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En NCAA vs. Alston la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la condena de NCAA por imponer restricciones a los beneficios que pueden recibir los estudiantes atletas (i.e. quienes compiten en las ligas universitarias). A primera vista puede parecer un caso irrelevante para la política de competencia. Sin embargo, este fallo clarifica los estándares de escrutinio de acuerdos horizontales entre competidores.
Para entender el caso, y también el hecho de que la Corte Suprema decidiera pronunciarse al respecto, es necesario referirse a la relevancia económica y social de las ligas universitarias en Estados Unidos. Como bien explica el fallo redactado por el ministro Gorsuch, las competencias inter-universidades se remontan a casi 170 años atrás. En 1852, Harvard y Yale participaron en una carrera de botes en el lago Winnipesaukee. El evento fue auspiciado por un empresario, quien esperaba promover el turismo en el área. Los estudiantes que participaron en el evento fueron premiados con comida gratis y alcohol ilimitado. Con el paso del tiempo, las regalías de los estudiantes atletas—especialmente de los jugadores de fútbol americano—llegaron a niveles extraordinarios. Los estudiantes recibían becas completas por el arancel, comida gratis, viajes a otros países, derechos de exclusividad para vender souvenirs, entre otros. Los partidos se tomaban muy en serio y no eran raros los casos de estudiantes que se cambiaban de universidad para jugar un partido importante y luego volver a su universidad de origen.
La NCAA emergió para limitar la violencia del juego y también para regular la remuneración de los estudiantes. Una de las primeras reglas que estableció la asociación fue que ningún estudiante podría representar a una universidad en juegos inter-universitarios en la medida que recibiera un sueldo o, directa o indirectamente, dinero, o cualquier ventaja financiera. El pago del arancel, sin embargo, estaba permitido. Con el paso del tiempo, también se aprobó el pago de alojamiento, libros, y dinero para gastos incidentales. Si bien los estudiantes no reciben una remuneración, la facturación de la NCAA es extraordinaria. El contrato de transmisión televisiva de los partidos de basquetbol solamente tiene un valor superior a mil millones de dólares al año, y el contrato para transmitir el playoff de fútbol americano tiene un valor de 470 millones de dólares por año.
En vista del impacto de las reglas de la NCAA sobre la remuneración de los estudiantes, un grupo que incluyó tanto a estudiantes actuales como a exalumnos demandó a la NCAA y las 11 conferencias de primera división en una acción de clase. Según los demandantes, las reglas que limitaban la compensación que los estudiantes recibirían por sus servicios atléticos violaban la sección 1 de la Sherman Act por ser contratos, combinaciones, o conspiraciones que restringían el comercio. La NCAA no controvirtió la existencia de un acuerdo para limitar la compensación de los estudiantes atletas, ni que existía un mecanismo de castigo para quienes violaran la regla, ni que la restricción afectaba el comercio interestatal.
El tribunal de primera instancia aplicó un análisis basado en la regla de la razón para determinar el efecto de la restricción sobre la competencia. Dicho tribunal determinó que la NCAA detentaba casi completa dominancia y poder monopsónico en el mercado relevante, el cual se definió como servicios atléticos de hombres y mujeres en la primera división de deportes específicos. La corte también determinó que la restricción tenía como efecto la disminución de la compensación de los jugadores, quienes hubiesen recibido mayores sueldos de no ser por la regulación de la NCAA. Luego se le dio la oportunidad a la demandada de probar una justificación para la restricción. La NCAA indicó que la regulación de las compensaciones era necesaria para preservar el amateurismo, el cual aumenta las opciones disponibles para los consumidores al hacer posible la existencia de un producto único. Además, la NCAA argumentó que la corte debía analizar la restricción en el mercado del trabajo a la luz de sus efectos pro competitivos para los consumidores (y no en el mercado del trabajo), lo cual fue aceptado por la corte. Ésta determinó que las reglas destinadas a asegurar que los estudiantes atletas no reciban pagos ilimitados que no tengan relación con su educación podrían jugar algún rol favoreciendo la diferenciación de productos, lo que ayudaría a mantener la demanda por las competencias universitarias. Por tanto, el tribunal le dio la oportunidad a la demandante de probar que se podría conseguir la justificación de una forma menos restrictiva. El tribunal consideró que el demandante elaboró la alternativa menos restrictiva incompletamente, por lo cual dio lugar a la demanda de forma parcial.
