Newsletter
Suscríbete a nuestro Newsletter y entérate de las últimas novedades.
https://centrocompetencia.com/wp-content/themes/Ceco
Esta nota corresponde a una traducción al español de una publicación original de Promarket.org, de fecha 18 de junio de 2025. Esto se realiza en el marco de un convenio de re-publicación suscrito entre CeCo y ProMarket (Stigler Center, University of Chicago Booth School of Business).
El juez Amit Mehta pronto dará a conocer la medida correctiva frente al monopolio de Google en las búsquedas por internet. Fiona Scott Morton y Paul Heidhues sostienen que esta medida debe incluir un límite a los pagos que Google realiza a fabricantes de teléfonos móviles, compañías de telecomunicaciones y navegadores web que han contribuido a consolidar su monopolio. Debido a que una prohibición total podría perjudicar a los socios actuales de Google en el corto plazo, el juez Mehta debería considerar una prohibición flexible que, en su lugar, limite los ingresos que estos socios pueden recibir de parte de Google, con el fin de fomentar la entrada de nuevos actores al mercado y promover la competencia.
***
Durante las próximas semanas, se espera que el juez Amit Mehta anuncie la medida correctiva respecto del monopolio de Google en las búsquedas por internet. Durante la fase de discusión de los remedios, en el caso que el Departamento de Justicia lleva contra Google —que concluyó a fines de mayo—, al momento de diseñar una solución, el juez Mehta se enfocó en el principal problema. La conducta anticompetitiva de Google se ha centrado en su estrategia de pagar una parte de sus ingresos publicitarios a los fabricantes de equipos Android (OEM), a las compañías de telefonía móvil y a los propietarios de navegadores web como Apple y Mozilla, a cambio de preinstalar Google Search de forma exclusiva y configurarlo como el motor de búsqueda predeterminado.
Sin embargo, esta práctica ha generado dos fuerzas opuestas que dificultan deshacer los acuerdos de reparto de ingresos de Google. Por un lado, Google utiliza estos pagos para excluir a sus rivales del mercado de búsquedas; por otro lado, estos pagos representan una fuente importante de ingresos para sus socios comerciales (para una explicación más detallada de esta tensión, véase el artículo coescrito por los autores). Aunque este segundo factor no justifica que Google pague por obtener un trato exclusivo o preferente, tampoco puede ignorarse del todo la importancia que estos ingresos tienen para los socios de distribución de Google —los fabricantes, las operadoras y los navegadores— al diseñar una solución. En lugar de prohibir por completo que Google siga pagando a estos socios, el juez Mehta debería considerar ajustar estos acuerdos de manera que impidan que Google continúe dominando el mercado de las búsquedas por internet, favoreciendo así la entrada de nuevos actores y una competencia sostenible en el largo plazo.
Los socios de distribución de Google (como los fabricantes de dispositivos, navegadores o compañías telefónicas) o “channel partners”, en conjunto, recibieron miles de millones de dólares por negarse a instalar motores de búsqueda rivales. Sin embargo, la falta de competencia en el mercado de búsquedas que resultó de estos acuerdos de exclusividad ha perjudicado a esos mismos socios en el largo plazo.
Por ejemplo, si un fabricante de equipos (OEM) hubiera tenido la posibilidad de elegir entre cuatro motores de búsqueda con un poder de mercado relativamente similar, podría haber optado por preinstalar el que le ofreciera las condiciones más favorables. En lugar de tener que aceptar lo que el monopolio le impone —como ocurre hoy con Google—, el OEM podría haber organizado una licitación entre los motores de búsqueda rivales para obtener una mayor proporción de los ingresos por publicidad en búsquedas en internet.
Esos pagos más altos al OEM habrían reducido sus costos, lo que a su vez le habría permitido competir por los usuarios finales ofreciendo teléfonos a menor precio. La competencia en el mercado de búsquedas, por tanto, probablemente habría trasladado recursos desde el monopolista hacia el OEM, y de ahí al consumidor final, beneficiando a ambos (pues los usuarios pagarían menos por sus equipos y servicios, mientras que los fabricantes recibirían mayores subsidios en efectivo).
