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De cara a las elecciones presidenciales que se avecinan en Chile (noviembre), en CeCo nos propusimos revisar los programas de los candidatos a través de una mirada neutra, descriptiva y comparativa, enfocándonos en los aspectos económicos y regulatorios.
A continuación, presentamos una síntesis de las propuestas programáticas del candidato Johannes Kaiser Barents von Hohenhagen, representante del recientemente constituido Partido Nacional Libertario, en torno a cinco ejes principales: (i) Libre competencia; (ii) Rol del Estado en la economía; (iii) Sectores económicos; (iv) Política fiscal; y (v) Otros aspectos relevantes.
El programa no contiene menciones explícitas a la institucionalidad ni a la normativa de libre competencia. Su aproximación a la competencia es indirecta: abrir mercados mediante desregulación, privatización, agilización de permisos y certeza jurídica sectorial. Es decir, se busca promover la competencia en diversos mercados, como objetivo de múltiples medidas y políticas públicas propuestas.
En términos generales, el programa propone un “Estado austero, transparente y facilitador”, que se traduciría en una “economía con reglas simples, impuestos bajos, burocracia mínima y gasto eficiente” (p. 21). En este sentido, explícitamente inspirado en la Escuela Austríaca, el programa propone desregular y liberalizar la economía.
En esa línea, el programa plantea un “Plan Económico de Sentido Común”, que se estructura en torno a 4 pilares: (i) Reforma tributaria pro-emprendimiento; (ii) Fin a la burocracia “asfixiante”; (iii) Reducción del gasto público (4,5–5% del PIB); y, (iv) Transparencia y legitimidad.
Sin perjuicio de lo anterior, Kaiser también asigna al Estado un rol de coordinación productiva, enfocado en las MIPYMES (que se pretenden posicionar como protagonistas del desarrollo económico nacional). La meta es triplicar el aporte de las PYMES al PIB, planteándose como pasos a seguir:
Por otra parte, en lo que respecta al papel del Estado en la prestación de servicios públicos, el programa apunta al protagonismo de los privados, con un Estado coordinador con mínima intervención. Así, por ejemplo, en materias como educación y salud, se anuncian mecanismos pro-mercado, como el sistema de vouchers o bonos entregados directamente a las familias para el pago de estos servicios, de forma de trasladar el financiamiento de los prestadores hacia los particulares.
El programa prioriza el desarrollo de ciertos sectores económicos estratégicos, como energía y minería. Además, se establece una política de habilitación y coordinación a través mecanismos de “ventanilla única” y concesiones (además de la labor de la agencia ANDES, ya señalada en la sección anterior).
Se posiciona como un sector prioritario en el programa, orientado a lograr la independencia energética del país. Para ello, se proponen medidas tales como: (i) la optimización de la demanda eléctrica, que permitiría reemplazar otras fuentes como diésel, gas y carbón, y (ii) la reducción de barreras en permisos ambientales y sectoriales, y (iii) la liberalización del mercado eléctrico.
Respecto a este último punto, se propone bajar el límite de potencia conectada para ser calificado como “cliente libre”, desde 300 kW hasta 100 kW en 2026, y luego a 0 kW en 2028 (nótese que este año el umbral fue bajado desde 500 kW a 300 Kw). Esto, con el fin de que más personas -que hoy son “cliente regulados”- puedan “recibir ofertas con precios especiales y mejor calidad de servicio” (p. 148).
El programa busca promover la industria minera a través de la atracción de la inversión privada y la reducción de plazos y requisitos de otorgamiento de permisos. Concretamente, se propone la creación de un Fondo Soberano Minero de Chile, como un mecanismo de ahorro y capitalización de los recursos fiscales derivados de la minería. Una parte importante de este fondo se financiaría con un nuevo Royalty Minero, que consistiría en una tasa de 3,5% del valor de las exportaciones mineras (el royalty actual es de 1% ad valorem de las ventas, más un 8%-26% sobre el margen operacional).
Por otro lado, respecto a COLDECO, se propone realizar una “auditoría estratégica”, considerando su elevada deuda financiera y la necesidad de revisar los contratos que ha suscrito en el último tiempo (con SQM y Rio Blanco; p. 138). Además, se afirma que “se revertirá y/o anularán los acuerdos bajo la Estrategia Nacional del Litio, lo que incluye revisar los intentos de participación directa del Estado en la producción de Litio (…) ya sea a través de CODELCO, ENAMI o empresas filiales” (p. 143). Por último, cabe señalar que el programa también plantea “la privatización parcial o total de CODELCO” (p. 104).
Se propone una reforma a la Ley de Concesiones (DFL Nº 164 de 1991, del Ministerio de Obras Públicas) y la creación de un sistema de “ventanilla única” con módulos de postulación, permisos, consulta y fiscalización. Esto, para acelerar la autorización y ejecución de proyectos. También se plantea aumentar la participación privada a través de un plan estratégico para generar inversión 100% privada en obras públicas y crowdfunding para inversión en infraestructura pública.
Se observa una agenda de privatización y liberalización del mercado inmobiliario, con el fin de fomentar el uso de suelo estatal subutilizado. Esta agenda sería acompañada de la flexibilización del otorgamiento de créditos y agilización de permisos de construcción.
El programa adopta una narrativa de “revolución fiscal” pro-emprendimiento, y recalca la necesidad de reducir el gasto fiscal y promover el ahorro y recaudación, a través de dos medidas principales: Reforma tributaria pro-inversión y simplificación del aparato estatal.
Respecto a la reforma tributaria, se propone eliminar los siguientes impuestos: (i) impuesto a las ganancias de capital, (ii) contribuciones, (iii) impuesto a las herencias de empresas familiares, (iv) IVA para servicios profesionales, y (v) impuesto corporativo para las utilidades reinvertidas (con el fin de premiar la capitalización y la compra de maquinaria y tecnología). Asimismo, se propone volver a un sistema tributario integrado, eliminando así lo que el programa denomina “doble tributación interna”.
En cuanto al gasto público, se fija como meta el recorte del gasto público de 4,5 – 5% del PIB, a través de medidas como la reducción del aparato estatal, bajando el número de ministerios de 25 a 9, focalización de programas, y reducción de 200.000 empleados públicos. También se plantea alcanzar un superávit estructural de +1% del PIB, y una meta inflacionaria de 2% anual.
El programa contiene múltiples medidas que promueven reformas profundas al funcionamiento de la administración, la reducción del rol estatal, la simplificación del Estado y la interacción entre el mundo público y privado.
A continuación, y sin pretensión de exhaustividad, se mencionan algunas propuestas particulares del programa, ya sea por su relación con la economía o la institucionalidad general del país.
Fuente: Elaborada por CeCo en base al programa, fijando como tope máximo 40 palabras y eliminando stopwords (palabras frecuentes que no aportan significado, como artículos, preposiciones, conjunciones y pronombres).
