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Jonathan Kanter participó, como es usual al Assistant Attorney General del Departamento de Justicia de EE.UU. (DoJ), en el reciente seminario organizado por Fordham University, en la ciudad de Nueva York.
Kanter leyó un discurso -de 8 planillas de extensión- que luego fue publicado en el sitio web del DoJ, también como es usual en la forma cómo las autoridades estadounidenses se dirigen a un público académico. El discurso arrancó como suelen partir los discursos oficiales, agradeciendo la invitación y luego destacando los logros recientes.
La primera mención se la llevó el caso Google, que salió del horno judicial recién el mes pasado y que resucitó el noventero caso Microsoft. Además, Kanter hizo referencia a más de 20 fusiones abandonadas por riesgos levantados por el DoJ y más de 60 sentencias criminales. Nada de mal.
Esos resultados justificarían, según el expositor, anunciar que vivimos “un verdadero momento histórico en la política de competencia” y que “uno puede sentir la energía en el aire en esta nueva era de aplicación del derecho de competencia”.
Luego, Kanter aseveró que las leyes de competencia han logrado soportar los rigores de la actual economía. No solo están vivas -aunque sean centenarias- sino que prosperan, en aras de las oportunidades económicas, libertad y autodeterminación.
Hasta ahí todo predecible. El giro vino después, cuando Kanter declaró que “tenemos una crisis de expertos en la comunidad de antitrust” (refiriéndose al rol crítico que estos juegan en la política de competencia). Me imagino que de ahí en adelante los asistentes dejaron de mirar el celular.
La cabeza de la División de Competencia del DoJ no quiso apuntar el dedo a situaciones concretas, como era de esperarse. Utilizando un recurso elegante, se refirió a tres cuentos (stories) con un mismo hilo conductor, sin hacer referencias a nombres ni apellidos.
El primer cuento se refiere a una autoridad extranjera que recibe entrenamiento de expertos, y que luego se entera de que dicho entrenamiento era financiado por empresas que estaban siendo investigadas por esa autoridad. El segundo, trata de un experto académico, de una institución financiada por firmas tecnológicas, que hace presentaciones, incluido en la OECD, en contra de cualquier acción de enforcement, sin hacer referencia a su financiamiento. El tercero remata con la cita en una Corte de Apelaciones de un estudio económico elaborado por un reconocido profesor, pagado por el demandado, sin que se haga referencia a dicho pago en el estudio.
Según Kanter, estos tres cuentos (todos reales), revelarían un deterioro de la neutralidad de los expertos y su acercamiento a un rol más de un advocate o “defensor” (como lo es, por ejemplo, un investigador de un think tank o de una asociación gremial). Bajo esta premisa, el mandamás del DoJ aboga por mantener los deslindes claros entre expertos y advocates.
Así, mientras Kanter no tiene reparos en que los advocates puedan defender sus posiciones en el debate público (e incluso ante las cortes), deben distinguirse con claridad de los expertos. Estos últimos deben ser independientes y neutrales, destacando que “las instituciones académicas han funcionado como incubadoras confiables e integrales para ideas emergentes y refinamiento técnico«.
Esa neutralidad se encuentra en peligro debido a los dineros inyectados por las grandes empresas a la academia. En palabras de Kanter: “El dinero destinado por las corporaciones y fundaciones para desalentar la aplicación de las leyes antimonopolio está fluyendo por millones hacia el mundo académico. Financia conferencias, centros, ponencias y todo lo demás. Proporciona a los profesores conexiones, influencia, oportunidades y dólares de consultoría. (…) Todo ese dinero está convirtiendo a nuestros expertos en defensores”.
Kanter también advirtió que la forma en que las empresas influyen en el trabajo de los expertos puede ser sutil y, en ocasiones, difícil de detectar para un juez. Mencionó el traspaso de sesgos de la empresa al experto (que puede determinar pequeñas decisiones de investigación) o simplemente la mayor difusión de aquellas investigaciones alineadas con los objetivos de las empresas.
El discurso terminó con una arenga a la comunidad de competencia internacional, en especial en foros como OECD e ICN, para iniciar una cándida discusión sobre la influencia de los financiamientos en los expertos. Esa discusión, cree Kaneor, debiera concluir con un mejor entendimiento del fenómeno y una definición de reglas efectivas que permitan distinguir con claridad el trabajo de un experto versus el de un advocate (tales como la obligación de informar las fuentes de financiamiento, declarar conflictos de interés y transparentar los datos utilizados en la investigación).
*Para una opinión similar, ver columna de Tomasso Valetti publicada en ProMakrtet: “Doubt is Their Product: The Difference Between Research and Academic Lobbying” (2020).
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