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Esta nota corresponde a una traducción al español de esta publicación original de Promarket.org, de fecha 11 de diciembre de 2025. Esto se realiza en el marco de un convenio de re-publicación suscrito entre CeCo y ProMarket (Stigler Center, University of Chicago, Booth School of Business).
Live Nation-Ticketmaster ha presentado una petición de juicio sumario para convencer al juez que preside la demanda antimonopólica contra la empresa, de que el Gobierno no ha presentado pruebas suficientes sobre la existencia de una infracción o daño a los consumidores. Diana L. Moss refuta los principales argumentos de la petición y defiende la demanda del Gobierno.
El 18 de noviembre, Live Nation-Ticketmaster presentó una petición de juicio sumario en la demanda antimonopolio federal y Estatal contra la empresa. El caso fue iniciado en 2024 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) bajo la administración de Biden y 40 fiscales generales de estado. Los demandantes en este caso emblemático bajo la Ley Sherman alegan que Live Nation-Ticketmaster utiliza su poder monopolístico en los servicios de venta de entradas para grandes recintos, la promoción de conciertos y la gestión de recintos para sofocar la competencia, perjudicando a los consumidores, a los promotores de conciertos rivales y los artistas.
Si tiene éxito, la acción del DOJ supondría un alivio tangible para millones de aficionados a la música en Estados Unidos, muchos de los cuales muestran un gran interés en el caso, que se extiende incluso a iniciativas de movilización popular para apoyarlo. La solución más probable es separar Ticketmaster, la plataforma de venta de entradas dominante en Estados Unidos, de Live Nation, que es igualmente dominante en la promoción de conciertos y la gestión de recintos. Esto eliminaría los fuertes incentivos de la empresa para utilizar su poder monopólico en todos los mercados de la cadena de suministro de eventos en vivo para excluir a la competencia en la venta de entradas primaria.
Al ejercer su poder, el gigante de los eventos en directo sigue obstaculizando la competencia, incluidos los pequeños proveedores de entradas primarias -vendidas de forma inicial y directa por el proveedor oficial, ya sea el artista, el equipo deportivo, el organizador, el recinto o sitios de venta de entradas como Ticketmaster- y los servicios de reventa de entradas. La realidad es que los consumidores no tienen prácticamente ninguna opción en cuanto a proveedores de entradas primarias. Como resultado, pagan las tarifas monopólicas de las entradas y están cautivos de la tecnología obsoleta y defectuosa de Live Nation-Ticketmaster. Los consumidores necesitan desesperadamente que se ponga fin a esta conducta anticompetitiva para reducir las comisiones de las entradas, obtener un servicio de mejor calidad y mejorar el acceso al entretenimiento en vivo.
La petición de Live Nation-Ticketmaster pretende convencer al juez Arun Subramanian, del Distrito Sur de Nueva York, de que las pruebas presentadas en el caso no respaldan la demanda del Gobierno. Si es así, el juez puede decidir ahora, como cuestión de derecho, sin necesidad de celebrar un juicio. Pero la rutina de Live Nation-Ticketmaster de «aquí no hay nada que ver» no se sostiene, por razones que van desde una visión general hasta los detalles de la ley y la economía.
Incluso para alguien sin experiencia en antitrust, los hechos no son suficientes para que el tribunal decida que el Departamento de Justicia no tiene pruebas. Los consumidores sienten un rechazo abrumador hacia el gigante de los eventos en directo y se sienten atrapados y estafados porque tienen pocas o ninguna opción a la hora de comprar una entrada en el mercado primario de venta de entradas. Esta ha sido la norma durante décadas y la realidad será difícil de evitar en un juicio.
Por ejemplo, a los asistentes a conciertos no les sorprende saber que Live Nation-Ticketmaster tiene una cuota de mercado del 80 % en la venta de entradas en el mercado primario para los principales recintos de conciertos. Lo que los aficionados a la música quizá no sepan es que la empresa también tiene una considerable cuota de mercado del 60 % en la promoción de conciertos y controla el 75 % de las ventas de entradas de los recintos a través de contratos de exclusividad. Esos contratos, que son una herramienta importante para mantener su monopolio, obligan a los recintos a contratar los servicios de Ticketmaster o se arriesgan a que Live Nation les niegue el acceso a los artistas.
Por último, está el mercado de reventa, con el que los aficionados están muy familiarizados. En él, el gigante de los eventos en vivo utiliza «retenciones», «venta lenta» y «códigos de barras rotativos» para dificultar el uso de las entradas de reventa, lo que hace que los compradores de entradas vuelvan a su propia plataforma de venta. En definitiva, los consumidores han dado su apoyo incondicional a la causa del Gobierno, incluida la posibilidad de dividir la empresa. Serán los tribunales, y no los consumidores, los que decidan si las acciones de Live Nation-Ticketmaster violan la ley antimonopolio. Pero sus gestos no deben distraer al tribunal de las implicaciones de la opinión pública.
