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En enero de 2026, el Decreto Supremo N.º 5516 introdujo cambios relevantes en la política de precios de los combustibles en Bolivia. La norma estableció una nueva estructura de precios internos y fijó, entre otros valores de referencia, la gasolina especial en Bs 6,96 por litro y el diésel en Bs 9,80 (Estado Plurinacional de Bolivia, 2026). El Decreto limitó (mas no eliminó) los subsidios que entregaba el estado en materias de gasolina y diésel, cuestión que naturalmente se tradujo en un alza de precios. La medida respondió a un contexto de crecientes presiones fiscales, restricciones externas y mayores costos de abastecimiento. La paradoja es reveladora: un mecanismo justificado durante décadas en nombre de la equidad y la protección social terminó siendo corregido en nombre de esos mismos valores. El Presidente Paz declaró que “eliminar los subsidios mal diseñados no significa abandono, sino orden, justicia y una redistribución real y transparente”. Este artículo explora la lógica económica detrás de esa contradicción, argumentando que el subsidio boliviano a los hidrocarburos constituyó un caso de externalidad inversa: una intervención estatal que agravó precisamente los problemas que buscaba resolver, tanto en términos de equidad distributiva como de daño ambiental.
En economía un subsidio es definido como una transferencia de recursos, directa o indirecta, que el Estado otorga para corregir fallas de mercado. Así, se entrega un monto con el fin de incentivar determinada actividad, aliviar la carga económica de ciertos grupos sociales, garantizar el acceso de la población a bienes y servicios básicos, y, en general, para promover objetivos de política pública (como empleo, equidad, innovación, sostenibilidad). Partiendo del concepto de economía moral (Olivera, 2020) y su relación con una vida digna —donde prevalece el desarrollo comunitario y el acceso a recursos esenciales— se puede justificar la implementación de políticas subsidiarias. Estas medidas, alineadas con el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 2018), buscan mejorar la equidad distributiva y redirigir la riqueza mediante el uso de bonos y subsidios. Desde esta perspectiva, la intervención estatal no solo cumple una función económica, sino también una función social orientada a garantizar condiciones mínimas de bienestar.
El marco conceptual más relevante para analizar los subsidios a combustibles fósiles es el pigouviano. Arthur Pigou propuso que, ante la presencia de externalidades negativas, el Estado debe imponer un gravamen equivalente al costo externo marginal generado por la actividad, de modo que los agentes privados internalicen el daño social que producen. A la inversa, ante externalidades positivas, un subsidio puede inducir el nivel óptimo de consumo o producción (Pigou, 1920). Bajo este enfoque, un subsidio a los combustibles fósiles no solo carece de justificación pigouviana —ya que los hidrocarburos generan externalidades negativas, no positivas— sino que actúa en dirección opuesta a la prescrita por la teoría: abarata artificialmente un bien cuyo precio debería ser mayor para reflejar sus costos sociales. Las políticas subsidiarias en Bolivia se han planteado como una respuesta a la distribución inequitativa de la riqueza nacional, dirigiéndose así a los estratos más pobres. No obstante, dichos subsidios han sido ineficientes y han conllevado cambios relevantes en el consumo de bienes y servicios en la sociedad, como se explicará más abajo (Olivera, 2020).
Siendo el subsidio una prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada, en este artículo se analiza cómo en Bolivia se implementó el subsidio a los hidrocarburos como una política de control de precios que implica vender combustibles (como el gas natural, gasolina y diésel) a un precio inferior al costo de producción o al precio del mercado internacional. Esta intervención del Estado, que busca reducir el impacto económico que tendría el aumento de los precios internacionales del petróleo en la población (especialmente en los sectores más vulnerables), y garantizar un acceso generalizado a los hidrocarburos como bien esencial, fue implementada como un mecanismo para garantizar la protección social, estabilidad económica y fomento de la producción social.