Actualmente, la posición monopólica de Google le permite inducir a sus socios comerciales (como fabricantes de celulares, operadores móviles y navegadores) a bloquear la entrada de competidores en el mercado de las búsquedas, y hacerlo con pagos relativamente bajos. El juez Mehta ha comprendido que, si elimina esos pagos, podría liberar a dichos socios para que firmen acuerdos con otros motores de búsqueda, lo que fomentaría el ingreso de nuevos actores y una mayor competencia. Sin embargo, al mismo tiempo, quitar esos pagos generaría un perjuicio temporal para los socios de Google, que hoy dependen de una parte de las ganancias monopólicas de la empresa como fuente de ingresos.
Durante el juicio sobre las medidas correctivas, cuando el juez Mehta preguntó a los socios (como Mozilla, Motorola, etc.) cómo los afectaría una prohibición que impidiera a Google realizar esos pagos, estos declararon que los perjudicaría económicamente. Ante ello, el juez se preguntó si era aceptable “dañar esos mercados” (el de los navegadores, los OEM, etc.) para corregir el mercado de las búsquedas. La respuesta del Departamento de Justicia fue afirmativa: es posible que un monopolista en un mercado esté sosteniendo artificialmente otros mercados relacionados (como el de los OEM, navegadores u operadores móviles), pero eso no justifica proteger esos mercados auxiliares. En términos generales, cuando un mercado se financia gracias a los subsidios cruzados de un monopolio, puede perder esos beneficios una vez que se introduce competencia. Sin embargo, lo anterior no constituye un daño a la competencia, y por lo tanto no es un problema de política pública.
En el caso de Google Search, ni siquiera es necesario basarse en ese argumento. A largo plazo, los channel partners se beneficiarían de la nueva competencia entre motores de búsqueda. La preocupación existe solo en el corto plazo, ya que con el paso del tiempo, la competencia generará beneficios para todos los actores, excepto para Google. Una vez que se prohíban los pagos de Google, esos socios enfrentarán mayores costos netos (y quizás tengan que cobrar precios más altos), al menos hasta que otros motores de búsqueda—posiblemente nuevos entrantes que integren inteligencia artificial en sus servicios—comiencen a competir por el tráfico que ellos canalizan. En ese momento, podrán negociar pagos más altos gracias a la competencia, reduciendo sus costos netos. Esto les permitirá ofrecer precios más bajos a los usuarios finales, en comparación con lo que ocurría bajo el monopolio de Google, además de beneficiarse con mayor variedad y mejor calidad competitiva. En suma, tanto los channel partners como sus consumidores terminan ganando con una prohibición a los pagos de Google, siempre que esta medida logre incentivar el ingreso de nuevos competidores al mercado de las búsquedas por internet.
Este debate muestra que los consumidores tienen intereses parcialmente en conflicto según el horizonte temporal: si bien los usuarios quieren que los mercados de navegadores y dispositivos móviles funcionen y entreguen beneficios hoy (lo que los pagos de Google ayudan a mantener en cierta medida), también quieren competencia en el mercado de las búsquedas, lo que se traduce en mayor variedad, mejor calidad y beneficios económicos en el futuro (algo que los pagos de Google perjudican gravemente). El rol del juez Mehta es claro: debe sentar las bases para una competencia efectiva en el futuro. Eso significa impedir que Google siga realizando pagos que refuercen su posición monopólica. Pero también puede establecer condiciones que aceleren la aparición de una competencia genuina, fomentando acuerdos comerciales que favorezcan la competencia en navegadores y sistemas operativos móviles. Con ese fin, algunos pagos de Google a sus socios de canal actuales podrían considerarse aceptables en el corto plazo, si ayudan a facilitar la transición, como explicamos a continuación.
La condición fundamental de cualquier medida efectiva debe ser prohibir que Google celebre contratos que obliguen a sus channel partners a otorgarle posiciones exclusivas, por defecto o preferenciales. En cambio, los motores de búsqueda rivales, que actualmente tienen una participación de mercado muy baja, sí podrían celebrar este tipo de contratos y pagar por obtener posiciones favorables, incluyendo la preinstalación, la exclusividad o el establecimiento como opción predeterminada.
