La difícil tarea de promover políticas pro-ambientales y pro-competencia: un ejemplo

16.11.2022

CeCo Chile

5 minutos

Maikol Cerda Z. Economista, Universidad de Chile. Doctor en Economía Aplicada de New York University y M. Phil. en Economía Aplicada de la misma universidad. Investigador de Posdoctorado afiliado al MacMillan Center for International and Area Studies de Yale University, desde el 2019. Trabajó en la Fiscalía Nacional Económica entre el 2011 y 2013.

La industria tecnológica se caracteriza por ser dinámica y de rápida evolución. Innovar es un requisito para cualquier firma que desea atraer clientes y ser competitiva en el largo plazo. Sin embargo, la constante renovación de productos y accesorios – debido, entre otros factores, a la rápida obsolescencia tecnológica y a la creciente necesidad de estar “full conectado” – genera un significativo desperdicio tecnológico que impacta negativamente al medio ambiente. En este sentido, políticas pro-sustentables que no generen impactos negativos en la competencia son definitivamente bienvenidas en estos mercados.

La política orientada a alcanzar una compatibilidad total en el mercado de los teléfonos inteligentes – y aparatos digitales conexos – impulsada el año 2021 por la Comisión Europea (en adelante, la “CE” o la “Comisión”) pareciera satisfacer ambos requerimientos. El mercado afectado por la política es un oligopolio caracterizado por la presencia de regímenes tecnológicos diferenciados: ciertos teléfonos y aparatos electrónicos son incompatibles con tecnologías ofrecidas por determinados competidores. El caso más notorio es el de los cargadores electrónicos: mientras Apple usa una tecnología propietaria – denominada lightning -, la mayoría de sus competidores ofrece productos que requieren de la tecnología estándar USB-C. El mercado, entonces, brinda, hoy en día, solo compatibilidad parcial: mientras la mayoría de las firmas elige óptimamente la tecnología globalmente compatible, un (o más) incumbente(s) opta(n) por una tecnología diferente.

La estrategia comercial de Apple, sin embargo, levanta cuestionamientos – no solo provenientes desde la esfera del antitrust –. La Comisión, luego de no generar cambios relevantes en la industria tecnológica durante los últimos diez años, decidió intervenir directamente y proponer un cambio legislativo con el objetivo de instaurar, finalmente, la tecnología USB-C de forma universal. De acuerdo a la Comisión, la nueva directiva reducirá el desperdicio electrónico de forma significativa – el cual estimó en once mil toneladas anuales – y beneficiará a los consumidores finales. La directiva entonces, al exigir que todas las compañías usen la misma tecnología, modificará la estructura de mercado desde compatibilidad parcial a total (al respecto, ver nota CeCo).

Según la Comisión, la propuesta genera impactos positivos en los usuarios al incrementar la flexibilidad y sustitución (por ejemplo, los usuarios ya no necesitarán traer consigo dos o más cargadores, conseguir prestado un cargador especifico, o reemplazar un aparato antiguo debido a incompatibilidades). La CE también mencionó -brevemente- que los consumidores enfrentarán menores precios (el razonamiento que sostiene dicha hipótesis fue que los productos que requieren de la tecnología particular tienen un precio mayor que los productos que actualmente usan la tecnología USB-C). Entonces, a primera vista, la implementación de un marco de compatibilidad total pareciera ser un “win-win-win” para los consumidores, la sociedad, y el medioambiente.

“Sin lugar a dudas, el timing del proceso regulatorio y la incertidumbre asociada a él, podrían generar que una nueva y mejor tecnología tome más tiempo en ser desarrollada y disfrutada por los usuarios finales”.

Como nota aparte – pero relacionada -, la CE paralelamente presentó el acuerdo verde por Europa para hacer frente a la crisis del cambio climático. El acuerdo entrega directrices para transformar la economía europea en sostenible, recomendando hacer de los desafíos climáticos y medioambientales, oportunidades que deben ser aprovechadas por las esferas políticas y económicas, de tal forma de hacer la transición justa e inclusiva para todos. La reglamentación que introduce el cargador común en el territorio europeo es, entonces, un ejemplo de política regido por el acuerdo verde.

El infaltable trade-off

Una pregunta que surge en este escenario es: ¿qué firmas poseen mayores incentivos a elegir la tecnología propietaria? La respuesta, en este caso particular, pareciera ser que Apple decidió tener un sistema diferenciado de cargadores pues goza de una ventaja competitiva en calidad por sobre sus competidores – ya sea debido a un valor intrínseco de sus productos o a un mejor posicionamiento de mercado asociado al valor de su marca -.

