor, promover la transparencia y la definición clara de tarifas. El presente artículo muestra dicho proceso de interacción entre autoridades y la regulación que finalmente fue aprobada.

Low-costs paying systems provide a great amount of efficiency in the industry to the general economy because they promote digital transformations within the economy, reducing transaction costs while prompting economic growth. In Colombia, the 2020 ordinance 1692 modified the regulation of SPBVs, including important interventions to incentivise innovation, promote efficiency within the industry and allow for the entrance of new actors to the market. After the competition advocacy process, the new normative has been focused on the mitigation of conflict of interests amongst participants and within the low-costs payment administrators networks. In order to do so, the ordinance attempts to define more clearly the activities of each participant within the value chain, promote transparency and the precise definition of rates. The article below shows the process of interaction between authorities and the regulation that was ultimately approved.

“no es claro si es que la SIC propone estas otras formas de fijación de las TI para transacciones que se inician con instrumentos franquiciados en razón de otro tipo de argumentos, por ejemplo, por el enorme poder monopólico que se le estaría dando a las franquicias al definir de forma unilateral e inconsulta -por ejemplo frente a la SFC o al Banco de la República- las TI de sus instrumentos”.

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