Sin embargo, si un tercero decide por iniciativa propia preinstalar o favorecer a Google Search sin que exista una exigencia contractual, entonces se debería permitir que Google le pague a ese socio una porción limitada de los ingresos por búsquedas. No obstante, esa posibilidad debe estar sujeta a tres limitaciones esenciales, que el remedio debe establecer con claridad.
La primera condición es que los terceros deben conservar total libertad para implementar, según estimen conveniente, las funcionalidades de Google que por defecto remiten a Google Search (como el widget de búsqueda, Chrome, Maps, etc.). En consecuencia, los acuerdos con Google deben poder terminarse libremente por parte de los socios, quienes podrán dejar de usar Google total o parcialmente, en cualquier momento y por cualquier motivo (salvo aquellos prohibidos por ley). Google no debería tener ningún derecho ni expectativa respecto a mantener su motor de búsqueda como opción predeterminada, ni tampoco derecho alguno sobre los ingresos generados por dicho mantenimiento. Además, si un channel partner ha configurado Google Search como motor predeterminado, los consumidores deben conservar el derecho a cambiar fácilmente esa configuración en su dispositivo o navegador. (Todos los consumidores deben poder cambiar fácilmente su motor de búsqueda predeterminado en todos los puntos de acceso a la búsqueda.)
La segunda condición es que cualquier acuerdo de este tipo debe estar sujeto a un límite de cobertura: Google debe tener prohibido compartir ingresos por búsquedas derivadas de más del 50% del canal de distribución de ese socio. Al limitar los pagos solo a la mitad (aleatoria) de los usuarios, este límite da a los fabricantes (OEMs) y navegadores un incentivo para buscar otros motores de búsqueda que les generen ingresos por la otra mitad de los usuarios. Si la preinstalación se realiza de forma aleatoria, entonces el 50% de los usuarios entregará el 50% de los ingresos potenciales por búsqueda. No recomendamos permitir que los socios seleccionen a los usuarios más valiosos para instalarles Google, ya que un pequeño porcentaje de usuarios podría concentrar la mayor parte de los ingresos publicitarios. Un umbral del 50% de participación de mercado (basado en una selección aleatoria de usuarios) permite que un motor de búsqueda rival alcance la misma escala operativa que Google. Cualquier porcentaje superior preservaría la posición dominante de Google por definición.
Tercero, Google no debería poder compartir con un channel partner más del 40% de los ingresos generados por cualquiera de los consumidores dentro del grupo cubierto mencionado anteriormente. El juicio reveló que ese 40% corresponde, aproximadamente, a la parte de los ingresos por búsquedas que Apple obtiene de su acuerdo con Google. Este tope de precio es necesario para evitar una solución elusiva evidente: que Google ofrezca pagar el 80% de los ingresos por la mitad de los usuarios, obteniendo al mismo tiempo el apoyo tácito del socio para preinstalar Google para la otra mitad sin pagar nada. En promedio, Google atendería a todos los usuarios compartiendo el 40% de los ingresos, como hace actualmente, perpetuando así sus prácticas monopólicas. Nuestra propuesta completa, que considera otros incentivos tanto de Google como de los channel partners, puede consultarse aqui.
El juez Mehta podría eximir a channel partners muy pequeños del tope de ingresos, argumentando que si Google firmara acuerdos exclusivos con todos ellos, la cuota total de mercado seguiría siendo lo suficientemente baja como para permitir la entrada de competidores. En efecto, en esta línea, Motorola ha propuesto eximir de la prohibición de pagos a los fabricantes de smartphones que, en conjunto, controlen menos del 30% del mercado (ver página 13 del amicus de Motorola). Sin embargo, esta opción conlleva riesgos, porque, si bien un channel partner individual puede ser pequeño, el impacto en la entrada de nuevos motores de búsqueda depende de la cuota de mercado acumulada de todos ellos. Y dado que los dispositivos Android son fabricados por diversos OEMs, la excepción propuesta por Motorola probablemente abarcaría a todos los fabricantes de smartphones salvo Apple, lo que haría excesivamente difícil el ingreso exitoso de motores de búsqueda competidores.
