Comentarios desde el derecho comparado sobre la aplicación concreta de la garantía del debido proceso en casos de colusión

Ignacio Larraín Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2006) y Diplomado en Economía, Derecho de la Competencia y Mercados Regulados de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2011). Socio del grupo de competencia de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. También lidera el equipo de Insolvencia del mismo estudio en Santiago.

Matías Palma Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2015). Certificado en “International and Comparative Business Law”, Bucerius Law School, Hamburgo, Alemania (2014), LLM en la Universidad de Hamburgo, Alemania (2017) y diplomado en Libre Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez (2019).

Este artículo tiene como punto de partida el statu quo de la discusión sobre la naturaleza del procedimiento contencioso por casos de colusión, en la jurisprudencia chilena. Luego, efectúa una breve revisión comparada de los derechos de quien se encuentra en la posición de requerido o acusado, dando cuenta de la compleja coexistencia de las garantías y el derecho a defensa de quienes son recurridos por el ente persecutor, respecto de la prohibición de la autoincriminación y sobre garantías relacionadas al acceso a la prueba. Para los autores, la admisión de garantías derivadas del proceso penal es hoy aún más necesaria, en especial respecto de conductas colusorias, dada la posibilidad de recibir sanciones penales.

“(…) la proximidad del procedimiento ante el TDLC respecto de una querella propiamente criminal marca un punto clave, y es que un eventual procedimiento penal pudiese ser influenciado por antecedentes obtenidos con ocasión de un procedimiento exclusivamente civil, en donde no es admisible la procedencia de garantías fundamentales y básicas del proceso penal.”