Como contexto, cabe notar que Bolivia ha utilizado la base económica extractivista como un pilar para sostener su política de subsidios, siendo el gas natural un elemento clave en la expansión económica de Bolivia. Esta última se ha desarrollado desde principios del siglo XXI y cobró especial fuerza a partir de la nacionalización del sector de hidrocarburos en el año 2006. En consecuencia, la capacidad estatal de financiar subsidios dependió ampliamente de los ingresos extraordinarios generados por el auge de las materias primas.
Respecto del marco normativo que, a la fecha, aún regula el subsidio a los hidrocarburos en Bolivia, está definido por la Ley de Hidrocarburos N.º 3058 (Estado Plurinacional de Bolivia, 2005) y por diversos decretos supremos emitidos en los últimos años. Por un lado, la Ley de Hidrocarburos establece que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene el monopolio de la producción y distribución de gas y derivados en el mercado interno, lo que le permite regular los precios de venta al consumidor final. Por su parte, el Decreto Supremo N.º 28701, “Héroes del Chaco” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2006) reafirma el control del Estado sobre el sector de los hidrocarburos, incluido el precio de venta de los combustibles, mientras que el Decreto Supremo N.º 0789 (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010) regulaba los precios de la gasolina y el diésel, congelándolos a niveles muy por debajo de los precios internacionales, lo que contribuía a la necesidad de subsidios permanentes.
Respecto del impacto que esto ha tenido en los precios de hidrocarburos, cabe notar que, en el año 2023, Bolivia tenía uno de los precios más bajos de la región con aproximadamente 0.54 dólares por litro de gasolina[1], tendencia que se mantiene hacia 2025 de acuerdo a datos de GlobalPetrolPrices.com, 2025a. A nivel internacional, el país se ubicaba entre los de menor precio, situándose alrededor del opuesto 12 entre más de 170 países analizados (GlobalPetrolPrices.com, 2025b, citado en Los Tiempos, 2024). Este diferencial de precios, si bien benefició al consumidor en el corto plazo, generó importantes distorsiones económicas e incentivos perversos en el mediano y largo plazo.
Fuente: Elaboración propia con datos de https://es.statista.com/estadisticas/
Fuente: Elaboración propia con datos de https://es.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/
Esto, por supuesto, no era gratuito. El subsidio a la gasolina representaba una carga significativa para el presupuesto fiscal, donde el gobierno cubría la diferencia entre el precio internacional del petróleo y los precios domésticos de los combustibles (los que se mantenían artificialmente bajos) debido a la volatilidad del precio del crudo en mercados internacionales y el aumento de la demanda interna. Este costo fiscal había aumentado significativamente en los últimos años del gobierno de Luis Arce Catacora tanto por el incremento de la demanda interna como por las fluctuaciones globales en los precios del crudo. El contexto de incertidumbre actual que generan los conflictos en Medio Oriente presenta una clara amenaza para la estabilidad fiscal del nuevo esquema de precios implementado por el gobierno de Rodrigo Paz.
Según información del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, el Gobierno nacional gastaba $US 2.000 millones al año para subvencionar la gasolina y el diésel y, de este monto, el Estado perdía aproximadamente $US 600 millones debido al contrabando de combustibles a través de las fronteras. (Bolivia, 2024). Este gasto de aproximadamente un 2% del PIB en subsidios a los combustibles generaba importantes desequilibrios macroeconómicos y comprometía no solo las finanzas públicas, sino también la capacidad del Estado para invertir en otras áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura. La sostenibilidad a largo plazo del sistema de subsidios era, y sigue siendo, incierta desde la perspectiva económica, además de que los subsidios crean distorsiones económicas que desincentivan la eficiencia energética y la inversión en energías renovables. Aun así, Bolivia se caracteriza por enfrentar una fuerte resistencia social a medidas que vayan en contra de la ineficiencia fiscal.
«los subsidios universales a combustibles fósiles son instrumentos ineficientes e inequitativos»
El consumo interno de combustibles subsidiados, particularmente en sectores como el transporte, estimulaba una alta demanda de hidrocarburos que, combinada con inversiones en refinación y energías alternativas que no han crecido al mismo ritmo que dicha demanda, crearon una dependencia del petróleo importado. En otras palabras, el subsidio no solo afectaba las cuentas fiscales, sino que también debilitaba la seguridad energética del país al aumentar su vulnerabilidad frente a shocks externos.