Por su parte, Mozilla ha propuesto eximir de la prohibición de pagos a los desarrolladores de navegadores independientes, entendiendo por tales a aquellos que no ofrecen un sistema operativo de escritorio o móvil, ni fabrican dispositivos móviles (ver página 18 del amicus de Mozilla). Sin embargo, esto permitiría que el navegador de OpenAI, actualmente en desarrollo, y la mayoría de los posibles compradores de Chrome en caso de una desinversión como remedio, puedan recibir pagos de Google. Tal propuesta sería contraproducente y podría requerir nuevamente establecer un tope agregado de participación de mercado para los socios eximidos, lo cual es difícil de fiscalizar en un mercado que evoluciona rápidamente. En lugar de eximir a algunos actores del mercado y no a otros —lo que podría resultar arbitrario—, el juez Mehta podría permitir que todos ellos reciban pagos parciales, como proponemos más arriba.
Además, el juez Mehta debe determinar cuándo imponer el tope a los pagos. Si se anuncia e implementa rápidamente un límite a los pagos de Google, la entrada de nuevos competidores en el mercado de búsquedas ocurrirá con mayor rapidez, lo que aumentará los pagos de todos los motores de búsqueda competidores, así como también mejorará la diversidad de opciones y la calidad del servicio. Cualquier retraso en restringir los pagos de Google desincentivará la entrada al mercado, no solo por la demora en sí misma, sino también por la mayor incertidumbre respecto a las condiciones futuras de ingreso. Retrasar la aplicación del tope significa perpetuar el control de Google sobre el mercado de búsquedas, posiblemente ayudándole además a dominar el ámbito de la inteligencia artificial, y con ello consolidar su posición monopólica por una o dos décadas más. Para cuando entre en vigor un tope demorado, cualquier posible acuerdo con motores de búsqueda rivales podría ya no tener valor, porque el mercado se habrá decantado definitivamente en favor de Google.
Los participantes del mercado de búsqueda y los channel partner ahora han tomado conciencia de la estrategia de Google. El cambio de panorama producto de la inteligencia artificial, y las nuevas formas de interactuar con la información en internet, abre oportunidades para que nuevos actores ingresen al mercado, especialmente si el juez Mehta genera un espacio para que la competencia prospere. Sin embargo, los entrantes necesitan certeza respecto del entorno competitivo, de lo contrario no podrán reunir el capital necesario para invertir y apoyar una entrada sólida al mercado. Un tope judicial a los pagos de Google durante cinco años, con una revisión al cabo de tres, otorgaría esa certeza. En tres años, si la cuota de mercado conjunta de los motores de búsqueda rivales supera el 50%, el tribunal podría levantar el tope a los pagos. En ese punto, si la IA generativa se ha convertido en la principal forma de realizar búsquedas, las empresas de IA generativa estarán transfiriendo pagos a los channel partners, proporcionándoles todos los recursos necesarios. Y de hecho, si actualmente estas empresas ya ofrecen funcionalidades similares a la búsqueda, eso sugiere que la transición en el corto plazo podría ser rápida. Las empresas de IA generativa podrían estar listas para firmar acuerdos de posición por defecto con socios de distribución desde el primer día de implementación del remedio judicial, especialmente considerando que ese día podría demorarse algunos meses o incluso años debido a apelaciones.
Dada la oportunidad actual de innovación en el mercado de búsquedas—y la larga demora en la aplicación de normas contra la conducta anticompetitiva de Google—el juez Mehta no puede aplazar una decisión sobre los pagos de Google por posiciones preferentes o por defecto. Nuestra propuesta demuestra que una acción inmediata no implica desestabilizar a los channel partners: al limitar la compensación por cualquier trato preferente voluntario a Google al 50% de los ingresos por búsquedas del canal, y establecer un tope del 40% en el porcentaje de reparto de ingresos, el tribunal crearía una vía de entrada para nuevos competidores y una transición estable para los channel partners. Nada menos es necesario para fomentar la competencia y la innovación en este mercado.
