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En la mayoría de las ocasiones, la política regulatoria se enfoca en los problemas en los mercados insertos en el mundo privado: La competencia entre farmacias, supermercados, aerolíneas, entre otras. Muchas veces, dicha política deja de lado el mercado de las licitaciones públicas. Si bien los entes reguladores en Latinoamérica muchas veces realizan informes respecto de la competitividad del sistema, las políticas quedan reducidas a: (i) poner límites en los términos de la licitación; y, (ii) analizar el número de entrantes y competidores en cada licitación. Esto puede implicar que el único sistema de detección de una posible colusión que se maneja en la política real es el número de participantes (nuevos e incumbentes) en una determinada licitación. Esto, porque la intuición normalmente usada (y correcta en la evidencia, por lo demás) es que, a menor número de competidores, mayor el riesgo de colusión (Tirole, 1988).
«De esta manera, más que pensar en políticas permanentes en este minuto, podemos actualmente pensar en los resultados de la literatura como potenciales componentes centrales para la elaboración de guías de competencia en licitaciones«
Esto no quiere decir que la causa particular de la falta de instrumentos de detección sean los reguladores. Los avances en técnicas de detección en licitaciones públicas son recientes. En la literatura, parte importante del análisis temprano se fundamentó en explicar formalmente el comportamiento de carteles ya conocidos (Porter y Zona, 1993 y 1999; Pesendorfer 2000; Asker 2010). Hendricks y Porter (1988) fueron pioneros en proponer ideas de cómo detectar colusión antes de conocer la identidad de los participantes de la licitación. La idea de este estudio es que las firmas coludidas tienen distinta información de cómo los miembros del cartel van a participar en la licitación, pues están coordinados. Así, el conjunto de firmas coludidas tendrá cierto comportamiento racional que es detectable, pues las firmas coludidas actuarán para competir en conjunto en contra del conjunto de firmas no-coludidas.
Esta intuición inspiró una literatura basada en crear pruebas o “tests” de colusión en licitaciones, pensando en los distintos conjuntos de información que tendrían los carteles al coludirse. Un artículo interesante en esta línea, relevante para política pública, es el de Chassang y Ortner (2019), quienes usaron datos japoneses para probar un resultado contraintuitivo: Establecer precios mínimos para participar en las licitaciones reduciría la probabilidad de colusión. Esto sería cierto debido a que los precios mínimos reducen los efectos de caer en una guerra de precios, por lo que un conjunto de firmas coludidas obtendría menores ganancias de coordinarse, ya que se debe pagar un presupuesto mínimo de todas maneras.
En licitaciones de larga escala y repetidas en el tiempo, dos artículos recientes de Chassang et. al. (2022) y Kawai y Nakabayashi (2022), que también utilizaron datos japoneses, observaron patrones en los precios propuestos por carteles. En particular, si hay una firma en el cartel que está designada —por el cartel, en general por su tamaño o costos— a ganar la licitación, será racional para el cartel que dicha firma gane las licitaciones siguientes. En paralelo, el resto de las firmas del cartel mostrarán un patrón de precios postulados o propuestos más bien aleatorio, alejado de lo que se esperaría de un ambiente competitivo. En palabras más simples, dichas firmas no participarán de las licitaciones siguientes de forma más agresiva o “jugando para ganar”, pues arriesgarían las ganancias del cartel.
Estas intuiciones de la literatura reciente, si bien valiosas, aún están en estudio: A pesar de que las intuiciones económicas son transparentes, los requerimientos de datos y técnicas estadísticas para analizar las distribuciones de precios o presupuestos propuestos por participantes en licitaciones públicas son no-triviales. Además, la evidencia empírica siempre depende del contexto que se estudia (por ejemplo, Japón, siguiendo los últimos tres artículos comentados anteriormente). De esta manera, más que pensar en políticas permanentes en este minuto, podemos actualmente pensar en los resultados de la literatura como potenciales componentes centrales para la elaboración de guías de competencia en licitaciones. Esto permitiría que los entes reguladores de los países estén observando activamente los patrones de comportamiento de las firmas participantes en licitaciones, y que estos sirvan como precedente para iniciar causas si se sospechara de comportamientos consistentes con colusión.