La mantención de precios artificialmente bajos de los hidrocarburos generaba, y posiblemente aún genera, efectos negativos no previstos, que pueden agruparse en las siguientes dimensiones:
Eliminar parcial o totalmente los subsidios a los hidrocarburos puede presentarse como un mecanismo para reorientar los incentivos económicos hacia soluciones basadas en precios de mercado, mayor competencia y uso más eficiente de los recursos. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional, en su Consulta del Artículo IV de 2025 para Bolivia, advirtió que el panorama macroeconómico bajo las políticas vigentes era insostenible y que en el núcleo de cualquier plan de política debía figurar una consolidación fiscal plurianual y creíble que incluyera la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles. El organismo señaló que mantener los subsidios que representaban cerca del 3,9% del PIB impulsó el déficit fiscal por encima del 10% del PIB en 2023 y 2024, financiado principalmente por el Banco Central, erosionando las reservas internacionales y elevando la deuda pública hasta el 95% del PIB (FMI, 2025).Sin embargo, la viabilidad económica de la reforma no garantiza automáticamente su viabilidad política o social. En efecto, estas medidas suelen enfrentar una resistencia significativa por parte de sectores organizados. Mineros cooperativistas, productores de coca y sindicatos marcharon en varias ciudades argumentando que el alza de combustibles encarecería el transporte, los alimentos y el costo de vida para los sectores de menores ingresos (CNN Español, 2025). Esta reacción ilustra la tensión clásica identificada por Pigou (1920) entre la corrección económica de las distorsiones y sus impactos distributivos de corto plazo. Cuando los costos de la reforma son inmediatos y visibles, mientras que sus beneficios son graduales y difusos, la oposición social tiende a intensificarse.
Por ello, cualquier proceso de eliminación del subsidio requiere instrumentos compensatorios específicos, transparentes y técnicamente bien diseñados. La sostenibilidad de la reforma dependerá, en gran medida, de que dichas medidas sean suficientemente amplias y estén efectivamente focalizadas en los hogares más vulnerables. Según Oxfam (2025), eliminar el subsidio a los combustibles podría aumentar la pobreza moderada en 2,5 puntos porcentuales y la extrema en 1,5 puntos porcentuales si no se implementan mecanismos adecuados de compensación. Esto demuestra que el problema no es únicamente retirar el subsidio, sino reemplazarlo por políticas sociales más eficientes y progresivas.
La transición hacia precios de mercado y prácticas más competitivas puede conducir a un mejor manejo del sector hidrocarburífero y de sus implicaciones fiscales. Del mismo modo, estas medidas tienen el potencial de contribuir de manera decisiva a la transición energética del país y a la preservación del medio ambiente. Al reflejarse los costos reales de los combustibles, hogares y empresas enfrentan incentivos más claros para ahorrar energía, adoptar tecnologías limpias y modificar patrones de consumo intensivos en carbono. Asimismo, un escenario con mayor competencia entre empresas nacionales y extranjeras en la exploración y explotación de reservas de gas y petróleo podría elevar la inversión, incorporar innovación tecnológica y mejorar estándares de eficiencia. Bajo marcos regulatorios sólidos, también sería posible fortalecer el cumplimiento de la normativa ambiental relativa a áreas protegidas, gestión de residuos y reparación de daños a comunidades afectadas.
La evidencia analizada sugiere que la combinación entre monopolio estatal, subsidios permanentes y escasez creciente de combustibles ha reducido la capacidad del país para satisfacer adecuadamente la demanda interna, al tiempo que generó desequilibrios fiscales e incentivos perjudiciales para el medio ambiente. En ese sentido, el subsidio terminó operando como una política regresiva, costosa e inconsistente con los objetivos de sostenibilidad que pretendía complementar. Bolivia, gracias a su diversidad geográfica y a su potencial en energías renovables, cuenta con condiciones favorables para avanzar hacia una matriz energética más sostenible. No obstante, las reformas requeridas exigen un sistema de precios que refleje los verdaderos costos sociales de los insumos estratégicos y permita diseñar políticas públicas coherentes con una transición ecológica ordenada.
