Newsletter
Suscríbete a nuestro Newsletter y entérate de las últimas novedades.
Revisamos un reciente artículo escrito por la abogada María de la Luz Daniel, titulado “Promoviendo la competencia en el mercado de seguros de salud en Chile: Una mirada desde la economía del comportamiento”, publicado por CEP en abril de este año.
El objetivo de este informe es medir el nivel de comprensión que tienen las personas sobre elementos fundamentales de los seguros de salud que contratan, y los factores que afectan en este nivel de entendimiento.
El estudio evidenció que un 32% de los afiliados encuestados no comparó entre distintas opciones al momento de elegir su plan de salud, aceptando la recomendación que le entregó el agente de ventas de la Institución de Salud Provisional (Isapre) que contrató.
Este artículo contribuye a analizar los sesgos conductuales que existen en la industria de seguros de salud, lo costoso que resulta para los individuos comparar entre las distintas alternativas y, en definitiva, el hecho de que las Isapres actualmente compiten más por agentes de venta que por los precios y la calidad de los servicios que ofrecen.
En Chile, los trabajadores y pensionados están obligados a escoger si pertenecer al seguro público (Fondo Nacional de Salud o FONASA) o a un seguro privado de salud. Según datos a diciembre del 2021, los beneficiarios de FONASA representaban el 77% de la población, mientras que los beneficiarios de seguros privados representaban el 17%.
A diferencia de otras jurisdicciones, en Chile, los planes de salud deben ser elegidos directamente por los consumidores, y no por sus empleadores.
Tal como lo menciona la abogada en su estudio, el asegurador de salud público opera bajo una lógica distinta a la de los aseguradores privados. Por un lado, FONASA ofrece un listado común de prestaciones de salud a sus beneficiarios, cobrando una prima que depende exclusivamente de sus ingresos imponibles. Así, como este seguro público no discrimina por edad, género, nivel de ingresos, preexistencias, y nacionalidad, cuenta con subsidios cruzados entre sus afiliados.
Por otro lado, los seguros que ofrecen las Isapres son autofinanciados. Al momento de contratar un seguro de salud privado, las Isapres discriminan entre los usuarios según sus niveles de riesgo sanitario y prexistencias, pudiendo imponer condiciones o limitaciones a ciertas enfermedades o prestaciones.
Las aseguradoras no tienen un límite a la cantidad de planes de salud que pueden ofrecer. A la fecha de la investigación de la abogada Daniel, existen 7 Isapres abiertas en Chile que, en total, comercializan 2.512 planes de salud. Según un informe de la OECD, el gasto que destinan las personas en seguros médicos privados para cumplir con la cobertura de servicios médicos obligatoria cubre alrededor el 10-18% de la población, y representa el 7-10% de todo el gasto en salud del país (OECD, 2022).
Según información de la Superintendencia de Salud, en promedio, el 7% de los titulares de seguros de salud privados se cambia de plan en un año. De acuerdo con un informe por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el bajo porcentaje de cambio de seguro de salud privado se debería a los altos costos de cambio que enfrentan los consumidores, en particular: por las normas legales que limitan la desafiliación, la restricción de movilidad por preexistencias, el congelamiento de tabla de factores al ingresar a una Isapre, y la existencia de una gran variedad de planes de salud (Rol FNE F271-2021, pág.164).
En el estudio realizado por la abogada Daniel, se entrevistó a un total de 957 personas mayores de 18 años de edad, que estuvieran afiliadas a una Isapre en calidad de cotizante, beneficiario, o carga legal. De todos ellos, entre un 70 y 80% entiende los conceptos: copago, tope general anual y plan de red preferente.
Ahora bien, cuando se les pidió a los encuestados estimar cuánto cubriría una Isapre por una consulta médica hipotética, para planes de salud que poseían distintas modalidades de pago (plan de salud con copago que es un % y plan de salud con copago fijo), el porcentaje de aciertos bajó. Entre un 30 y 40% de los encuestados respondió de forma incorrecta a estas preguntas.
Ahora bien, cuando se les preguntó a los afiliados titulares cómo eligió su plan de salud personal o familiar, el 45% de los encuestados afirmó que se demoró menos de un día en escoger un plan, mientras que el 81% se demoró menos de una semana.