La petición de Live Nation-Ticketmaster para acceder un procedimiento sumario insta al tribunal a aceptar dos falacias básicas. Cuando estas se exponen, echan por tierra toda la petición. La primera falacia es que, al aprobar la fusión de Live Nation y Ticketmaster en 2010, el Departamento de Justicia esencialmente aprobó los beneficios procompetitivos de la integración vertical… para siempre. Si la fusión no era más que beneficiosa a perpetuidad, ¿cómo podría la conducta de Live Nation-Ticketmaster ser anticompetitiva desde el momento de la aprobación de la fusión?
Esta teoría desafía la realidad. El DOJ admitió haber cometido un error fatal en 2010. Live Nation-Ticketmaster violó las condiciones establecidas en el acuerdo entre el DOJ y las compañías, lo que obligó al DOJ, una década más tarde, bajo la primera administración Trump, a reabrirla. El elemento central de esta iniciativa fue el testimonio de seis recintos anónimos que afirmaron haber sido amenazados o acosados si se negaban a aceptar los servicios de venta de entradas de Ticketmaster. El Departamento de Justicia, bajo la administración Biden, dio el paso definitivo y necesario al presentar el caso antimonopolio que se encuentra actualmente ante los tribunales.
La segunda falacia de la petición de Live Nation-Ticketmaster es que el Departamento de Justicia no entiende el fondo del asunto. La petición dice, en esencia, que existe competencia en la venta de entradas, pero que se da donde el Departamento de Justicia no mira. Es decir, los competidores en la venta de entradas compiten cuando participan en las solicitudes de propuestas de servicios de venta de entradas de los recintos. Esta competencia «por el contrato» debería atenuar, si no eliminar, la preocupación del DOJ por los contratos exclusivos anticompetitivos de Live Nation-Ticketmaster.
Esta teoría también es errónea. Para respaldarla, la petición saca a relucir el caso Ticketmaster contra Tickets.com de principios de la década de 2000, en el que un tribunal estuvo de acuerdo con la idea de la competencia «por el contrato». El único inconveniente es que la evolución del mercado en los últimos 25 años lo ha superado por completo. Con la fusión de 2010 que unió a Live Nation y Ticketmaster, la integración entre la promoción de conciertos, la gestión de recintos y la venta de entradas primarias potenció los incentivos de la empresa para sofocar la competencia. Es bien sabido que los contratos exclusivos con los recintos permiten poner en práctica esos incentivos.
El dominio de Live Nation-Ticketmaster en el mercado significa una cosa. El monopolio es el único escenario, por lo que hay pocas o ninguna oportunidad para que alguien compita «por el contrato». Cuando esta falacia se derrumba, junto con la ficción de que la fusión de 2010 reportará beneficios a los consumidores para siempre, el «castillo de naipes» de la petición se viene abajo.
Sabiendo que el tribunal se mostrará escéptico ante los argumentos generales de Live Nation Ticketmaster, su petición se propone desacreditar los dos pilares del caso del Departamento de Justicia que son necesarios para respaldar una demanda por monopolización en virtud de la Ley Sherman. Uno es demostrar que Live Nation-Ticketmaster posee poder monopólico, y el segundo es que la empresa actuó de forma anticompetitiva para mantener su monopolio. En términos prácticos, el primer pilar requiere que el Gobierno demuestre que la empresa es dominante en un mercado «definido» correctamente. El segundo requiere que el Departamento de Justicia demuestre que la conducta anticompetitiva de Live Nation-Ticketmaster causó daños a los consumidores.
Live Nation-Ticketmaster cuestiona la definición de mercado del DOJ. En términos precisos, este mercado es el de « provisión del servicio de venta primaria de entradas para conciertos a los aficionados en los principales recintos de conciertos», donde el DOJ sostiene que los aficionados pagan por las entradas tarifas monopólicas. El mercado incluye anfiteatros y estadios con capacidad para 8000 personas o más, y que acogen 10 o más conciertos al año. La petición de Live Nation Ticketmaster denuncia esta situación, afirmando que el Gobierno ha «manipulado» el mercado para que sea demasiado reducido con el fin de garantizar la constatación de un poder monopolístico. Si el mercado es erróneo, el Gobierno no puede demostrar nada.
