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El Día Internacional de la Mujer nos invita a reflexionar por qué parte del trabajo de la mujer y su valor, sigue quedando fuera del radar. Aplicada a la libre competencia en su quehacer más ortodoxo, esta pregunta parece ajena. Y es que, el lente dominante del bienestar del consumidor (en la teoría y, sobre todo, en la práctica), usualmente entendido como el consumidor final y, en última instancia, como el nivel de precios y la variedad en el mercado de destino, no parece distinguir género, historia o territorio.
Ese lente ha sido útil para ordenar problemas clásicos: carteles que encarecen el pan, fusiones que reducen la rivalidad, abusos que expulsan competidores. Pero en América Latina (y en realidad en todo el sur global) ese lente enfrenta un límite estructural: muchos de los mercados no se explican bien desde el consumo final local, sino desde la producción primaria, la exportación y una economía donde la informalidad y la baja productividad no son la excepción, sino más bien un elemento transversal al ecosistema económico.
En otras palabras, cuando el estándar del consumidor final se convierte en el filtro casi exclusivo de lo que “cuenta” como daño competitivo, una parte enorme de la economía regional queda fuera del foco. Ese punto ciego importa para todos; pero importa de forma diferenciada para las mujeres, porque son ellas quienes representan una mayoría en eslabones informales, de baja productividad y con menor poder de negociación.
Si el problema del estándar del consumidor es que nos enseña a buscar el daño donde es más fácil verlo (esto es, en el precio final) entonces lo primero que hay que admitir es que una parte del poder de mercado opera en el sentido contrario: no encareciendo lo que compramos, sino abaratando lo que otros venden; una dinámica que los enfoques centrados únicamente en el bienestar del consumidor suelen omitir sistemáticamente (Karlsson, 2025; Albrecht et al., 2024).
El monopsonio describe situaciones en las que uno o pocos compradores relevantes enfrentan una oferta atomizada, con fricciones, como inmovilidad geográfica o escasez de alternativas, que vuelven costoso cambiar de contraparte (Azar & Marinescu, 2024). En ese contexto, el comprador puede imponer un “markdown” discriminatorio: pagar por debajo del nivel competitivo no porque produzca mejor, sino porque el otro lado tiene pocas alternativas reales para reubicar su oferta (Nathan, 2021). La intuición es simple: cuando el vendedor no puede irse, el comprador no necesita competir.
«El 8M suele entenderse como un ejercicio de visibilización: reconocer dónde están las mujeres, qué aportan y por qué ese aporte sigue siendo subvalorado. En libre competencia, esa tarea recién empieza. No porque no existan herramientas conceptuales, sino porque el campo todavía se mueve, en gran medida, dentro de un imaginario de neutralidad y de un consumidor “promedio” que rara vez tiene rostro, territorio o historia»
Si el marco tradicional se entrenó para detectar poder del lado del vendedor (monopolio) y medir su impacto en el consumidor final, el monopsonio opera aguas arriba, donde el daño no siempre se refleja en el ticket del supermercado, sino en ingresos deprimidos, menor inversión, y dependencia estructural en la base productiva (Volpin, Volpin & Pike, 2019). En economías primario-exportadoras y en cadenas globales de valor, esa base es precisamente donde nace buena parte del valor que termina siendo capturado y transferido hacia firmas líderes en el extranjero (Clelland, 2014).
Es cierto que el monopsonio ha vuelto al centro del debate antitrust, sobre todo, por la puerta laboral y la persecución de acuerdos restrictivos (Mangiafico, 2025; Marinescu & Hovenkamp, 2019). Esa discusión ha servido para recordar algo que la política de competencia había dejado en segundo plano: que la falta de rivalidad también puede darse en mercados de compra y que sus efectos pueden ser profundos aunque no aparezcan como una “subida de precios” al consumidor, bajo el análisis tradicional de equilibrio parcial (Azar & Marinescu, 2024). Esta revalorización conceptual es útil para iluminar una pregunta más incómoda (y más propia del sur global): qué ocurre cuando el poder de compra se ejerce sobre insumos primarios y proveedores pequeños en cadenas que terminan vendiendo fuera del país (Amanor, 2019; Mishra et al., 2020).
