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La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) ha decidido cruzar el Rubicón de la autonomía financiera: dejará de depender del presupuesto público y ahora busca financiarse con las tarifas de notificación de concentraciones. El problema no es la tarifa, sino el orden de los factores. La CNA adoptó un modelo que en otras jurisdicciones descansa en metodologías claras, procesos previsibles y estándares verificables; aquí, en cambio, se implementó sin ese andamiaje. Cobrar primero y estandarizar después corresponde a un cambio que reconfigura incentivos, redistribuye riesgos y exige una arquitectura de calidad que aún no existe, pero de la cual depende que la autonomía financiera sea una fortaleza y no una vulnerabilidad.
Cobrar primero y estandarizar después no es un ajuste administrativo, sino un cambio que reconfigura incentivos redistribuye riesgos y exige una arquitectura de calidad que aún no existe.
El 14 de noviembre de 2025, la CNA anunció su intención de financiarse mediante las tarifas de notificación de concentraciones. La expectativa surge de la última reforma a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), que redujo los umbrales de notificación y, con ello, se espera que aumente el número de operaciones. Paralelamente, la CNA revisaba las tarifas para alinearlas con el costo real del análisis y con prácticas internacionales.
Conviene recordar que el cobro por notificación de concentraciones no es nuevo. Desde 2016, la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) aplicaba un derecho fijo —160 000 pesos en su origen y 247 820 pesos en 2025— que crecía a una tasa media anual alrededor del 5% y sin relación con el valor de la operación. Ese esquema respondía a una lógica distinta: no buscaba autofinanciar a la autoridad, sino recuperar parcialmente los costos administrativos.
El 19 de diciembre de 2025, la CNA publicó el nuevo esquema tarifario (Acuerdo Tarifario). El cambio central fue el tránsito de una tarifa única a un tabulador que depende del Valor Máximo Estimado en México de la operación (VME) sin que se estableciera una metodología ni criterios para calcularlo.
El proceso de pago funciona así:
El valor final del VME no corresponde a un “valor real” único, porque puede calcularse con distintos criterios —como valor comercial o valor en libros— y el Acuerdo Tarifario obliga a usar siempre el monto más alto. En operaciones internacionales, el valor atribuible a México suele derivarse de un valor global no desagregado por país y, cuando la transacción se pacta en moneda extranjera, también depende del tipo de cambio vigente al cierre. Por ello, incluso al cierre se trabaja con estimaciones y el VME final puede diferir del declarado inicialmente.
Si el VME final es menor al declarado, no hay reembolso; si es mayor, los notificantes deben cubrir la diferencia. En caso de impago, se generan actualizaciones y recargos.
El tránsito de derechos a tarifas redistribuye los riesgos institucionales. Bajo el régimen de derechos, la COFECE no tenía incentivos financieros vinculados al número o valor de las notificaciones; su riesgo principal era la captura presupuestaria política. Con tarifas, la CNA obtiene ingresos propios y adquiere incentivos ligados al volumen de casos y al VME declarado. El riesgo deja de ser político; ahora también es presupuestario interno.
Esta reconfiguración operativa es también un síntoma del rediseño institucional más profundo que vive la autoridad: el tránsito de un modelo basado en evidencia técnica hacia uno guiado por la narrativa del bienestar. Ese cambio —analizado en mi columna Dos nacimientos, dos modelos de Estado regulador en México— puede ser explicado por qué el modelo tarifario se implementó sin metodologías, sin criterios replicables y sin estándares verificables. Al desplazar el riesgo del cálculo hacia los particulares, la discrecionalidad administrativa se convierte en un costo transaccional incierto.
El rediseño institucional plantea preguntas inmediatas sobre su impacto. La primera es elemental: qué tan costoso es realmente este nuevo esquema para los notificantes.
Todo juicio sobre “onerosidad” está condicionado por el punto de comparación que elijamos (sesgo de anclaje). Si comparamos la tarifa actual con la anterior, el ajuste es considerable: el incremento oscila entre 256% y 2 237%, según el intervalo del VME.
Pero, si cambiamos el ancla y contrastamos la tarifa actual con el propio VME, la lectura se transforma. La tarifa representa hasta el 0.11% del VME para el segundo intervalo, 0.09% para el tercero, 0.08% para el cuarto y 0.07% para el quinto.
Bajo esta métrica, las tarifas actuales no parecen onerosas. Sin embargo, esa misma conclusión puede abrir la puerta a la tentación de incrementarlas en el futuro.
La discusión sobre onerosidad solo resuelve una parte del problema. El objetivo declarado de la CNA no es recaudar más, sino financiarse con sus propias tarifas.
El último Informe de Concentraciones reporta que en 2023 la COFECE resolvió 143 concentraciones por un monto anual de 447 756 millones de pesos mexicanos (mdp), lo que implica un valor promedio por transacción de 3 131 mdp. En ese mismo año, su presupuesto fue de 656 mdp. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la inflación acumulada fue de 8.2%. Ajustando por inflación, el valor por transacción asciende hoy a 3 384 mdp – equivalente a 18 millones de dólares (mdd) – y el presupuesto equivalente sería de 709 mdp (≈39 mdd).
Con base en el tabulador de la CNA y suponiendo que el valor promedio por transacción coincide con el VME, la tarifa promedio sería de 1 925 214 pesos (≈106 956 dólares).
