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A la luz de la reciente decisión del Tribunal de Justicia europeo sobre el recurso de casación interpuesto por Groupe Canal+ en contra de la Comisión Europea, la autora analiza la aplicación del principio de proporcionalidad cuando los compromisos o medidas acordadas entre las autoridades de competencia y las empresas investigadas afectan derechos de terceros. En el caso chileno, el trabajo se centra en si debe o no considerarse la afectación de terceros en el análisis de proporcionalidad en la evaluación de las medidas o condiciones propuestas por las empresas investigadas a la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
“Entonces, al intentar compatibilizar el fundamento económico-jurídico de los procedimientos simplificados de aprobación de acuerdos extrajudiciales con la protección efectiva de los mercados, resulta esencial que las autoridades de defensa de la libre competencia puedan enfocarse no sólo en el control de los acuerdos desde una perspectiva enfocada en el caso concreto, sino que también teniendo en consideración la afectación de los legítimos intereses de terceros”.
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