Google demanda a Texas por no resguardar información confidencial

7.11.2019

El pasado 31 de octubre, Google interpuso una demanda para que se obligue al fiscal general (attorney general) de Texas, Estados Unidos, a resguardar la información confidencial entregada por la compañía a propósito de una investigación por supuestas conductas anticompetitivas. La investigación en contra de la gigante tecnológica fue iniciada en septiembre de este año por los fiscales de 48 estados -liderados por Texas- por eventuales conductas de abuso de posición dominante en el mercado de publicidad digital.

La principal preocupación expuesta en la demanda de Google se basa en la reciente contratación de tres consultores externos (abogados y economistas) por parte del fiscal general de Texas, que colaborarán con la investigación contra la compañía tecnológica.

Según Google, el hecho de que dos de los consultores – Cristina Caffarra y Eugene Burrus- hayan trabajado antes para competidores o detractores de la empresa amenazaría con exponer elementos estratégicos de sus prácticas comerciales a sus rivales. Caffarra es una economista que ha trabajado para Microsoft Corp y empresas como News Corp y Yendex, que se han enfrentado a Google como demandantes en diferentes jurisdicciones. Por su parte, Burrus fue abogado de Microsoft y ha participado como demandante en varios casos de libre competencia contra Google.

Ante esto, la compañía solicitó a una corte del condado de Travis, Texas, que impida a la oficina del fiscal general compartir información confidencial con los consultores externos que actualmente trabajen para competidores o demandantes de Google. Respecto de consultores que no estén realizando actualmente dichas labores, Google solicitó que se les obligue a esperar al menos un año desde el término de la investigación antes de trabajar para un competidor o demandante de la empresa. Finalmente, Google pidió que se prohíba a la autoridad divulgar su información comercialmente estratégica con terceros sin previa notificación a la compañía y que se les requiera la firma de un acuerdo de confidencialidad para evitar el uso de la información fuera del marco de la investigación.

Desde la oficina del fiscal general de Texas, declararon que han trabajado en diversas propuestas para asegurar la confidencialidad de la información provista por Google, y que esta demanda no sería más que una estrategia para paralizar la investigación.

La demanda de Google se presentó casi dos meses después de que los fiscales generales de 48 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico presentaran una demanda de investigación civil para solicitar cientos de documentos a la compañía tecnológica. El requerimiento de los estados tiene como fin investigar de manera amplia eventuales conductas de abuso de posición dominante respecto de servicios de búsqueda y publicidad provistos por Google.

La normativa estadounidense establece que, en el marco de una demanda de investigación civil como la presentada contra Google, el investigado tiene el derecho a oponerse o requerir la modificación de un requerimiento de información (Sección 15.10(f) del Código de comercio de Texas). La solicitud se puede basar en algún defecto de la demanda de investigación o la infracción de cualquier derecho constitucional, legal o privilegio del investigado. Adicionalmente, existe una serie de precedentes en materia de competencia y propiedad intelectual en que las cortes estadounidenses han concedido estas medidas de protección con anterioridad.

Pese a las diferencias entre el sistema norteamericano y el chileno, nuestra ley de competencia también establece un sistema para oponerse a los términos de una solicitud de información en el contexto de una investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). A partir del artículo 39 h) del D.L. 211, los particulares pueden solicitar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que deje sin efecto total o parcialmente un requerimiento de información de la FNE cuando su entrega pueda generar un perjuicio a los intereses de una compañía o persona natural.

Si bien la facultad de oposición de particulares a solicitudes de información ha sido utilizada en reiteradas ocasiones en Chile, la mayoría de las oposiciones planteadas bajo la necesidad de resguardar la confidencialidad de información estratégica ha sido rechazada por el Tribunal. En general, el fundamento para rechazarlas se ha basado en que la ley otorga vías idóneas para que la FNE resguarde debidamente el acceso a dichos documentos, como son las solicitudes de reserva y confidencialidad de la información (ver, por ejemplo, oposiciones N° 40, 41 y 42).