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En la Cámara de Diputados de México, existe un dictamen listo para votarse, si así lo decide el partido gobernante (Morena), que propone eliminar varios órganos autónomos, entre ellos la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece o Comisión). El proyecto busca «racionalizar los recursos públicos (…) a fin de erradicar las desigualdades sociales» y transferir las funciones de la Comisión a la Secretaría de Economía. Actualmente, la discusión de esta iniciativa está pausada, por lo que no se sabe si el dictamen será votado, ni cuándo.
En cualquier caso, recientemente se aprobó en México una reforma al poder judicial que, entre otros aspectos, establece la elección popular de ministros, magistrados y jueces federales y locales.[1] También se añadieron a la Constitución algunos requisitos para ser juez o magistrado, como tres años de experiencia y un promedio general de 8.0 en la licenciatura de Derecho. Ahora, la siguiente etapa es hacer operativa esta reforma a través de modificaciones a las leyes y reglamentos relacionados. Por ejemplo, no está claro cómo se organizarán las elecciones de jueces, magistrados y ministros, ni cómo se financiará este proceso.[2] Tampoco se sabe si las regulaciones secundarias impondrán requisitos adicionales a los establecidos en la Constitución, como exámenes de conocimientos o estudios más avanzados en Derecho. Algunos podrían argumentar que imponer requisitos adicionales sería inconstitucional.
«Una de las preguntas que surgen entre quienes trabajamos en temas de competencia es si esta reforma afectará los recursos ante los tribunales relacionados con las resoluciones de Cofece y, más ampliamente, si detendrá el avance de los últimos 25 años en la institucionalización de la política de competencia en México.»
Una de las preguntas que surgen entre quienes trabajamos en temas de competencia es si esta reforma afectará los recursos ante los tribunales relacionados con las resoluciones de Cofece y, más ampliamente, si detendrá el avance de los últimos 25 años en la institucionalización de la política de competencia en México. Por ahora, es difícil prever el impacto de la reforma al poder judicial, pero preocupa que pueda comprometer la independencia y carrera judicial de jueces y magistrados, incluidos aquellos especializados en competencia económica.
En la reforma constitucional en telecomunicaciones y competencia económica en 2013, que creó a la Cofece como un órgano autónomo, se determinó que las impugnaciones a normas, actos u omisiones de la autoridad de competencia solo podrían ser presentadas mediante juicio de amparo indirecto, y resueltas en juzgados y tribunales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Como resultado, se crearon dos juzgados y dos tribunales colegiados especializados. El objetivo era reducir el número excesivo de litigios que buscaban –y a menudo lograban– suspender las decisiones de los reguladores de competencia y telecomunicaciones. Estas suspensiones sorprendían debido a que las otorgaban jueces que desconocían por completo el tema. Así, la creación de estos tribunales especializados buscaba precisamente despolitizar y profesionalizar la justicia en estas áreas.
Uno de los efectos positivos inmediatos fue la reducción del tiempo promedio para resolver los juicios.[3] Asimismo, aunque no existe un estudio formal al respecto, me atrevo a decir que las sentencias de estos tribunales en sus diez años de existencia no han favorecido sistemáticamente a los quejosos en contra de Cofece, ni han mostrado deferencia hacia la autoridad. Sin embargo, aún hay margen para mejorar la especialización de estos tribunales, en particular en relación con la falta de estructuras que fomenten la permanencia del conocimiento, ya que cuando hay rotación de jueces, estos llegan con equipos nuevos y, en muchos casos, sin experiencia en competencia económica.
Dado que la reforma relaja las exigencias de conocimientos técnicos (tanto en competencias y habilidades básicas en amparo, como en las necesarias para la especialización del tribunal), obviamente preocupa que lleguen jueces menos preparados y acompañados de equipos sin experiencia. Será clave observar los requisitos que se establezcan en regulaciones secundarias para emitir una opinión más certera sobre la posible pérdida de especialización.
Además, la elección popular de jueces y magistrados preocupa porque aumenta el riesgo de captura, favoreciendo intereses del gobierno federal o de despachos de abogados (o sus representados) con capacidad económica para financiar encubiertamente las campañas de aspirantes a los juzgados especializados. En años recientes, los tribunales especializados han permitido que sectores como el eléctrico se defiendan de acciones arbitrarias e inconstitucionales del gobierno. A medida que el gobierno mexicano participa cada vez más en la actividad económica (a través de Pemex, CFE, CFE Telecom, aeropuertos, y una aerolínea, entre otros), sus intereses pueden ser contrarios a la competencia en ciertos mercados. Ni que se diga de este riesgo con las empresas con mayor poder económico y cercanía con el gobierno en turno, sea del partido que sea.
En resumen, aunque es temprano para evaluar el impacto de la reforma judicial en los recursos ante tribunales respecto a las resoluciones de Cofece, la implementación de esta reforma a través de las leyes y nuevas regulaciones en la materia serán cruciales para asegurar que no se comprometa el progreso logrado en la institucionalización de la política de competencia económica en las últimas décadas.
[1] Para conocer el contenido de reforma al poder judicial, ver nota titulada “¿Cuáles son los cambios que propone la reforma judicial?, disponible en https://pdea.mx/cuales-son-los-cambios-que-propone-la-reforma-judicial/.
[2] Para una explicación sencilla sobre los retos para hacer operable la reforma judicial, ver el artículo “La nueva realidad” de Jorge A. Castaneda Morales, disponible en https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-nueva-realidad-20240918-0150.html.
[3] Si bien los asuntos se resolvieran en mucho menor tiempo en un principio, por lo carga de trabajo que enfrentaron años después, en parte relacionado con amparos en el sector eléctrico, las resoluciones dejaron de emitirse tan rápido como un inicio.
