Newsletter
Ricardo Paredes

Ricardo Paredes: sobre “atarse al mástil” y el “rule of reason”

28.07.2021
Claves
  • El pasado 24 de junio, en un evento organizado por la UAI, el actual ministro del TDLC, Ricardo Paredes, expuso sobre los desafíos de la regulación económica que enfrenta el Chile actual, con los comentarios del abogado Ricardo Castillo.
  • Actualmente, uno de los desafíos de la regulación económica en Chile es la determinación de los límites a la discrecionalidad del Estado en materias económicas, en un contexto de discusión y cuestionamiento público del actual modelo chileno.
  • No obstante, se ve como excepción a la rigidez del modelo una mayor flexibilidad en la intervención estatal en materia regulatoria de libre competencia, permitiendo la aplicación de la regla de la razón en el análisis de conductas y acciones.
  • Paredes y Castillo mencionan que existen múltiples dimensiones que faltan por resolver en temas sectoriales, como la regulación de los derechos de propiedad del agua, que ha tomado mayor relevancia en los últimos años.
Keys
  • On June 24, at a webinar organized by UAI, the minister of the Chilean Competition Court, Ricardo Paredes, talked about the current challenges of economic regulation in Chile, with the comments of the lawyer Ricardo Castillo.
  • Currently, one of the challenges of economic regulation is the determination of the limits to the State’s discretion in economic matters, in a context of public discussion and questioning of the Chilean economic model.
  • However, an exception to the rigidity of the model is seen in the greater flexibility that the Chilean competition regulation has, allowing the application of the rule of reason in the analysis of behaviors and actions.
  • Paredes and Castillo mentioned that there are multiple dimensions that remain to be resolved in sectoral issues, such as the regulation of water property rights, that has become more relevant in recent years.

El pasado 24 de junio, en un evento organizado por las Facultades de Derecho y de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Ricardo Paredes expuso sobre los desafíos de la regulación económica que enfrenta el Chile actual. El evento fue moderado y comentado por Ricardo Castillo.

Ricardo Paredes es economista de la Universidad de Chile, Máster y PhD en Economía de la Universidad de California y se desempeña actualmente como Ministro Titular del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Por su parte, Rodrigo Castillo es abogado de la Universidad de Chile, Director Ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas y Director Académico del Diplomado en Regulación de la UAI.

En su presentación, Paredes se refirió a los principales desafíos de la regulación económica en el Chile actual, en un contexto de malestar con el denominado “modelo chileno”, tema del que ya ha expuesto anteriormente (ver Nota CeCo, aquí) y que desarrolla en profundidad en su libro “El modelo en la encrucijada”, coescrito con Castillo (ver reseña CeCo, aquí).

El límite a la discrecionalidad estatal en el modelo chileno

Paredes centró su exposición en uno de los principales desafíos de la regulación económica, que es determinar cuál es el límite adecuado a la discrecionalidad estatal en el modelo chileno. Al respecto, mencionó que una de sus características es el diseño de políticas de control que limitan la actividad estatal, que ha sido identificado en la literatura política con el concepto de atarse al mástil”.

Según explicó, esta idea, que ha ido evolucionando a lo largo de los años, implica establecer límites rígidos y claros con el objetivo de “evitar el uso y abuso del Estado para beneficios propios”. Como ejemplos, mencionó la desregulación de precios fijos y de tasas arancelarias (impuestos a las importaciones) diferenciadas vigentes en el año 73. La desregulación que se dio de ahí adelante, explicó el economista, habría tenido como fin evitar que, a través del lobby, algunos grupos pudieran conseguir beneficios con menores impuestos o con precios regulados más altos, y esto habría pasado a formar parte del “modelo chileno”.

La idea de “atarse al mástil” también se habría desarrollado en Chile, agregó Paredes, gracias a las políticas de definición clara de los derechos de propiedad y de la regulación de monopolios naturales, que se adoptaron después del año 73.

Por su parte, Castillo mencionó que esta metáfora de atarse al mástil tiene como contrapartida el rol subsidiario del Estado, que se ha cuestionado en los últimos años y que probablemente recibirá un rol central en las futuras discusiones constitucionales. Al respecto, señaló que, en su opinión, es discutible la idea de que un mayor protagonismo del Estado en la economía implique, necesariamente, un mayor bienestar social. “Imaginar que un Estado protagónico en la economía va a producir mayor bienestar, ya no hablo de eficiencia, mayor bienestar social, es algo que es por lo menos discutible y que, para que pueda ser verdad, requiere condiciones que hasta ahora difícilmente en el mundo se han dado y probablemente, mayormente donde se han dado han sido en países escandinavos, donde la cultura política y la cultura personal, incluso, es bastante distinta a la de nuestras sociedades”, indicó.

La regulación de la libre competencia en Chile

A diferencia de la rigidez que caracterizó la idea de “atarse al mástil” en el modelo chileno, otro elemento de este modelo que es la regulación de la libre competencia habría estado definida justamente por su flexibilidad.

Según señaló Paredes, el Decreto Ley 211 (“DL 211”) se caracterizaría por su generalidad, por dejar bastantes espacios de libertad y por tener como propósito “calmar, en cierta forma, las críticas que surgían a los comportamientos monopólicos, si es que se liberaban los precios”.

Así, aseguró el economista, tras la promulgación del DL 211 se dio un proceso de aprendizaje, en un contexto en que el país tenía poca experiencia en la materia y, por tanto, se creó una institucionalidad que inicialmente tenía bastantes pocos dientes. Por ello, el expositor indicó que “a diferencia de este atarse al mástil, en libre competencia, el bien jurídico que se protegía -o sea, el propósito de la ley- está bastante poco preciso”.

En ese contexto, Paredes cuestionó, por ejemplo, la forma en que operaba la institucionalidad de competencia en ese entonces, ya que el Fiscal, que presentaba los casos, sesionaba junto a las Comisiones que los decidían, lo que “no tenía mucho sentido”.

Como parte de la flexibilidad característica de la regulación de la libre competencia en Chile, el economista aludió al uso extendido en esta área de la regla de la razón, que evalúa si una conducta o acción es anticompetitiva de acuerdo a las circunstancias concretas del caso. La aplicación de esta regla, en lugar de la regla per se, faculta a las autoridades de competencia a analizar y permitir conductas o acciones eficientes (al respecto, ver investigación “Reglas per se y la evolución del sistema de protección de competencia”).

La regulación de derechos de propiedad sobre el agua como un caso por resolver en el modelo chileno

En su libro, Paredes y Castillo hacen referencia a la regulación sobre derechos de propiedad del agua en el Código de Aguas, promulgado el año 1981 y que permitió solicitar derechos de agua y no usarlos. En su presentación, Paredes aludió a la importancia que ha tomado esta área del derecho en los últimos años, en los que ha pasado a ser un tema controversial y discutido.

El economista señaló que el problema con la regulación del agua (y de difícil solución) consiste principalmente en que, “en muchos casos, se fueron asignando más derechos de agua del agua que había en algunas cuencas”, lo que puede dejar a comunidades sin acceso al bien para actividades de la vida diaria.

Al respecto, Paredes mencionó que este problema puede explicarse por una definición poco clara de estos derechos en nuestra regulación actual, en donde se ha permitido que los derechos adquiridos por una persona se vean vulnerados ante la acumulación y utilización de los derechos de agua de otra. Una posible solución que mencionó el economista recaería en que el Estado compre estos derechos.

También te puede interesar:

Valentina Céspedes G.