Por otro lado, el 57% de los encuestados eligió su plan de acuerdo a la información entregada por la Isapre, y el 32% no comparó entre alternativas de una misma compañía. El 66% de los encuestados declaró que no se ha cambiado de plan de salud en los últimos 5 años.
En el año 2010, Estados Unidos promulgó la Affordable Care Act (ACA, por sus siglas en inglés), que obligó a todos los ciudadanos a contar con un seguro de salud. Además, los seguros que cumplan con esta normativa deberían cubrir una canasta básica de prestaciones de salud que incluye, entre otras cosas, servicios de urgencia, planificación familiar, maternidad, medicamentos con receta, servicios de salud mental, atención pediátrica y hospitalización.
Con esta reforma, se prohibió que las aseguradoras establecieran un tope anual por beneficiario en las prestaciones contenidas en la canasta básica. También, se estableció un procedimiento para revisar el alza de las primas de los seguros, y se prohibió negar la cobertura a niños con preexistencias, como también cancelar o rescindir el plan de salud.
Con el fin de facilitar la comparación entre seguros, reducir las asimetrías de información que existen entre las seguradoras y los asegurados y, en definitiva, facilitar la elección y uso de los seguros de salud en la práctica, se generaron resúmenes estandarizados que sirven para comparar los distintos seguros de salud. Además, se les exigió a las compañías a adjuntar un glosario que explique los términos y conceptos presentes en sus planes.
Otra reforma interesante es que se les exigió a las aseguradoras a proveer información que permitiera a sus clientes estimar el costo de una atención médica antes de acudir a un hospital en particular. Sumado a esto, todos los años se realiza un proceso de inscripción abierta en una plataforma (Marketplace), donde los consumidores tienen la posibilidad de contratar un plan de salud o cambiar el que tienen.
Sumado a lo anterior, esta plataforma estandariza y agrupa los seguros de salud en categorías con distintos metales (oro, plata, bronce y platino), dependiendo del valor que tienen para el usuario. Este mismo tipo de reforma la implementó el gobierno de Australia, que clasificó los seguros privados de hospitales en 4 categorías: “oro”, “plata”, “bronce” y “básico”. En este sentido, existen muchos estudios que evidencian que la información más “gruesa” facilita la lectura del usuario (Ver columna CeCo “Información para el consumidor y competencia: ¿Cómo se relacionan?”).
Por último, en algunos estados de este país han puesto límites al número de seguros privados de salud que pueden ofrecer. Según los resultados de una encuesta, entre fines del 2013 y el primer trimestre de 2015, la implementación de la ACA redujo el porcentaje de adultos estadounidenses sin seguro de 18 a 12%. Además, se verificó que, en el primer periodo de inscripción abierta de la plataforma Marketplace, 4.400 programas asistenciales ayudaron a cerca de 10,6 millones de personas a comprender las opciones s inscribirse en un seguro (Borelli et al., 2016).
En los Países Bajos, los ciudadanos mayores de 25 años de edad están obligados a contratar un seguro médico en el mercado de seguros privados. En el año 2015, existían 25 empresas de seguro de salud que ofrecían 53 tipos de contratos. A partir de lo anterior, en total, se comercializan alrededor de 1.325 tipos de contratos, lo que contrasta con los 2.512 que se comercializan actualmente en Chile para aproximadamente 3 millones de personas.
Las aseguradoras pueden llegar a acuerdos con empresas, asociaciones o municipalidades para la prestación de seguros de salud que, en la práctica, alcanzan un descuento de hasta un 10% en las primas. Por otro lado, luego de una reforma impuesta el año 2006, se regula estrictamente el contenido de los planes, estableciendo un paquete básico que incluye medicamentos, visitas al médico y gastos de hospitalización. Esta reforma prohíbe a las aseguradoras discriminar precios respecto al paquete básico, como también prohíbe la negación a contratar con un consumidor.
En su artículo, la abogada Daniel propone regular el modo en que los usuarios se informan sobre los diferentes planes de salud que existen. En este sentido, propone adaptar la experiencia de Estados Unidos en nuestro país, implementando una plataforma administrada por una entidad estatal, independiente de las aseguradoras, que permita comparar distintos planes de salud de forma amigable y estandarizada. De esta forma, la información que provean las Isapres para esta plataforma deberá ser fehaciente y vinculante para las empresas. Además, la abogada propone que se establezca un plan de salud por defecto que se adecúe a las preferencias y características individuales de los consumidores.