El análisis desarrollado permite extraer cuatro conclusiones de política pública. Primero, los subsidios universales a combustibles fósiles son instrumentos ineficientes e inequitativos que deberían ser reemplazados por transferencias directas focalizadas en las poblaciones de menores ingresos. Segunda, la corrección de precios debe ir acompañada de mecanismos de compensación social transparentes y bien diseñados, tanto por razones de justicia distributiva como de viabilidad política. Tercera, el monopolio estatal en la cadena de hidrocarburos, sin incentivos de competencia, desincentiva la exploración, reduce la eficiencia y debilita el cumplimiento de estándares ambientales. Cuarta, Bolivia posee condiciones estructurales para avanzar hacia una matriz energética más limpia, siempre que el sistema de precios refleje adecuadamente los costos reales de la energía.
La transición iniciada con el Decreto Supremo N.º 5516 constituye, por tanto, un primer paso necesario, aunque insuficiente. Su éxito dependerá de la calidad del diseño compensatorio, de la capacidad institucional para atraer inversión productiva y de la voluntad política para sostener la reforma frente a resistencias previsibles. La experiencia boliviana ofrece una lección relevante para otros países de la región: el costo de no reformar, a largo plazo, puede ser mayor que el costo de reformar correctamente.
Bolivia, Ministerio de Hidrocarburos y Energía. (2024, agosto 8). “Bolivia gasta US$ 2.000 millones en subsidios a combustibles pero pierde US$ 600 millones en contrabando”.
CNN Español. (2025, diciembre 22). “Mineros y sindicatos protestan en Bolivia contra el fin del subsidio a los combustibles y ponen a prueba al Gobierno de Paz”.
Estado Plurinacional de Bolivia. (2005, mayo 17). “Ley de Hidrocarburos, Ley N.º 3058”. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.
https://www.lexivox.org/norms/BO-L-3058.html
Estado Plurinacional de Bolivia. (2006, mayo 1). “Decreto Supremo N.º 28701, “Héroes del Chaco””. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.
https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-28701.html
Estado Plurinacional de Bolivia. (2010, diciembre 23). “Decreto Supremo N.º 0789. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia”.
https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-0789.html
Estado Plurinacional de Bolivia. (2026, enero 13). “Decreto Supremo N.º 5516. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia”.
Fondo Monetario Internacional. (2022). “Bolivia: IMF Country Report No. 22/333”.
https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2022/english/1bolea2022001.pdf
Fondo Monetario Internacional. (2025, junio 2). “Bolivia: 2025 Article IV consultation—press release, staff report, and statement by the executive director for Bolivia (Country Report No. 25/XXX)”.
GlobalPetrolPrices.com. (2025a). “Gasoline prices in La Paz, Bolivia”.
https://www.globalpetrolprices.com/Bolivia/La_Paz/gasoline_prices/
GlobalPetrolPrices.com. (2025b). “Bolivia energy prices”.
https://www.globalpetrolprices.com/Bolivia/
Los Tiempos. (2024, junio 18). “Bolivia es el 12.° país del mundo con la gasolina más barata y el 2.° en la región”. https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20240618/bolivia-es-12o-pais-del-mundo-gasolina-mas-barata-2o-region
Morales, et al., & Oxfam. (2025). “El costo social del ajuste, Volumen I: Los hogares y las familias. Oxfam América Latina y el Caribe”.
https://lac.oxfam.org/wp-content/uploads/2025/10/OXFAM-COSTO-SOCIAL-I-FINAL.pdf
Naciones Unidas. (2018). “Noticias ONU”.
https://news.un.org/es/story/2018/12/1447511
Olivera, S. M. (2020, marzo). “Subsidios y consumo dentro la economía boliviana. Investigación & Negocios”.
Pigou, A. C. (1920). “The economics of welfare”. Macmillan.
Notas a pie de páginas:
[1] Dato tomado a septiembre de 2025 de https://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/, encontrándose Bolivia en el puesto 12 de precios de litro de gasolina.
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