Live Nation-Ticketmaster afirma que el mercado es mucho más amplio que el mercado de recintos principales definido por el Gobierno y que, en su lugar, debería incluir todos los recintos: estadios gigantes, recintos de conciertos y pequeñas salas de conciertos y clubes. Un mercado más amplio incluiría, por supuesto, alternativas más competitivas para los consumidores, lo que disiparía la preocupación por el poder monopolístico de Live Nation-Ticketmaster. La petición señala que, en su alternativa, el mercado de todos los recintos, la cuota de mercado de Live Nation-Ticketmaster es inferior al 50 %, muy por debajo del 80 % del mercado de los recintos principales.
Esta controversia cae bajo su propio peso. La mayoría de los asistentes a conciertos no suelen acudir a espectáculos en estadios, y desde luego no diez veces al año. Pensemos en los conciertos de Taylor Swift y otros artistas de primer nivel, con entradas que cuestan cuatro cifras, mucho más caras que las que pagan los fans para ver a artistas en recintos más pequeños, pero que siguen siendo «importantes o principales». Pensemos también en los recintos pequeños que pueden acoger a músicos y bandas emergentes o de antaño. Hay demanda para estos conciertos, pero son muchos menos los fans que quieren asistir.
Fuentes del sector confirman que los rangos de precios de los recintos de conciertos pequeños, medianos y grandes son claramente diferentes. Esto significa que la demanda de estas salas también es claramente diferente. En la práctica, los consumidores no consideran que los conciertos en estadios a precios desorbitados (con precios de comida y merchandising igual de onerosos) o en pequeños clubes y teatros a precios modestos (y cervezas de barril a ocho dólares) sean bienes sustitutos.
En términos de antitrust, todo esto significa que los eventos en recintos grandes y pequeños no suponen un «control» competitivo sobre los precios de los recintos principales, frecuentados por la mayoría de los asistentes a conciertos y donde el poder monopólico de Live Nation-Ticketmaster es desenfrenado. La definición de mercado de recintos principales del DOJ debería superar la prueba de fuego, allanando el camino para que el tribunal determine que Live Nation-Ticketmaster posee poder monopólico.
Sabiendo que se enfrentan a una dura batalla con el tribunal para definir el mercado correcto, Live Nation-Ticketmaster se centra en otra disputa. Según la empresa, el DOJ no ha demostrado que los contratos exclusivos (es decir, un método probado y verdadero para sofocar la competencia, cuando lo ejerce un monopolista) ayudaran a Live Nation-Ticketmaster a mantener su poder monopólico. La petición selecciona cuidadosamente los antecedentes en busca de apoyo para esta afirmación.
Por ejemplo, el expediente muestra que los recintos «buscan y prefieren» contratos exclusivos. Sobra decir que, cuando un monopolio decreta que el contrato exclusivo es la norma en el sector —como ha hecho efectivamente Live Nation-Ticketmaster—, los recintos no tienen nada más para «buscar o preferir». La empresa ha ocultado esta realidad haciendo que los contratos exclusivos sean lucrativos para los recintos. Compartir los beneficios del monopolio de Live Nation-Ticketmaster puede manipularse para que supere con creces las ventajas de una mayor competencia en la venta de entradas.
La petición de Live Nation-Ticketmaster también pasa por alto la conocida doctrina jurídica de que, si bien los contratos exclusivos pueden favorecer la competencia, a menudo entran en conflicto con las leyes antimonopolio cuando son utilizados por una empresa dominante para mantener un monopolio. Además, la petición elude un importante precedente jurídico al exigir pruebas directas del perjuicio anticompetitivo de los contratos exclusivos, como precios elevados, reducción de la producción o menor calidad.
Es decir, cuando el gobierno solo pretende impedir que una empresa actúe de forma anticompetitiva (es decir, medidas cautelares), se aplica una norma más flexible. Concretamente, el gobierno puede «inferir» la causalidad, o que la mala conducta causó el daño, cuando «parece razonablemente capaz» de contribuir de manera significativa al mantenimiento de un monopolio. Esto tiene mucho sentido. ¿Cómo puede el Gobierno calcular las tarifas «competitivas» de las entradas —con las que compararía las elevadas tarifas monopólicas de Live Nation-Ticketmaster para aportar las pruebas exigidas— cuando la empresa lleva tanto tiempo dominando el mercado?
Por lo tanto, la afirmación del Departamento de Justicia de que los contratos exclusivos son una herramienta importante para mantener su monopolio también debería ser aceptada por los tribunales. Y al sentar unas bases sólidas para los dos pilares principales necesarios para llevar adelante su caso de monopolización contra Live Nation-Ticketmaster, el caso del Departamento de Justicia debería sobrevivir a la petición de sentencia sumaria. Sin duda, esto es lo que se merecen los consumidores. Y es lo que se necesita urgentemente para que el caso del Departamento de Justicia pueda avanzar, de modo que todos tengan las mismas oportunidades de competir en el mercado de la venta de entradas y los consumidores se beneficien de ello.