En línea con lo anterior, investigaciones recientes demuestran que la compatibilidad parcial puede ser el equilibrio de un mercado desregulado cuando las firmas compiten en precios ofreciendo productos verticalmente diferenciados: la firma con la calidad más alta tiene incentivos a ofrecer productos incompatibles con aquellos producidos por sus competidores. Así, independientemente del origen, si la ventaja en calidad de la firma es suficientemente alta, las firmas competirán en un mercado con una estructura de compatibilidad parcial.

Adicionalmente, algunos economistas creen que la regulación no necesariamente reducirá los precios. Innocenti y Menicucci (2021), y Shuai et al. (2022), demuestran que la política propuesta de compatibilidad total puede conducir a precios más altos y, por lo tanto, dañar a los consumidores finales. El resultado – quizás contraintuitivo – se debe a que la competencia es menos intensa pues la firma que ofrece productos incompatibles enfrenta una demanda menos elástica en comparación al escenario de compatibilidad parcial. La firma con ventajas verticales puede incrementar su mark-up, lo que generara un efecto en la misma dirección por parte de sus competidores (firmas compiten en precios en un mercado con productos diferenciados)

Claramente, el riesgo de precios más altos es de menor importancia cuando nos referimos a los cargadores electrónicos, dado que su precio es mucho menor en comparación, por ejemplo, a los teléfonos inteligentes o tablets. Sin embargo, requerir una tecnología estándar podría también generar efectos negativos en el largo plazo. Específicamente, la política de compatibilidad que se comenta – probablemente – reducirá los incentivos privados a desarrollar una tecnología nueva y potencialmente superior. El daño a los incentivos a innovar es claro: las firmas innovadoras no podrán aprovechar 100% la ventaja competitiva que genera la innovación por sobre sus competidores. A pesar de que la directiva propuesta por la CE permite revisar la tecnología estándar ex post una tecnología superior es desarrollada, ésta no solo distorsiona los incentivos estáticos -por ej. fijacion de precios de venta- pues también podría afectar los incentivos dinámicos -por ej. inversiones en I+D-. En el futuro, implementar el nuevo estándar será costoso para las firmas y será difícil definir métricas que ayuden a esclarecer qué tecnología específica debiese ser la nueva norma.

Por otro lado, a pesar de que la normativa regirá, por ahora, solo en el territorio europeo, ésta tiene la capacidad de generar un efecto Bruselas: cuando la normativa comience a operar, las firmas tendrán mayores incentivos a implementar el estándar en todo el mundo (alternativamente, menores incentivos a implementar una tecnología específica para el resto del mundo). Una firma dispuesta a desarrollar una nueva tecnología no podrá introducirla en el mercado europeo a menos que esta sea compatible con el estándar requerido, o bien, sea reconocida como una importante mejora por la autoridad. Este último escenario tomará tiempo y será costoso, especialmente, para una firma pequeña que se encuentra restringida financieramente. Adicionalmente, a pesar de que grandes firmas multinacionales – como Apple – tengan espaldas financieras y conexiones políticas para estimular un nuevo estándar, no queda claro si ellas tendrán los incentivos suficientes para invertir bajo el nuevo esquema de compatibilidad total.

Sin lugar a dudas, el timing del proceso regulatorio y la incertidumbre asociada a él, podrían generar que una nueva y mejor tecnología tome más tiempo en ser desarrollada y disfrutada por los usuarios finales.

Conclusión

La tecnología USB-C es la tecnología estándar para cargar aparatos electrónicos. La política para instaurar dicha tecnología como norma en la Unión Europea fue pensada con el objetivo de reducir el impacto negativo en el medio ambiente y, al mismo tiempo, ser beneficiosa para los usuarios finales. El mayor riesgo que trae consigo la implementación de dicha iniciativa es el de quedarse “capturados” (lock-in) en la tecnología de hoy en día. Para reducir los riesgos perversos en innovación, tanto exenciones como cláusulas de experimentación deberían ser introducidas en la regulación. Esto evitaría que las firmas que desarrollen una tecnología superior sean forzadas a adoptar la tecnología USB-C de forma instantánea. Dichas exenciones, sin embargo, no debiesen ofrecer un pase liberado, pues todavía se debiese requerir que dicha tecnología acarree beneficios adicionales significativos en comparación al estándar ex ante definido.