Newsletter
Suscríbete a nuestro Newsletter y entérate de las últimas novedades.
En este artículo, el autor presenta y analiza potenciales incertidumbres que podrían tener los privados en torno al marco de análisis que utiliza la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en Chile para evaluar operaciones de concentración y que inciden en los costos sociales de mantener el actual sistema de control de fusiones. En particular, Fernández discute tres desafíos para el régimen de protección de la competencia: (i) la necesidad de avanzar en la comprensión del criterio de “reducción sustancial de la competencia” como estándar sustantivo para evaluar fusiones; (ii) avanzar en un mecanismo idóneo para evaluar instancias de cooperación entre empresas; y (iii) considerar los incentivos de los terceros que aportan información u opiniones en torno a la operación en cuestión.
DESCARGAR INVESTIGACIÓN“En la medida que el sistema se base en criterios objetivos, estables y por lo tanto predecibles permite a las empresas descartar por sí mismas operaciones que con una alta probabilidad serían prohibidas y, por otra parte, no desalienta que se produzcan fusiones eficientes. En este sentido, cualquier avance en cuanto a entregar certidumbres sería muy positivo: ahorra costo de notificación (para los privados) y de revisión (para las autoridades) de operaciones muy probablemente anticompetitivas, y no impide operaciones eficientes, que equivocadamente pueden prever un excesivo costo del procedimiento”