Por otro lado, la abogada propone establecer restricciones al número de planes de salud que las compañías pueden ofrecer, e impulsar políticas públicas que permitan mejorar los niveles de entendimiento respecto a conceptos fundamentales para la provisión de beneficios en el sistema de salud. Esto último, no solo con el fin de facilitar la elección de un seguro de salud, sino para asegurar un uso eficiente e informado de los mismos.
En esta línea, sería interesante elaborar una encuesta, similar a la realizada por la abogada Daniel, pero aplicada a personas que estén inscritos en Fonasa. Lo anterior, no solo porque en este seguro se cubre la mayoría de la población, sino porque, además, podría ocurrir que los niveles de desinformación sean mayores.
Interesantemente, las propuestas de política pública que apuntan a la entrega de planes o paquetes de productos básicos y/o estandarizados para facilitar su comparación suelen ser comunes en el contexto de mercados donde las asimetrías de información juegan un rol importante.
Tal es el caso del informe del mercado fúnebre publicado por la FNE, donde la Fiscalía propuso la creación de un “Plan Preferente” que ofrezca los servicios mínimos para el cumplimiento de la ley (EM07-2021, pág. 31). La idea es que este plan sea ofrecido bajo el mismo nombre, y exhibido como la primera opción por funerarias, cementerios y crematorios (Para más detalle, ver nota CeCo “Informe preliminar de la FNE: sesgos y mejoras competitivas en el mercado fúnebre”).
Lo anterior, con el fin de evitar que los servicios fúnebres mínimos, es decir, aquellos que sean necesarios para cumplir con la normativa sanitaria, sean vendidos en paquetes con otros servicios que son prescindibles para el cumplimiento de la ley. Esto tiene una lógica similar a las reformas que Estados Unidos y los Países Bajos han aplicado a las aseguradoras de seguros de salud privados, donde se exige la cobertura de una canasta básica de prestaciones de salud, restringiendo que las aseguras imponga condiciones o limiten la cobertura en estos servicios.
La economía del comportamiento se puede manifestar de distintas maneras en los mercados. En el mercado de los seguros de salud privados, hay muchas fricciones que dificultan que los cotizantes evalúen opciones de seguro alternativas a las que poseen. Lo anterior, ya sea porque son demasiadas opciones, porque son difíciles de entender, por el surgimiento de prexistencias o simplemente el hecho de que, a medida que pasa el tiempo, un aumento en los años de edad hace que una cotización alternativa sea más costosa que una contratada en el pasado.
Cuando la comparación de alternativas en un mercado resulta costosa para los usuarios, las medidas que favorezcan el entendimiento y el acceso a la información son muy valiosas. Esto suele ser muy común en los entornos digitales, donde se han implementado políticas que exigen que los términos y condiciones de las páginas web sean entendibles y de fácil acceso, o regular la manera en que se prioriza la información en la visualización de una página (Ver nota CeCo “Economía del comportamiento, mercados digitales y la libre competencia”).
Esto también es similar a la política implementada por Estados Unidos, donde la información relativa a los planes de salud se categoriza y agrupa en una plataforma centralizada, y se les exige a las aseguradoras proveer glosarios que sean entendibles para los usuarios que desean contratar seguros de salud. El mismo hecho de que las personas puedan anticipar el costo de sus prestaciones de salud dependiendo del seguro médico que poseen es muy relevante, pues permite a las personas tener más control en la gestión de sus gastos en salud.
Si bien la industria de la salud en Chile es sumamente compleja, y presenta desafíos en diversas aristas, el artículo de la abogada Daniel tiene la virtud de proponer políticas desde una arista distinta, que es la economía del comportamiento. Sin duda, mejoras que faciliten el entendimiento y la comparación entre los seguros de salud podrá favorecer una competencia más enfocada en los precios y en la calidad de los servicios que ofrecen las aseguradoras, quitándoles peso a la influencia de los agentes de venta que actualmente poseen la Isapres.
OECD (2022). Private health insurance spending.