En síntesis, el tribunal estimó que era necesario hacer una distinción entre (i) pagos en dinero, y (ii) beneficios relacionados con los estudios. Según la corte, la primera categoría efectivamente era necesaria para distinguir la liga estudiantil de la profesional. Sin embargo, limitar los beneficios relacionados con la educación de los atletas no tenía ninguna razonabilidad. Por tanto, el tribunal prohibió a la NCAA limitar tales beneficios. El fallo fue confirmado en apelación y también en la fase de certiorari por la Corte Suprema.
Hay varias cosas que destacar de esta sentencia. De partida, fue un fallo unánime. Esto es particularmente infrecuente, considerando que las decisiones de la corte suelen estar divididas según la ideología de los jueces. Otro punto notable son las numerosas referencias al ampliamente criticado fallo de American Express (Ohio v. American Express Co., 585 U. S. (2018)), el cual fue un fallo dividido (5 a 4). Sin embargo, la mayoría de las referencias a American Express sólo confirman common law que ya estaba establecido con fallos anteriores. Y las referencias principalmente trataron con el estándar aplicable para analizar acuerdos de colaboración entre competidores.
La Corte Suprema resume que el análisis de anticompetitividad tiene 3 etapas: (i) prueba de una restricción a la competencia; (ii) prueba de la justificación procompetitiva de la restricción; y (iii) prueba de una alternativa menos restrictiva. Además, la corte indicó que en casos como NCAA vs. Alston, la restricción debía ser juzgada según la regla de la razón. Si bien la demandada planteó que se le debía haber juzgado con más deferencia, aplicando la regla quick look, el fallo dejó claro que las restricciones a la competencia son parte de un continuo y que en un extremo (i.e., cuando la práctica es claramente anticompetitiva) se aplica la regla per se, y en el otro (i.e., cuando la práctica tiene justificaciones y cuyo efecto sobre los consumidores es difícil de determinar) se aplica la regla de la razón.
Finalmente, es importante mencionar que el juez Kavanaugh emitió un voto concurrente (i.e., comparte el fallo principal, pero agrega otros motivos) que más bien pareció una crítica al fallo principal. Curiosamente, a pesar de ser considerado como uno de los jueces más conservadores de la corte, Kavanaugh consideró que ambas restricciones eran anticompetitivas. Según él, “la NCAA y sus miembros reducen el sueldo de estudiantes atletas quienes colectivamente generan billones de dólares de ganancias para las universidades cada año.” Kavanaugh hace varias referencias a una distribución “injusta” de las ganancias y critica el modelo de negocio de la NCAA, el cual enriquece a la NCAA a costa de los estudiantes. El voto concurrente de Kavanaugh termina con una frase notable, en la que señala que “en ningún otro contexto los empresarios pueden salir impunes al acordar no pagarle a sus trabajadores una parte justa de las ganancias partiendo de la premisa de que el negocio mismo se define por no pagarle a los trabajadores un sueldo justo.”
Esto depende, en último término, de si la restricción de los sueldos se justificaba para mantener la competencia amateur y diferenciarla de la profesional, y de si no existían otras alternativas menos restrictivas para conseguir el mismo efecto. No obstante, será interesante analizar cómo evoluciona la jurisprudencia de competencia en una corte que, si bien tiene una mayoría de jueces nombrados por presidentes republicanos, ha demostrado al menos un mínimo grado de preocupación por la distribución de la riqueza generada por los trabajadores.