Las dificultades específicas de la región demuestran este punto: el poder se expresa en mercados que son menos “legibles” para el enforcement (por geografía, alta informalidad y debilidad institucional) lo que permite a las empresas externalizar costos hacia los proveedores más vulnerables (Amanor, 2019; Johannsen & Rodriguez, 2025). Además, el consumidor final suele estar en otra jurisdicción, por lo que las ineficiencias rara vez afectan el bienestar del consumidor a nivel nacional y escapan del interés de las autoridades locales (Sweeney, 2009). En ese escenario, el estándar del consumidor no solo limita la teoría; limita la visibilidad política del problema al ignorar las condiciones subyacentes de desigualdad estructural (Lianos, 2018). El resultado es que el mecanismo económico existe, pero el derecho lo mira poco.
Tomemos un ejemplo peruano que, precisamente por ser tan concreto, revela el punto ciego: la cadena de la fibra de alpaca. En la base hay más de 82.000 productores altoandinos, dispersos, con limitaciones de escala y acotado acceso a información (Salazar Vega & Cinque, 2023). Más arriba aparecen intermediarios, acopiadores, procesos de clasificación y transformación industrial; y finalmente la exportación, la marca y el retail, donde el producto se vuelve símbolo de lujo (Salazar Vega & Cinque, 2023).
En la base de la cadena, el know-how productivo es en buena medida ancestral y se transmite de manera intergeneracional. En varias comunidades, parte de ese trabajo recae en mujeres —por ejemplo en tareas de cuidado del rebaño y clasificación de la calidad de la fibra—, un punto que conviene documentar mejor porque podría ser relevante para entender cómo se distribuye el poder de negociación en el origen (Barra Novoa, 2023). En ese sentido, no es un conocimiento que haya pasado por un “sello” formal: no siempre está certificado, no siempre es visible como capital, no siempre existe un mecanismo institucional que lo convierta en poder de negociación (Johannsen & Rodriguez, 2025).
Siendo la producción de fibra de alpaca una ventaja productiva del país de origen capaz de producir valor, pues Perú concentra el 75% de las alpacas a nivel mundial), ¿por qué no son las dueñas de este conocimiento técnico las que capturan dicho valor? Si la ventaja se queda en productividad pero no se convierte en renta, el mercado puede estar funcionando como una cinta transportadora: el valor nace aquí, pero el excedente se consolida allá (Salazar Vega & Cinque, 2023).
Si el valor se genera en el origen pero se captura aguas abajo, la pregunta que queda ya no es solo distributiva (Clelland, 2014). Es, en un sentido estricto, una pregunta competitiva: ¿existe rivalidad suficiente por la fibra de alpaca en el punto donde se compra? En mercados sanos, los compradores compiten por atraer oferta. Esa competencia disciplina precios, incentiva inversión, mejora estándares y reduce dependencia (Martínez Licetti & Quintana Sánchez, 2007). Cuando esa rivalidad no existe (o existe solo formalmente) la cadena puede volverse menos eficiente: se deprimen ingresos en origen, se desincentiva la inversión en calidad y productividad, y se consolidan estructuras de dependencia que, en el largo plazo, erosionan la capacidad del propio país para capturar valor (Barra Novoa, 2023).
Ante este panorama de pérdida de valor y consolidación de dependencias, resulta fundamental observar cómo el derecho comparado ha intentado cerrar este punto ciego. El informe sobre el Abuso de Posición Superior de Negociación (ASBP, por sus siglas en inglés), elaborado por la Red Internacional de Competencia (ICN) en el 2008, revela una profunda división en la forma en que las distintas jurisdicciones enfrentan el poder de compra ejercido sobre proveedores vulnerables.
Mientras que los enfoques tradicionales asumen que los contratos entre empresas reflejan una asignación eficiente de riesgos y exigen probar una posición de dominio casi
monopólica para intervenir, un grupo creciente de jurisdicciones (como Japón, Alemania, Corea del Sur y Francia) ha adoptado provisiones específicas para sancionar el ASBP reconociendo que la dependencia económica y la alta dificultad para encontrar compradores alternativos son elementos suficientes para distorsionar la libre competencia.
En estos países, es posible intervenir y sancionar directamente la extracción de rentas aguas arriba sin requerir una posición de dominio absoluta. Las autoridades aplican correctivos concretos, imponiendo multas y órdenes de cese frente a grandes compradores que ejecutan reducciones unilaterales de precios a sus subcontratistas, exigen descuentos retroactivos injustificados, o fuerzan a los pequeños proveedores a asumir labores logísticas no remuneradas como condición ineludible para mantener la relación comercial.
