La FNE reconoció la existencia de una extensa regulación sobre las concesiones de obras públicas contenida en el Decreto Núm. 900 y 956 del Ministerio de Obras Públicas y sus posteriores modificaciones, y en las respectivas bases de licitación.
Con lo anterior, concluyó que aspectos relevantes para el análisis competitivo tales como el precio o tarifa, la calidad de la construcción y del servicio, la forma de mejorar las obras y la cesión del contrato de concesión, se encuentran suficientemente regulados en los referidos cuerpos normativos y en las respectivas bases de licitación, dejando poco margen a las sociedades concesionaras para modificar su conducta y afectar alguna variable competitiva en detrimento de consumidores.
Respecto a la provisión de servicios complementarios a la concesión, la FNE concluyó que la Ruta Puerto Montt – Pargua no presta servicios complementarios que podrían resultar relevantes para la investigación.
En cuanto al Mercado Secundario, la FNE analizó la autopista objeto de la operación (Ruta Puerto Montt – Pargua) y las autopistas explotadas por Fondo Penta, indicando también los puntos que conecta cada autopista en sus extremos y las comunas que atraviesan a lo largo de su trazado. Ello con el fin de determinar si es que las autopistas operadas por Fondo Penta o su grupo empresarial ejercían algún grado de presión competitiva sobre la Ruta Puerto Montt – Pargua, generando un potencial efecto en la competencia.
La FNE desestimó que la operación produjera traslape alguno entre las actividades de las partes, toda vez que las autopistas analizadas tenían distintas ubicaciones geográficas. Es así como la autoridad descartó la existencia de riesgos unilaterales o coordinados que pudieran lesionar o reducir sustancialmente la libre competencia.
