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El día de ayer, el ejecutivo anunció los nombres de los nuevos ministros que integrarán el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), luego de que en mayo pasado terminaran su periodo los ministros Javier Tapia y Eduardo Saavedra. Los elegidos fueron el abogado Jaime Barahona Urzúa y el economista Ricardo Paredes Molina. A continuación, examinamos el perfil de los nuevos ministros, los casos en los que han trabajado y sus opiniones en las materias más relevantes de libre competencia.
Al igual que el actual presidente del TDLC, Enrique Vergara, Barahona es abogado de la Universidad Diego Portales. El profesional además cuenta con un postgrado en Competencia y Regulación de la Universidad de Los Andes y un Magíster en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica.
Aunque en el último tiempo Barahona se ha desempeñado en el área privada como asociado senior en el estudio Guerrero Olivos, anteriormente tuvo una larga experiencia en el sector público en materia de competencia: fue Secretario Abogado de la Comisión Resolutiva entre 1998 y 2003, Secretario Abogado del TDLC entre 2003 y 2006, y sub-Fiscal Nacional de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) entre el 2006 y 2014, tiempo en que el organismo fue dirigido primero por Enrique Vergara y luego por Felipe Irarrázabal (Director de CeCo). En su periodo como sub-Fiscal, Barahona encabezó casos paradigmáticos, como el acuerdo de conciliación con Unilever, la fusión entre SMU y Supermercados del Sur, y, en sus inicios, la colusión de los supermercados.
También cuenta con experiencia en el ámbito académico: ha sido profesor de Derecho de la Libre Competencia en las Universidades Católica de Valparaíso, Diego Portales, Universidad Mayor y en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Barahona además se ha desempeñado como integrante de varios comités relativos a materias de competencia, por ejemplo, como miembro de la Comisión de Libre Competencia del Colegio de Abogados de Chile, de la sección Antimonopolio del Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA) y del Comité Legal y Financiero de la Cámara Chileno-Australiana de Comercio.
En su camino por el sector privado, el abogado ha representado empresas principalmente del sector portuario y de energía. En el mercado portuario, el año 2016, representó a la empresa Inversiones Punta de Rieles Ltda. ante un requerimiento interpuesto por la FNE contra ésta y otras empresas portuarias por incumplir un Dictamen de la extinta Comisión Preventiva Central que estableció límites a la integración vertical respecto de dichas sociedades concesionarias. La causa terminó en un acuerdo conciliatorio con la FNE. A la misma empresa representó en el procedimiento no contencioso Rol N° NC-440-2017 (Solicitud de Informe de EPA sobre modificación de restricción a la integración vertical relativa al frente de Atraque N° 2 Del Puerto de Antofagasta). También en materia portuaria, Barahona representó a Minera Los Pelambres en la causa no contenciosa N° NC-444-2018 (Solicitud de Informe de Empresa Portuaria San Antonio sobre Licitación del Terminal Mar del Puerto Exterior de San Antonio).
En el sector eléctrico, el abogado representó a la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento A.G. en el procedimiento de recomendación normativa iniciado por Celeo Redes Chile Ltda. sobre restricciones a la integración vertical en servicios de energía eléctrica (ERN-24-2018).
En cuanto a sus opiniones sobre materias de competencia, Barahona se ha referido al proyecto de ley anti-colusión presentado por el ejecutivo en marzo de este año. En lo relativo a las nuevas atribuciones investigativas que el proyecto otorga a la FNE para la persecución de carteles, ha manifestado que antes que tener más facultades, la FNE debería mejorar la eficiencia en los procesos que ya tiene. Para esto, señala, hay elementos de gestión interna que podrían ayudar como interactuar más con las empresas para aclarar los requerimientos de información o usar datos ya recolectados en casos anteriores.
En relación a los cuestionamientos que han surgido a partir del mismo proyecto respecto a la posibilidad de que la acción penal para casos de colusión sea trasladada desde la FNE hacia el Ministerio Público, Barahona ha respaldado públicamente que se mantenga la acción penal exclusiva en manos del organismo administrativo. En esa línea, ha defendido la labor de la FNE para resguardar efectivamente la confidencialidad de sus investigaciones, en tanto “los estándares de la FNE todo el mundo sabe que son altos y existen murallas chinas que funcionan”, y, ha señalado que “a nivel internacional la única forma de que la delación compensada prospere implica un alto grado de deferencia del Ministerio Público con la acción de la agencia de competencia. Si no hay coordinación institucional no hay efectividad”.
Este tema ya lo había abordado el abogado cuando recién se discutía la reforma del año 2016 a nuestra ley de competencia. En ese momento, Barahona señaló que “si bien la FNE ha logrado en parte aplacar ante el Congreso los efectos negativos de la criminalización que pudieran perjudicar el programa de delación compensada, no se puede perder de vista que la señal que se espera es la debida coordinación con el Ministerio Público”. En dicho contexto, además abogó por la necesidad de que la FNE revise su Guía de Programas de Cumplimiento del año 2012, haciendo énfasis en la necesidad de incluir un reconocimiento a la importancia del secreto profesional del abogado en las labores que desarrolla para una empresa como asesor externo.