Si en 2026 se notifican 157 concentraciones –el promedio de los últimos cinco años (2021-2025) acorde con el Acuerdo Tarifario–, la recaudación sería de 302 mdp (≈17 mdd), equivalente al 33% del presupuesto de 2023 ajustado por inflación.
Para estimar qué condiciones permitirían alcanzar un presupuesto similar al de 2023 en términos reales, realizo un análisis de sensibilidad. La Tabla 2 resume los resultados, entre los que destacan:
El modelo depende, por tanto, de variables que la CNA no controla del todo. Y cuando los ingresos de un regulador dependen de su propia actividad, los incentivos cambian.
Bajo la regla de no reembolsos, los notificantes –como cualquier empresa que minimiza costos– tienen un incentivo a pagar la tarifa más baja posible al inicio y cubrir la diferencia al cierre, cuando cuentan con mayor certeza sobre el VME. Esta estrategia es racional siempre que el costo de ajustar después sea menor que el de estimar con precisión desde el principio.
Algunos practicantes y expertos han expresado preocupación por los incentivos del nuevo esquema. Advierten que la dependencia de la CNA en las tarifas podría inducir conductas orientadas a maximizar ingresos, como fragmentar una operación en múltiples notificaciones, especialmente en concentraciones estructuradas como una sucesión de actos. La inquietud se refuerza al observar que, para que el modelo sea sostenible, se requiere aumentar el volumen de notificaciones y elevar el VME promedio, parámetros que depende tanto del mercado como de las decisiones de la propia CNA.
La ausencia de metodologías y criterios públicos para calcular el VME abre espacio para inconsistencias técnicas. Referencias provisionales son la Guía de Notificación de Concentraciones de la COFECE y sus resoluciones donde se acreditó el incumplimiento de notificar (por ejemplo, resoluciones de los expedientes IO-001-2019, VCN-006-2022, entre otros), que contienen criterios para determinar el valor de una concentración en México.
Si la CNA depende de manera significativa de estos ingresos, la clasificación de operaciones en intervalos tarifarios deja de ser un ejercicio técnico y adquiere implicaciones presupuestarias. En una desaceleración económica, los ingresos podrían caer abruptamente, incentivando a la CNA a realizar estrategias para incrementar sus ingresos. En un repunte, podrían generarse excedentes que se destinen tanto a mejorar capacidades como a usos menos justificables.
Además, persiste una duda de fondo: si las tarifas de concentraciones terminan financiando otras funciones, como investigaciones por prácticas monopólicas, la lógica de recuperación de costos se diluye y la tarifa deja de reflejar el servicio que supuestamente remunera.
A ello se suma un riesgo adicional: la autorización de la CNA es la única vía para cerrar ciertas concentraciones, pero no existen contrapesos que limiten incrementos futuros en las tarifas sin mejoras equivalentes en la calidad del servicio. En un modelo tarifario, la legitimidad del cobro exige una correspondencia razonable entre precio y calidad. Cuando esa correspondencia se rompe, la tarifa deja de ser un mecanismo de recuperación de costos y se convierte en una fuente general de financiamiento, con los riesgos de opacidad y distorsión que ello implica, como elevar las tarifas ante mayor carga de trabajo en lugar de mejorar la eficiencia con los recursos existentes.
Estos riesgos no son inevitables; depende del diseño institucional. La experiencia comparada ofrece una guía.
La experiencia internacional muestra que cobrar no basta: cobrar exige calidad verificable. Según el análisis de CeCo sobre el GCR 2024 y 2025, las autoridades mejor evaluadas y referidas en el Acuerdo Tarifario –como la CMA de Reino Unido y el Bundeskartellamt de Alemania– no solo cobran tarifa, sino que destacan por la predictibilidad de sus procesos, la consistencia de sus análisis, la claridad de sus metodologías y la calidad de su interacción con los agentes económicos. Cobrar funciona cuando la autoridad demuestra que el servicio tiene calidad, consistencia y valor público.
México llega al modelo tarifario en un momento de fragilidad institucional. La COFECE enfrentó recortes presupuestales y una transición incierta hacia la CNA, lo que incrementó el tiempo promedio de resolución. La CNA hereda ese contexto, pero con menos blindaje institucional: ya no es un órgano constitucional autónomo, sino un organismo descentralizado sectorizado en la Secretaría de Economía. Su autonomía es de gestión, no constitucional. Y ahora, además, dependerá de los ingresos que genere. Al depender ahora de los ingresos que ella misma genera bajo un esquema de «regulador narrativo», el riesgo de incentivos distorsionados se intensifica. Cobrar funciona cuando la autoridad demuestra que el servicio tiene calidad, consistencia y valor público; sin ello, la autonomía financiera es una debilidad disfrazada de ingresos.
El contraste con otras jurisdicciones deja claro que el desafío mexicano no es cobrar, sino construir los estándares que hacen legítimo y sostenible un modelo tarifario.
Cobrar por un servicio indispensable no es, por sí mismo, problemático; lo es hacerlo sin metrologías claras y sin contrapesos que aseguren que el cálculo del VME responden a razones técnicas y no a urgencias presupuestarias. La autonomía financiera puede fortalecer a la CNA, pero solo si se sostiene en estándares verificables y en una arquitectura institucional que limite la opacidad. El reto para la CNA no es recaudar más, sino recaudar con estándares. Solo así la autonomía financiera dejará de ser un riesgo y podrá convertirse en una verdadera fortaleza institucional.
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