Este enfoque garantista y sancionador contrasta drásticamente con la realidad peruana, donde el abuso del poder de negociación frente a los proveedores primarios es un problema estructural y recurrente, siendo la industria láctea uno de los ejemplos más evidentes (Cárdenas I., 2022). El Estudio de Mercado sobre el Sector Lácteo en el Perú (2023) confirmó que empresas líderes como Gloria, Laive y Nestlé ostentan un fuerte poder de compra que les permite determinar de manera unilateral las condiciones y los precios pagados a los ganaderos nacionales, llegando al extremo en el 2022 de recortar el pago por litro de leche de S/ 1,45 a S/ 0,95 en un escenario donde los costos de los insumos básicos de producción, como el afrecho de trigo, se habían duplicado.
Incluso frente a la evidencia, el abordaje del Indecopi se limitó a emitir estudios de mercado con recomendaciones no vinculantes, exhortando a la industria a generar manuales «transparentes» para resolver discrepancias sobre la calidad de la leche o establecer preavisos razonables para cortar el acopio, evadiendo sancionar directamente la imposición unilateral del precio.
El 8M suele entenderse como un ejercicio de visibilización: reconocer dónde están las mujeres, qué aportan y por qué ese aporte sigue siendo subvalorado. En libre competencia, esa tarea recién empieza. No porque no existan herramientas conceptuales, sino porque el campo todavía se mueve, en gran medida, dentro de un imaginario de neutralidad y de un consumidor “promedio” que rara vez tiene rostro, territorio o historia. Justamente por eso es valioso que en la literatura contemporánea ya existan autoras que están empujando el debate hacia una competencia más sensible a estructuras sociales y a relaciones de poder que el análisis estándar tiende a tratar como externas. Cseres, por ejemplo, muestra que un enfoque feminista no significa “agregar género” como variable decorativa, sino cuestionar
cómo reglas, instituciones y prácticas de enforcement aparentemente neutrales pueden reproducir desigualdades y volver invisibles ciertas experiencias y contribuciones (Cseres, 2024).
En paralelo, hay corrientes que no nacieron para responder “a las necesidades de las mujeres” como tal, pero que comparten un principio que el feminismo lleva décadas defendiendo: la economía se entiende mejor cuando deja de asumir que lo que no es visible no importa. El renacimiento del monopsonio, sobre todo en el ámbito laboral, ha servido para reabrir una pregunta que el estándar del consumidor final había ido cerrando: cómo se distribuye el poder en los mercados de compra y qué efectos tiene esa distribución sobre grupos que enfrentan menos alternativas reales. El punto no es trasladar mecánicamente el debate laboral al caso de la alpaca. El punto es más útil: recuperar la idea de que el daño competitivo también puede ocurrir aguas arriba y puede concentrarse en poblaciones vulnerables que no tienen cómo “disciplinar” al comprador con su salida.
Y aquí la fibra de alpaca tiene una relevancia estratégica que va más allá del ejemplo. Perú ostenta una ventaja material extraordinaria(el stock mundial de Alpaca) que, en teoría, debería traducirse en capacidad para capturar valor en origen. Si no lo hace, no es solo un problema de productividad; es un problema de arquitectura de mercado y de reconocimiento institucional del conocimiento que sostiene la cadena. Esa ventaja privilegiada coloca al país en una posición única para experimentar con soluciones que devuelvan valor al origen sin renunciar al enfoque competitivo, al hacer más legibles los mercados de compra en zonas de producción, reducir fricciones que generan dependencia, y diseñar intervenciones que no se queden en exhortaciones no vinculantes cuando el problema es estructural.
Además, el caso alpaca tiene una particularidad institucional que convierte este desafío en una oportunidad: el propio INDECOPI alberga herramientas que, coordinadas, podrían hacer más visible y protegible la contribución en origen. La libre competencia puede mirar el poder de compra y las condiciones de acceso al mercado; la propiedad intelectual (y, más ampliamente, los instrumentos de reconocimiento de origen, reputación y creación) puede contribuir a formalizar y hacer “auditable” el aporte que hoy permanece difuso, especialmente cuando se vincula a conocimientos y prácticas con trayectoria cultural. La pregunta de fondo, entonces, no es si la competencia debe convertirse en política social, sino si el sistema peruano está dispuesto a usar su institucionalidad para hacer visible lo que hoy queda fuera del lente: el poder de compra en el origen y la contribución (frecuentemente feminizada) que sostiene el valor que luego se exporta.
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