El nuevo ministro también ha manifestado su preocupación frente a los desafíos para el derecho de competencia por el fortalecimiento de los mercados digitales. En relación a la reciente aprobada fusión entre Uber y Cornershop, y en sintonía con la decisión final de la FNE, el abogado sostuvo en su momento que “no arrojaría mayores complicaciones por el resto de las innovaciones que se están creando. El mercado es bastante dinámico, compiten entre ellos. Hay medios para poder hacerle frente creando nuevas aplicaciones que sean similares”.
En cuanto a sus publicaciones, su tema más recurrente ha sido, sin duda, la aplicación de la herramienta de delación compensada. En un paper del año 2016, Barahona se refirió al conflicto que suscitó la solicitud que hizo ese mismo año el Ministerio Público, para acceder a la información confidencial contenida en la delación compensada presentada en el conocido Caso Tissue, con el fin de llevar adelante una acción penal. En el documento, destacó la labor del TDLC y la FNE para resguardar la figura de la delación ante el Tribunal Constitucional, lo que finalmente permitió denegar la solicitud del persecutor penal.
Asimismo, en dos artículos publicados por el sitio Competition Policy International en abril y julio del año 2018, Barahona junto a los abogados Carlos Mena-Labarthe (México), Vinicius Marques de Carvalho (Brasil) y Eduardo Frade (Brasil) criticaron la propuesta del Consejo Andino para la Competencia (CAN) para multar a empresas involucradas en el cartel de papel tissue detectado por las autoridades de competencia colombiana y ecuatoriana en base a una solicitud de clemencia, por poner en riesgo la eficacia de la delación en toda Latinoamérica.
En relación también a la herramienta de delación compensada, Barahona se ha referido públicamente a la sentencia de la Corte Suprema que revocó el beneficio de la delación a CMPC otorgado por el TDLC (Caso Tissue) el año pasado. Según el nuevo ministro, aunque el beneficio no debió ser revocado por la Corte, ”[e]l sistema como vemos en las últimas acciones de la FNE sigue funcionando, pero se tendrá que revisar el nuevo estándar aquí aplicado de la coacción económica a una empresa”.
Por su parte, Ricardo Paredes es economista de la Universidad de Chile, Master y PhD en Economía de la Universidad de California, UCLA, donde se especializó en organización industrial, economía laboral y microeconomía aplicada.
Al igual que Barahona, Paredes también tiene experiencia en el sector público de libre competencia, ya que fue miembro de la extinta Comisión Preventiva Central entre los años 1985 a 1987, y 1990 a 1992.
Desde sus inicios, su carrera ha estado inclinada hacia el ámbito académico. Paredes ha sido profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde fue decano entre 1998 y 2002. Posteriormente se incorporó al Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y desde enero de 2015 hasta la actualidad ha sido el Rector del Duoc UC.
Adicionalmente, ha ejercido como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial y ha asesorado a variados gobiernos en Latinoamérica en materias económicas. En Chile también trabajó en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Ministerio de Obras Públicas y la Comisión Nacional de Energía.
En cuanto a sus publicaciones, en su carrera se ha centrado fundamentalmente en los temas de economía aplicada y políticas públicas, particularmente en el área educacional y regulatoria. En materia de competencia, cuenta con publicaciones relativas al funcionamiento de las extintas comisiones antimonopolios en Chile. En 1993, publicó un paper en el Centro de Estudios Públicos (CEP), en que analizó la jurisprudencia de las comisiones antimonopolio desde sus inicios hasta 1993 y, en el año 2001, colaboró con un trabajo sobre los desafíos y propuestas de modificación a dicha institucionalidad publicado en el libro ¿Que Hacer Ahora? Propuestas Para El Desarrollo, también del CEP.
Además, ha profundizado en materias relacionadas con mercados regulados, como telecomunicaciones (sobre sistemas de asignación del espectro radioeléctrico), energía y combustibles.
Según señala en su página web, Paredes también ha prestado variadas asesorías en materia de competencia y regulación, por ejemplo, en el contexto de la fusión entre SMU y Supermercados del Sur, con el diseño de licitaciones a las empresas Portuaria de Chacabuco y Portuaria de Valparaíso, con el diseño de una política de prevención de conductas anticompetitivas para Cencosud y en el contexto del Requerimiento de la FNE contra las agencias de viaje Abercrombie y otras por colusión (Caso Explora).
Asimismo, ha sido reconocido por rankings internacionales como Who’s Who legal, como uno de los economistas más importantes en el área de competencia.
Más recientemente, en una entrevista con la Radio Infinita en marzo de este año, Paredes se refirió a las fusiones que se dan en el contexto de mercados innovadores. En relación a la fusión entre Uber y Cornershop (no aprobada en ese entonces), el economista destacó que este tipo de monopolios podrían durar poco hasta que existe otra innovación que los desplaza, por lo que, el paradigma de revisión de las autoridades de competencia sobre estas operaciones debería ser cauteloso con reducir los incentivos a la innovación.
Nota de prensa – TDLC. Ver aquí
Decreto de nombramiento – Ministerio de Economía. Ver aquí
