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El actual régimen de análisis de inversiones extranjeras de Nueva Zelanda se encuentra regulado en la Overseas Investment Act 2005 (OIA) y en la Overseas Investment Regulations 2005.
En junio pasado, la OAI fue modificada mediante la Overseas Investment (Urgent Measures) Amendment Act 2020. La mayoría de los cambios introducidos formaban parte de la reforma anunciada por el gobierno en noviembre 2019, la cual, se vio acelerada por la crisis del COVID-19.
La Overseas Investment Office (OIO) es el órgano encargado de supervisar el régimen de revisión y la responsable de evaluar las solicitudes de extranjeros u organizaciones (controladas en más de un 25% por extranjeros) que deseen invertir en tierras sensibles, activos comerciales importantes o cuotas de pesca en Nueva Zelanda.
La decisión de permitir o no determinas inversiones es tomada por los ministerios, con asesoría de la Overseas Investment Office (OIO) , o por esta última, bajo la delegación de un ministerio.
El análisis competitivo de las inversiones extranjeras es realizado de manera autónoma por la autoridad de competencia neozelandesa, la Commerce Commission. Esta comisión, corresponde a una entidad independiente del poder ejecutivo, encargada de aplicar las leyes que promueven la competencia y protegen a los consumidores en Nueva Zelanda, debiendo administrar el régimen voluntario de control de operaciones de concentración del país.
La Overseas Investment Office (OIO) es una unidad especial del servicio Land Information New Zealand (LINZ), designada por el Ministerio de Finanzas de Nueva Zelanda como el regulador de inversiones extranjeras.
Entre sus funciones –establecidas en la OIA-, se encuentran analizar las solicitudes de inversión extranjera y aconsejar a los respectivos ministerios sobre su autorización. Bajo ciertas circunstancias, será la misma OIO quien tendrá la autoridad para decidir.
La OAI permite a los ministerios delegar al regulador los poderes o funciones que dicha ley les entrega. La delegación es realizada mediante Cartas Ministeriales Directivas, la cuales pueden incluir orientaciones en cuanto a la visión del gobierno sobre las inversiones extranjeras, -por ejemplo, aquellas que son bienvenidas o las que levantan preocupación- y sobre la importancia que la OIO debe atribuir a determinados factores en la evaluación de los beneficios que conlleva la inversión.
La última Carta Ministerial Directiva fue emitida el 28 de noviembre de 2017. En esta, el Ministerio de Finanzas, de Pesca e Información de Tierras, delegaron una serie de funciones y poderes a la OIO.
La delegación no impide que, con posterioridad, los ministerios ejerzan los poderes o funciones que han delegado. Cada ministerio puede, a su discreción, tomar él mismo la decisión delegada (“call in” decisión). En general, esto ocurre en casos importantes en donde existe un interés público comprometido.
Mediante la Overseas Investment (Urgent Measures) Amendment Act 2020, el gobierno neozelandés introdujo un nuevo régimen de notificación temporal de emergencia, el cual es revisado cada 90 días.
Cuando el gobierno considere que la notificación temporal de emergencia ya no sea necesaria -dentro de un plazo máximo de dos años-, esta será reemplazada por un nuevo régimen de llamado (o “call-in” power).
Dicho régimen podrá ser aplicado a aquellas inversiones que no requieren aprobación del gobierno, lo que permitirá revisar inversiones en empresas estratégicas importantes. Por ejemplo, empresas de generación eléctrica, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos o medios.
Bajo la nueva legislación, las personas extranjeras deberán notificar su inversión a la OIO, cuando esta resulte en:
Dicha notificación es de carácter obligatorio, sin importar el valor de la inversión ni si requiere aprobación del gobierno.
De acuerdo a la ley, las personas extranjeras corresponden a aquellas que no son ciudadanas ni residentes ordinarios de Nueva Zelanda, como también personas jurídicas, fideicomisos u otro tipo de entidades que son controladas o cuya propiedad pertenece en más de un 25% de un extranjero.
Las transacciones serán analizadas para verificar que se encuentren en línea con el interés nacional de Nueva Zelanda –en atención al test explicado más adelante-. La autoridad podrá prohibirlas, autorizarlas o autorizarla con condiciones.
Las inversiones realizadas por personas extranjeras en activos sensibles de Nueva Zelanda deberán obtener una autorización previa del regulador o el ministerio que corresponda. Esto, ya que se considera un privilegio tener control sobre ellos.
Dichos activos comprenden tierras sensibles, activos comerciales importantes –en general, valores, activos o empresas valoradas en más de NZ$100 millones- y cuotas de pesca.
Para tomar su decisión, la autoridad aplicará el denominado Test del Inversionista. De acuerdo a este, el inversionista debe cumplir con cuatro criterios principales para que su propuesta sea aprobada: (i) contar con experiencia y visión de negocios; (ii) demostrar un compromiso financiero en la inversión -no siendo suficientes las meras intenciones-; (iii) tener una buena reputación; y (iv) no tratarse de un individuo a los que se refiere la sección 15 o 16 de la ley de inmigración –quienes hayan sido condenados a 5 años de cárcel u otras personas no aptas para obtener una visa-.
En el caso de las tierras sensibles -entre las que se encuentran tierras residenciales o rurales de más de 5 hectáreas-, adicionalmente, el inversionista deberá satisfacer el Test de Beneficio, el cual exige que de la inversión se deriven beneficios para Nueva Zelanda.
En cuanto a las cuotas de pesca, el inversionista también deberá cumplir con el Test de Interés Nacional.
Bajo la nueva legislación, todas las inversiones en activos sensibles de Nueza Zelanda se encuentran potencialmente sujetas a ser revisadas bajo el Test de Interés Nacional por el Ministerio de Finanzas –en junio, el Ministerio envió una carta al regulador en donde explica la aproximación del gobierno a dicho test-.
Además, el test recibirá aplicación en todas las inversiones en que:
La ley no define el concepto de “interés nacional”, por lo que el Ministerio de Hacienda posee amplia discreción para decidir caso a caso si una determinada inversión puede ir en contra de este.
Al aplicar el test, el gobierno considera una serie de factores, cuya importancia varia dependiendo de la naturaleza de la inversión.
Entre otros, el Ministerio atiende a (i) la seguridad nacional, el orden público y las relaciones internacionales; (ii) la competencia, en concreto, si la operación entregará al inversionista poder de mercado tanto a nivel nacional como global –esta evaluación es independiente de la que podría realizar la autoridad de competencia neozelandesa, la Commerce Commission-; (iii) su impacto económico y social; (iv) su armonía con los valores e intereses de Nueva Zelanda y otras políticas; y (v)las características del inversionista.
De acuerdo con el gobierno neozelandés, las inversiones realizadas por gobiernos extranjeros o por sus socios, en raras ocasiones, pueden presentar mayores riesgos que otro tipo de inversiones.
Lo anterior, ya que podrían perseguir objetivos o estrategias políticas más amplias (y no puramente comerciales) que podrían no estar en línea con los intereses del país.
Para determinar si este tipo de operaciones puede poner en riesgo el interés nacional, el gobierno considerará, entre otras cosas, hasta qué punto el inversionista opera de manera independiente y comercial, como la existencia de otros accionistas o socios en la inversión.
The Treasury, New Zealand Government – Guidance Note, Foreign Investment Policy and National Interest Guidance. Ver aquí
