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El pasado miércoles 4 de marzo se aprobó en el Senado el proyecto de ley que busca reformar la Ley 20.019, que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. El proyecto, tras años de discusión parlamentaria, contempla distintas modificaciones a la forma en que operan actualmente estas sociedades, principalmente a través de enmiendas a normas propias del derecho corporativo y societario. Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes del proyecto cobra especial importancia desde la perspectiva del derecho de la competencia: la prohibición absoluta de la multipropiedad.
La existencia de un tipo social diseñado principalmente para configurar la personalidad jurídica de un club de fútbol no es cuestión exclusiva de nuestro país. Si revisamos el panorama en las principales ligas del mundo es posible encontrar tipos sociales muy similares a lo que en Chile conocemos como Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. En particular, la mayor similitud se puede observar en España, donde los clubes de fútbol profesional se encuentran obligados -al igual que en nuestro país- a estructurarse societariamente como Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Sin embargo, España no contempla reglas que prohíban la multipropiedad respecto a los clubes que participan en sus ligas profesionales, tanto en primera como en segunda división.
De convertirse en ley, la prohibición absoluta de la multipropiedad podría contribuir significativamente a mejorar las condiciones competitivas del mercado del fútbol chileno, reduciendo los riesgos anticompetitivos asociados a estas estructuras y previniendo la adquisición futura de la propiedad de clubes en manos de un mismo controlador
La multipropiedad de clubes de fútbol como estructura de control ha ido ganando terreno a nivel internacional en las últimas décadas. Esto responde no solamente a la inmensidad económica del mercado del fútbol, sino también a la fuerte irrupción de los fondos de inversión y el private equity en el negocio. Este contexto ha incentivado el surgimiento de conglomerados, holdings y grupos económicos de alcance global, tales como City Football Group y Grupo Pachuca, este último presente en nuestro país a través de la propiedad del 80% de las acciones de Everton de Viña del Mar.
El fenómeno de la multipropiedad, aunque aparezca cada vez con mayor frecuencia, puede presentar riesgos sustantivos para la competencia dentro del mercado del fútbol. En línea con lo observado en la investigación de Rodrigo Sobarzo (Multipropiedad en el fútbol: Un análisis sobre sus efectos en la libre competencia), la multipropiedad de clubes puede erosionar seriamente las condiciones competitivas del mercado. Los principales riesgos identificados son tres. Primero, la reducción de la disponibilidad de jugadores en el mercado de traspasos y el consecuente encarecimiento en el acceso a los mismos por parte de clubes independientes, quienes se ven en desventaja frente a estructuras que controlan múltiples plantillas y pueden gestionar los traspasos internamente. Segundo, la disminución de la rivalidad en el mercado laboral, lo que debilita las condiciones de negociación de los jugadores de fútbol y puede redundar en contratos menos favorables para estos. Tercero, el intercambio de información comercialmente sensible entre clubes de un mismo controlador, lo que facilita conductas coordinadas que distorsionan la competencia tanto deportiva como económica. (Sobarzo, 2025)
Actualmente, el reglamento de la ANFP prohíbe la multipropiedad únicamente cuando los clubes en cuestión compiten dentro de la misma división. Por tanto, no existe restricción alguna para que una persona o entidad sea propietaria de dos o más clubes que compiten en divisiones distintas. Sin ir más lejos, esta situación se da en el panorama chileno actual con los clubes Deportes Limache y San Luis de Quillota, que, al pertenecer a divisiones diferentes, pueden ser controlados por un mismo holding sin infringir el reglamento vigente.
Desde luego, los riesgos anticompetitivos derivados de la multipropiedad se intensifican cuando los clubes involucrados compiten directamente en la misma división, pues en ese caso son rivales no solo en lo deportivo, sino también dentro del mismo mercado. En este sentido, los riesgos identificados por Sobarzo también pueden manifestarse cuando la multipropiedad abarca clubes de distintas divisiones. Ello se explica porque el mercado del fútbol es esencialmente dinámico: los descensos y ascensos reconfiguran permanentemente el mapa competitivo, los mercados de fichajes son anuales y transversales a todas las divisiones, y las competencias de copa enfrentan regularmente a clubes de distintas divisiones. En este contexto, la distinción de divisiones que establece el reglamento de la ANFP resulta insuficiente como criterio regulatorio para contener los riesgos que la multipropiedad puede generar. En atención a ello, el proyecto de ley contempla la prohibición absoluta de la multipropiedad, prescindiendo de dicha distinción y estableciendo una restricción de alcance general. Siguiendo esta línea, resulta interesante destacar que este mismo modelo de prohibición absoluta de la multipropiedad es el que está vigente actualmente en el fútbol inglés. Dentro del panorama europeo, Inglaterra contempla la normativa más estricta de todas, prohibiendo de manera absoluta la multipropiedad a lo largo de sus cuatro divisiones profesionales. Esto es, desde la Premier League hasta la EFL League Two. (European Football club ownership: rules and regulations)
El proyecto de ley en comento se encuentra hoy en sus últimas etapas de tramitación legislativa. De convertirse en ley, la prohibición absoluta de la multipropiedad podría contribuir significativamente a mejorar las condiciones competitivas del mercado del fútbol chileno, reduciendo los riesgos anticompetitivos asociados a estas estructuras y previniendo la adquisición futura de la propiedad de clubes en manos de un mismo controlador. Se trataría, en definitiva, de un avance importante hacia un fútbol más competitivo, transparente y equitativo.
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